'Lawfare': cuando el Estado se "defiende" del Gobierno

En estos momentos de efervescencia futbolística, a las puertas de una final de un Mundial que puede llevar al equipo español, de nuevo, a tocar el cielo, vale la pena recuperar el famoso aforismo No hay mejor defensa que un buen ataque. Aunque en incontables ocasiones se relaciona esta sentencia con el balompié, su recorrido es mucho mayor, y podemos rebuscar su origen en el pasado bélico. 

A pesar de que no existe alguien al que se le pueda otorgar la autoría de la frase, muchas veces se la relaciona con la práctica bélica de Napoleón Bonaparte o, mucho más allá en el tiempo, con Sun Tzu, general y filósofo chino de los siglos VI y V a.C. Meter más goles, es, sin duda, una buena estrategia para llevarse el partido; ganar muchas plazas y batallas, en la guerra, es sinónimo de acercarse a la victoria final. 

"El Estado se defiende incluso del Gobierno de España". Esta enigmática frase la pronunció Ester Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, en su cara a cara con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la sesión de control del pasado 17 de junio. ¿Defensa o ataque? Muñoz se refería a las actuaciones judiciales desarrolladas en los distintos casos que afectan al PSOE. De hecho, la frase más completa sería: "Sánchez creyó que podía someter al Estado, pero el Estado se defiende incluso del Gobierno de España. Por eso la cloaca no ha funcionado". 

Un Estado defendiéndose del Gobierno. Si analizamos la frase, intuimos que detrás de este escueto grupo de palabras la portavoz popular dice muchas cosas. El Estado, es decir, las instituciones que componen el poder público, se defiende del Gobierno, una de estas instituciones, la cual ha sido elegida por el Poder Legislativo, las Cortes Generales, que, a su vez, sus representantes son escogidos por el sufragio universal por la ciudadanía. ¿El Estado (judicatura, cuerpos policiales, etc.) se está defendiendo de una decisión democrática de la ciudadanía (el Gobierno)?

Leyendo la actualidad judicial, cuesta mucho creer que el Gobierno esté atacando al Estado y que sea este el que tiene que defenderse y no al revés. Este jueves, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la UE avalaba, en dos sentencias, la ley de amnistía. Después de toda la movilización durante años de la derecha mediática, política y judicial, un tribunal internacional no solo afirma que la ley es acorde al derecho comunitario, sino también que es una norma que ayuda a relajar las tensiones institucionales y políticas y facilita la reconciliación. 

El mismo día que se conocía el fallo europeo, la Audiencia Provincial de Madrid aceptaba que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, será juzgada por un jurado popular, ante quien se tendrá que defender de la acusación de dos delitos: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La Audiencia retiraba, por el contrario, las disparatadas medidas cautelares impuestas a Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, como la confiscación del pasaporte, así como la acusación por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. A muchos medios conservadores les sirvió esta noticia para abrir, relegando a un segundo plano la histórica decisión del TJUE sobre la amnistía.    

Podemos defnir el lawfare como el uso estratégico de la Justicia con fines políticos, mediante investigaciones que buscan erosionar a un adversario. Los medios desempeñan un papel clave en este proceso, al amplificar las filtraciones y dar una cobertura continuada, gota a gota, que instala una narrativa de sospecha y genera un juicio paralelo, contribuyendo al desgaste político antes de que exista una resolución firme. Lo que importa no son las pruebas, sino los relatos.

De este modo, el caso de Gómez respondería a este patrón. Una denuncia inicial de Manos Limpias, basada en recortes de prensa, dio lugar a una instrucción prolongada, desarrollada por el juez Peinado, acompañada de filtraciones y una intensa cobertura mediática que mantienen el caso en el centro del debate público y provocan desgaste político al Gobierno progresista. Las decisiones de Peinado han sido controvertidas y espectaculares, alimentando el fango. Que el juicio se desarrolle mediante un jurado popular aumenta todavía más su espectacularidad. 

Este martes, además, se conocía la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Si hacemos un repaso por este famoso caso, podemos concluir también una lectura similar. La contratación de Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz fue denunciada también por Manos Limpias. La instrucción, las sucesivas informaciones sobre el procedimiento, el propio juicio y su amplia repercusión pública han situado el foco sobre el hermano del presidente y, por extensión, sobre el mismo Gobierno. Pese a que no existen pruebas concluyentes, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para el empleo público y para el sufragio pasivo. Además, la instrucción ha logrado su objetivo: el desgaste político y mediático antes de una resolución firme y con independencia del desenlace del proceso, pues el hermano del presidente recurrirá esta sentencia a instancias superiores.

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El caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, otro claro ejemplo de lawfare. La investigación y la intensa cobertura mediática provocaron un elevado coste institucional y político mucho antes del fallo judicial. De especial gravedad fue el registro del despacho del fiscal general por la UCO, un hecho sin precedentes en la democracia española y una muestra de la escalada del conflicto entre instituciones. Aunque el Supremo condenó a García Ortiz el 20N del 2025 por mayoría (cinco magistrados frente a dos) a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y una multa por un delito de revelación de secretos, destacan los dos votos particulares favorables a la absolución, los cuales sostienen que la condena se apoyó en una valoración indiciaria, sin una prueba directa concluyente de que fuera él quien filtró la información. El daño está hecho, Ortiz dimitió de su cargo al frente de la Fiscalía y ha presentado recurso de amparo ante el Constitucional.

Antes de estos casos, en la izquierda alternativa se ensayó el lawfare en procesos muy crueles. Durante los dos mandatos de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, ella y su equipo recibieron hasta 22 denuncias o querellas, lo que supuso un hervidero de noticias en medios y tertulias. Las denuncias han sido archivadas ya. Más sangrante todavía es el caso de Mónica Oltra, la investigación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido provocó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat valenciana en 2022 y su salida de la primera línea política, pese a que tanto el juez instructor como la Fiscalía llegaron a concluir que no existían indicios de delito y la causa fue archivada en varias ocasiones. A pesar de ello, sucesivos recursos de las acusaciones populares llevaron a su reapertura y actualmente se encuentra pendiente de juicio oral, lo que podría acarrear una eventual inhabilitación si fuera condenada, lo que sería incompatible con su candidatura a la alcaldía de València. Aquí también, el daño político y reputacional se consumó mucho antes de que exista una sentencia.

Desde esta misma perspectiva, Podemos y la izquierda abertzale constituyen dos de los ejemplos más citados de lawfare en España. Podemos y sus principales dirigentes fueron objeto de más de una veintena de querellas e investigaciones, como los casos Neurona, Caja de Solidaridad, Dina o las acusaciones sobre financiación irregular, que generaron años de intensa cobertura mediática y desgaste político y que hoy se encuentran archivadas o concluidas sin condenas contra el partido. 

En el caso de la izquierda abertzale, destaca especialmente la trayectoria judicial contra Arnaldo Otegi, cuya condena en el caso Bateragune fue posteriormente cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declaró vulnerado su derecho a un tribunal imparcial. No hablemos de la ejemplarizante condena que recibieron los dirigentes del independentismo catalán en el juicio contra el Procés del Supremo y de la odiosa comparación con el trato recibido por parte de los políticos exiliados, que no han pisado la cárcel ni han sido extraditados a España desde diferentes países europeos, y los que se quedaron en territorio español, condenados a prisión. 

Vistos todos estos casos, cuesta comprender lo de de Ester Muñoz y "el Estado defendiéndose del Gobierno". Quizás sea verdad que la mejor defensa es un buen ataque, pues todo suena, más bien, a "el Estado atacando al Gobierno". Una afirmación, por cierto, que va mucho más en consonancia con la llamada a filas en noviembre de 2023 del expresidente del PP José María Aznar contra el Gobierno progresista: "El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva". Como diría Mariano Rajoy, en España hay mucho españoles y muy españoles haciendo cosas.