Opinión
Interferencias judiciales en tiempos electorales

Por José Antonio Martín Pallín
Abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo
El fenómeno no es nuevo. Se pueden encontrar antecedentes en anteriores elecciones. Rompe con una tradición que la Sala Segunda del Tribunal Supremo había instaurado de manera informal para no interferirse, salvo casos de urgente necesidad, en el debate político que suscita inevitablemente la convocatoria de unas elecciones. Es cierto que nunca se plasmó en una norma, ni siquiera se debatió en un pleno no jurisdiccional. La costumbre nació de unas conversaciones previas que suscitaron el consenso mayoritario. Era aconsejable prescindir de la práctica de diligencias judiciales que en nada alteraban la tramitación ordinaria de una causa penal. Se transmitía un mensaje de neutralidad y objetividad que reforzaba la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Lamentablemente los buenos hábitos se han perdido y nos encontramos, en el momento presente, con numerosas actuaciones judiciales, algunas muy próximas al día de la apertura de los colegios electorales. Los eventos judiciales anunciados para los días previos al 29N son unidireccionales. Es decir, afectan a casos relacionados con el PSOE o de manera directa o indirectamente contra el Gobierno, actualmente en funciones.
El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que mantiene abierta una investigación sobre las cuentas del PSOE, en la que existe una pieza secreta, envió, el pasado día 12, a unos agentes de la UCO al Tribunal de Cuentas para buscar información sobre los movimientos contables del Partido Socialista. ¿Era necesario? ¿Valoró si su decisión cuestionaba la credibilidad de una institución constitucional a la que colocaba ante la opinión pública como sospechosa de corrupción y complicidad?
La jueza María Tardón, también de la Audiencia Nacional, ha decidido que el ancestral litigio sobre la soberanía de las plazas, hoy Ciudades autónomas, de Ceuta y Melilla, que ha desembocado en la invasión de Ceuta por una masa humana que fija en 85.000 personas, se puede considerar como delito contra la paz y la independencia del Estado que, en último término, solo puede cometer el presidente del Gobierno. Sin motivo que lo justifique había citado para el día 18 como imputado al delegado del Gobierno en Ceuta. En principio la defensa de los funcionarios y altos cargos corresponde al Abogado del Estado, pero en este caso era incompatible porque ejercía también la acusación. Se tuvo que confiar la defensa a un letrado de libre designación que, como es lógico, solicitó un tiempo para estudiar el caso. Hubiera resultado escandaloso fijar la fecha dos o tres días antes de la cita electoral. En consecuencia, la pospuso al día 30 de noviembre, en plena resaca electoral, pero finalmente se ha señalado para el día 1 de diciembre. Espero que no estemos inmersos en una refriega por denuncia de fraude electoral por parte de las derechas extremas.
Por su parte el juez Calama que investiga al expresidente Rodríguez Zapatero, por el préstamo a la Compañía aérea Plus Ultra y otras actividades que considera delictivas, ha citado a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen como testigo el próximo día 23, junto con altos cargos de Patrimonio Nacional, Hacienda, la SEPI, Industria, Transición Ecológica, Transportes y Correos. Todo un festival institucional. La vicepresidenta formaba parte del Consejo de la SEPI que dio el visto bueno a la operación, junto con otras compañías aéreas.
El juez Santiago Pedraz ha citado para el 24 de noviembre a Cintia Rocho que, al parecer, forma parte de un clan relacionado con la droga para declarar sobre un plan para eliminar a la jueza de Badajoz que llevaba el caso del hermano del presidente del Gobierno. Salvo que se trate de un delirio mental de Leire Diez no me parece, a primera vista, que existan pruebas que acrediten tan descabellada iniciativa.
El Tribunal de Cuentas ha abierto, hace unas horas, un expediente de investigación ante las denuncias de los sempiternos "acusadores populares" (conocidos en la antigua Grecia como sicofantes) para comprobar si al hermano del Presidente del Gobierno se le habían pagado actividades que no había realizado. Por cierto, que esta vía les fue sugerida de forma directa por los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que habían dictado la sentencia condenatoria que está pendiente de recurso.
Es evidente que nos encontramos ante actuaciones judiciales que podían posponerse sin riesgo alguno para la investigación. Un observador neutral puede llegar a la conclusión de que los requerimientos judiciales pueden comprometer la imagen de la imparcialidad, objetividad y ecuanimidad que debe trasmitir un juez o jueza en el ejercicio de sus funciones.
En todo caso estas decisiones judiciales, en plena campaña electoral, se deben motivar y explicar a la opinión pública. La motivación es un imperativo constitucional que con frecuencia se soslaya. Se pone el énfasis en la independencia, que está garantizada, y se olvida el valor crucial de la imparcialidad y la razonabilidad.
Existen unas reglas de conducta nacionales e internacionales que marcan las pautas del comportamiento jurisdiccional, político y ciudadano que deben observar las personas que ejercen un poder político del Estado como el Poder Judicial. Se acuñaron en el año 2001 en Bangalore (India) y han sido asumidas por las Naciones Unidas e incorporadas por España a través del Consejo General del Poder Judicial que las ha plasmado en un Código Ético.
En este texto se recuerda que los miembros de la judicatura han de comportarse y ejercer sus derechos de forma que no comprometan o perjudiquen la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial. La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia.
Insistiendo sobre la necesidad de explicar aquellas resoluciones que tienen un fuerte impacto político o social. El Código ético recuerda que, en sus relaciones con los medios de comunicación pueden y deben desempeñar una valiosa función pedagógica y de transparencia sobre las razones que los han llevado a la adopción de una determinada medida que puede tener impacto sobre la vida política.
De aquí al momento en que este artículo sea publicado y sin duda hasta el día de las elecciones es posible que surjan nuevas iniciativas judiciales que se interfieran de modo deliberado en el debate electoral. Creo que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento del Código Ético, podía pronunciarse sobre estas prácticas que comprometen la credibilidad y la confianza de la sociedad en la imparcialidad que es un complemento inseparable de la legitimidad del Poder Judicial.
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