Lesmes, Cosidó, Marchena y el poder absoluto

El Partido Popular y sus extensiones de Vox y Ciudadanos, a los que sigue envolviendo en caluroso unionismo la bandera de la madrileña Plaza de Colón, no admiten más gobierno que el suyo. No se engañen, tampoco aceptan el gobierno de los jueces, pero lo disimulan poniendo las togas de parapeto contra el Ejecutivo de turno, ahora de coalición PSOE y Unidas Podemos, pero hasta ahora, del PSOE siempre que no era del PP.

Las togas-parapeto tampoco les son ajenas. Cuando fue relevada de la portavocía del PP en el Congreso el pasado septiembre, Cayetana Álvarez de Toledo advertía de que “la justicia es el último dique de contención que tiene la democracia en este pacto de Sánchez con Podemos”; y quien dice con Podemos, dice con ERC y Bildu. Efectivamente, el PP nunca deja pasar la oportunidad de ir a los tribunales para aplastar decisiones políticas del mandatario/a de turno, aunque se les puedan volver en contra, como ha ocurrido con el alcalde José Luis Martínez Almeida y el Madrid Central de Manuela Carmena. Para la (ultra)derecha no existe la política, salvo cuando se trata de justificar lo suyo si están al frente de los únicos gobiernos legítimos: los del PP. Para sus corruptos/as o cloaqueros, por ejemplo, no existen las responsabilidades políticas, solo las judiciales; por eso en ese partido no dimite ni un dios hasta que el caso apesta en los juzgados.

El Poder Judicial es la gran herramienta de control del PP, aun cuando han tenido la mayoría absoluta en las Cortes Generales. Así lo tienen bloqueado desde diciembre de 2018, con un presidente al frente, Carlos Lesmes, al que no se le caen los anillos por mantenerse ilegítimamente en su puesto aunque el partido que le dio importantes cargos desde 1996 hasta 2004 y desde 2013 hasta la fecha vaya contra la Constitución Española al bloquear su relevo. El magistrado Lesmes (que como el PP, calificó de "rebelión" el procés) tiene 63 años y lleva desde los 38 siendo beneficiado por el PP, qué más quieren. Pues quieren más: ¿Recuerdan noviembre de 2018, cuando se trataba de renovar el Poder Judicial cuanto antes y corriendo porque estaba Mariano Rajoy aún de presidente? No tienen por qué, yo se lo recuerdo.

El exdirector general de la Policía y entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ahora envuelto en temas judiciales de cloacas, envió varios mensajes de WhatsApp a un grupo de 146 senadores, los que correspondían entonces al PP, para darles cuenta del "pacto previo" de PP y PSOE para repartirse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): once puestos para el PSOE y diez más la presidencia (donde hoy sigue Lesmes) para el PP. "Tenemos a un presidente excepcional", explicaba Cosidó a su equipo por indicación de Teodoro García Egea, secretario general del PP, jactándose de que las votaciones no solo fueran a ser de "11-10, sino de 20-0".

Ese "gran jurista" era Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal (sala segunda, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y demás aforados, incluido el rey emérito) del Tribunal Supremo, que pasaría a encabezar todo el Poder Judicial y, según Cosidó, además, permitiría controlar "la sala segunda por detrás". "Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional", se vanaglorió. Y los mensajes acabaron en los periódicos.

El escándalo fue mayúsculo, pero Cosidó no dimitió (naturalmente). Fue Marchena quien renunció a ser presidente del CGPJ y del Supremo por vergüenza torera y retomó la presidencia de la Sala de lo Penal, que ocupa desde 2014 y desde donde se ha condenado a los líderes del procés y rechazado el indulto que va a concederles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una sorpresa más.

También el 7 de mayo de 2003, el presidente José María Aznar decidió indultar al juez Javier Gómez de Liaño pese al informe en contra del Tribunal Supremo, lo que le permitía incorporarse de nuevo a su carrera. Gómez de Liaño había sido condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable, una batalla mediática, judicial y política con el Grupo Prisa y sus mandamases por el medio. Aznar, como dijo el líder de la oposición entonces, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) -que no recurrió el indulto-, había hecho "una utilización política del derecho de gracia". Imposible explicarlo mejor.

Todo lo que ocurre con un PP endiosado en la oposición por haber ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid puede resultarles novedoso, pero si repasan lo que les cuento (y mucho más), se darán cuenta de que no lo es. Si acaso, ahora se desarrolla con una zafiedad y un descaro pasmoso, hasta grosero, para quienes no comulgan con sus ideas. Puede que la derecha de Aznar y Rajoy tuviera más poder e hiciera de la corrupción una forma de vida de partido, pero incluso el "¡Váyase, señor González!", hoy convertido en el "¡Vuelva, señor González!", era más elegante. Manca finezza en la (ultra)derecha.

Convénzanse de que a PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos les importa España las pepitas del pimiento. Que donde ellos/as ven interés electoral envolvible en bandera no queda resto de responsabilidad ni de política de Estado ni de nada que no sea, en expresión no literal de Cristóbal Montoro, destruir el país para que lo reconstruya el PP... ahora, con Vox. Si hubo en la segunda legislatura de Zapatero una oportunidad de acabar con ETA, el PP no iba a darle un respiro al Gobierno (ni entonces ni ahora) y, salvando las dramáticas distancias, si hay una oportunidad de encauzar el conflicto en Catalunya, no será la (ultra)derecha quien la apoye. Al revés, cuanto peor para España, mejor para ella. Lo confirma la Historia: lo importante es el poder, ocupar las instituciones. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todo para ellos; la política, ya tal.