En el aire flota el aroma de las pequeñas victorias. Resulta que Sidenor, multinacional con sede vasca, dejará de vender acero a Israel en medio de las presiones populares. La compañía apela a la doctrina del Gobierno español, que en abril rescindió los contratos de importación con IMI Systems. No obstante, es difícil subestimar la intervención de los movimientos sociales. El otro día, BDS Bizkaia compareció en Bilbao junto a la mayoría sindical vasca para denunciar el envío de un buque cargado de acero desde Barcelona hasta el puerto de Haifa. La Comunitat Palestina de Catalunya, por su parte, quiere llevar a Sidenor ante los tribunales por un posible delito de contrabando.

La cosa viene de lejos. En un reportaje difundido el pasado mes de junio, el diario irlandés The Ditch revelaba que Sidenor ha despachado 1.207 toneladas de acero a IMI Systems desde agosto de 2024. La red de solidaridad con Palestina encendió todas sus alarmas. Hasta hoy. No es la primera vez que el periodismo de investigación, en fluida alianza con la campaña BDS y los sindicatos, interrumpe el flujo de material bélico hacia los centros de producción de muerte. En los últimos meses, alertados por las publicaciones del periódico Disclose, los estibadores organizados alrededor de CGT han entorpecido la carga y descarga de armas israelíes en puertos franceses.

El caso es que las bases catalanas de apoyo a Palestina sospechan que el envío de acero vasco a Haifa ha sido aplazado hasta el 15 de julio. ERC, Comuns y CUP reclaman a la Generalitat que impida el tránsito de armas por Barcelona tal y como ha solicitado el propio Ayuntamiento a la Autoritat Portuària. Aún hoy reina la opacidad, cuando no la confusión, con respecto a la compraventa de material de guerra. Los gobiernos dicen y desdicen mientras la prensa divulga informaciones que ponen en cuarentena las grandes declaraciones oficiales. Por eso la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina pide a Sidenor que cumpla su palabra. Y a Sánchez, que decrete por fin un embargo de armas a Israel.

Que las suspicacias, sin embargo, no impidan celebrar el mérito de este discreto triunfo. Sidenor ha querido restar importancia a su decisión y argumenta que las exportaciones a Israel representan apenas un 0,5% de su facturación. Pero en el fondo sabemos que estamos hablando de mucha pasta. Nadie renunciaría a una tajada de ese calibre si no fuera porque podría salirle caro a la larga. El valor de esta noticia, de hecho, radica más bien en su potencial contagioso. Los medios ya especulan con la eventualidad de que el efecto dominó arrastre a otras empresas y ponen la pelota, por ejemplo, sobre el tejado de otra firma vasca como CAF.

La Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, ha emitido un informe que reprueba el papel de las transnacionales en la "economía del genocidio". En el menú aparece el fondo buitre BlackRock como inversora de cabecera de las Fuerzas de Defensa de Israel junto a Vanguard. Que los padrinos económicos de la guerra adquieran al mismo tiempo participaciones en grupos de prensa nos ayuda a entender mejor los discursos justificativos que pueblan el debate público. En la nómina de colaboracionistas aparecen con letra negrita los gigantes tecnológicos junto a los ramos de la automoción, la energía o el turismo. Están IBM, Amazon, Google, Hyundai, Volvo, BP, Chevron, Booking y Airbnb.

El informe de Albanese apunta a las marcas que han consolidado la colonización y la segregación de la población palestina. "La empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se unió a un consorcio con una compañía incluida en la base de datos de la ACNUDH para mantener y expandir la Línea Roja del tren ligero de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde en el momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional". El pasado mes de junio, asociaciones de todo el mundo apelaban a la Corte Internacional de Justicia en un comunicado dirigido a CAF: "Sus directivos deben saber que se enfrentan a posibles responsabilidades penales".

Poner nombre a los artífices del apartheid es un deber cívico ante la oleada mundial de represalias y censura contra la solidaridad palestina. El otro día, en pleno debate en torno a la cancelación de un documental sobre Gaza, la televisión pública británica decidió no retransmitir la actuación de Kneecap en el Festival de Glastonbury para no hacerse eco de sus mensajes políticos. Fue peor el remedio que la enfermedad. Los raperos de Bob Vylan deleitaron al respetable con gritos contra la IDF y un mensaje estampado en el fondo del escenario: "La ONU lo llama genocidio. La BBC lo llama conflicto".

Es cierto que la respuesta represiva ha sido inmediata. La BBC ha pedido disculpas, la Policía británica ha abierto una investigación y el primer ministro Keir Starmer ha hecho unas declaraciones de condena con la contundencia que nunca demostró frente a las masacres de Gaza. EEUU ha revocado las visas a Bob Vylan mientras Mo Chara, miembro de Kneecap, sigue pendiente de juicio por unas acusaciones delirantes de terrorismo. Todo esto ocurre, no lo olvidemos, mientras los aliados de Israel ningunean a la Corte Penal Internacional y se muestran dispuestos a ignorar la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu.

El panorama puede parecer desolador pero es un síntoma elocuente de una mutación en la conciencia colectiva. Israel y sus consortes han perdido la capacidad de imponer su narración por la vía de la propaganda y necesitan recurrir a la fuerza. Lo explicaba el otro día Miquel Ramos en estas páginas: en medio de una matanza clamorosa que ya nadie tiene el valor de negar, cada golpe sionista regresa como un bumerán en forma de nuevas voces, nuevos compromisos, nuevas protestas. Sidenor ha renunciado a su bocado comercial porque entiende que el negocio ya no le compensa. El descontento llama ahora a las puertas de CAF. Que la complicidad no les valga la pena.