La más contundente conclusión que he extraído del fallo condenatorio al fiscal general del Estado es que el periodismo español está sediento de que le hagan más casito. Me da ternura ahora observar a tantos opinadores y exégetas mediáticos proclamando que habían predicho el aquelarre del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz. Sería en su sofá. Solo los heraldos de la prensa del régimen auguraban guillotina al fiscal, pero era más por querencia inquisitorial que por evidencia jurídica. Y por el dinero público con que Isabel Díaz Ayuso los subvenciona, que tampoco es baladí.

La evolución de este juicio, con más antipruebas que pruebas, con más sospechosos en el tribunal que en los banquillos, ha dejado a los periodistas de izquierda moderada un poco descolocados. Por eso ahora van presumiendo por ahí de haber profetizado la impredecible condena. 

Cuando afirmo que había más sospechosos en el tribunal que en los banquillos me remito a suposiciones y casualidades indiciarias, imitando el método deductivo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que aportó las irrefutables pruebas imaginarias que cavaron la tumba del fiscal general. 

Por suposiciones y casualidades indiciarias, en plan Tribunal Supremo, yo podría asegurar aquí –y conste que no lo hago-- que el juez Manuel Marchena es un peón de la internacional ultraderechista de la que forman parte PP y Vox para desestabilizar democracias e instalar el neofascismo. 

Casualidades indiciarias para apuntalar mi disparatado aserto, en plan TS/UCO, no me faltan: en 2018, en un chat compartido por 146 senadores del PP, se hablaba de que gracias a Marchena el PP controlaría "por la puerta de atrás" la sala segunda del TS, la que se encarga de casos de corrupción política y tiene entre sus más distinguidos imputados a miles de cargos populares. En mi pueblo se llamaría mafia y golpe de Estado a aquel comadreo conspirador entre el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo y 146 senadores del PP, pero esto es un periódico y tenemos que ser más serios que los impunes jueces a la hora de valorar suposiciones y casualidades ocasionales, azarosas e indiciarias. Los periodistas no podemos permitirnos esa ilibertaria alucinación de cimentar nuestros reportajes condenatorios en galopadas de unicornio, como han hecho la UCO y el TS. Intentamos ser un poco más objetivos, dentro de nuestras posibilidades.

Otra de las magistradas que firmará la condena contra el fiscal general es Carmen Lamela, jueza que durante dos años mantuvo en la cárcel al ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell sin prueba alguna. Si yo fuera agente de la UCO o magistrado del Tribunal Supremo, podría inferir que la togada Lamela formó parte del entramado policial, político, jurídico, mediático y patriótico que atentó contra la democracia espiando, difamando y procesando con pruebas falsas a rivales políticos catalanes y podemitas. Pero no me cansaré de repetir que, al contrario que los jueces del Tribunal Supremo y los agentes de la Guardia Civil, los periodistas nos sentimos en la obligación –quizá por algún trauma predemocrático-- de desdeñar los indicios y los rumores, y no dictar sentencia informativa hasta convertirlos en evidencias y datos. Por eso no llamamos golpistas a Marchena ni a Lamela solo por indicios, suposiciones y esotéricas cábalas. Aunque lo parezcan. 

Los jueces del caso fiscal general cargaban un pasado y un presente más sospechoso que el reo. Indiciariamente, parecen más delincuentes los juzgadores que el condenado. Pero no lo puedo asegurar porque, al contrario que el Tribunal Supremo, soy un simple periodista y no me puedo basar solo en indicios e imaginaciones.