El 'lawfare' siempre llama dos veces

Pese a la aparente complejidad del entramado institucional, político y policial para acabar con el independentismo, primero, y con Podemos, años más tarde y en otra operación similar, lo cierto es que la estructura de las cloacas de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en complicidad armónica con periodistas y medios conservadores, han sido muy burdas. Lo que sí tenemos claro ya -con indicios abrumadores y sonrojantes- es que, con las informaciones desveladas esta semana por La Vanguardia y El Diario.es en una investigación conjunta, el círculo sobre el lawfare denunciado por Junts y ERC antes y durante el procés se va cerrando y estaban implicados desde el presidente Rajoy hasta la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pasando por el ejecutor, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su policía corrupta, y unos tribunales que han hecho prácticamente nada teniendo en cuenta la magnitud del escándalo: desde el GAL de los gobiernos socialistas no existe un caso de mayor corrupción institucional que las cloacas de Interior del Gobierno Rajoy. No hay democracia que pueda soportar esto sin que se depuren responsabilidades; y éstas no consisten en juzgar levemente una parte del brutal entramado corrupto (operación Kitchen) y echar la tierra del olvido sobre todo lo demás.

Gracias a todo el material periodístico publicado hasta ahora con grandes esfuerzos y muchos palos en las ruedas -de estas cloacas, Público sabe un rato-, para desentrañar esta operación antidemocrática y criminal, no nos van a hacer falta ni las comisiones de investigación exigidas por los independentistas catalanes en el Congreso. Mucho menos, unos tribunales que han cogido con enorme desidida e indiferencia las denuncias contra estas cloacas policiales, mediáticas y gubernamentales: primero, investigando con la nariz tapada la destrucción de pruebas judiciales sobre la corrupción del PP en el caso Kitchen y segundo, sin consecuencias para los creadores y difundidores de informes y cuentas falsas creadas en las cuevas policiales y publicadas a todo trapo y portada en la prensa nacional y adjudicadas a dirigentes independentistas como Xavier Trias, Artur Mas o Jordi Pujol.

¿Qué responsabilidades políticas y judiciales se han asumido desde 2012, que comenzó la operación ilegal y anti-independentista desde las cloacas del Estado cuyo Poder Ejecutivo (y Judicial) ostentaba el PP? Siguen abiertas, como decimos, la operación Kitchen -donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón hace malabares para alejar cualquier implicación de Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, y a Cospedal, ministra de Defensa y número dos del PP- y en Andorra -ni siquiera en España-, donde la Justicia de ese país investiga a Rajoy; el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al de Hacienda, Cristóbal Montoro, a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.

El Ministerio de Hacienda también aparece, por tanto, como parte decisiva del entramado parapolicial e institucional corrupto como filtrador de datos fiscales de políticos independentistas o sus familiares para que la policía elaborase los informes. Se realizaban investigaciones prospectivas a sujetos previamente señalados por su ideología independentista catalana y, aunque algunos datos eran ciertos, si no se encontraba nada con lo que embarrar a la opinión pública siquiera, se los inventaban, como en el caso de las cuentas en Suiza de Trias o Mas. Los informes se judicializaban ("La Fiscalía te lo afina") e iban a los medios de comunicación afines, que los publicaban a toda plana montando un escándalo ficticio.

Las cloacas funcionaron a todo gas, con informaciones que llegaban a La Moncloa, a Rajoy ("El presidente del Gobierno lo sabe"), a través de escoltas y en austeros sobres cerrados, blancos y sin letra alguna, según las informaciones publicadas esta semana. Para todo aquello que el PP pudiera necesitar en su operación para destruir al independentismo catalán, tenía al Gobierno presidido por Mariano Rajoy a su disposición; lo que fuera, empleando los recursos públicos sin límites (policías, fondos reservados, la Agencia Tributaria, el erario ...). El modus operandi se repitió con Podemos después, llegando a simultanearse las operaciones Cataluña y contra el partido de Pablo Iglesias, capitaneadas por Villarejo, aunque no siempre, según ha contado él mismo. Años y años de corrupción institucional al más alto nivel, totalitaria, criminal, de lawfare y rapiña antidemocrática no han sido esclarecidos ni juzgados; no se han asumido responsabilidades. Por eso vuelve. Y llamara más veces y con aun más datos escandalosos.

Si España cierra este capítulo también sin consecuencias apenas-como ocurre con los asuntos que siguen como materia reservada, sean el golpe de Estado o los GAL; como los del reinado de Juan Carlos I-, de poco servirá que algunas y algunos periodistas sigamos haciendo nuestro trabajo; porque la democracia no son compartimentos estancos, donde unos responden y otros, no. Aquí nos hemos comprometido todas.