El Gobierno acaba de aprobar la ley rider, un auténtico hito legislativo de nuestra democracia en materia laboral y, sin embargo, se confirma que nunca llueve a gusto de todos. Es innegable que este ley no era sencilla de negociar, precisamente, porque trasciende al mundo del reparto a domicilio y, a pesar de eso, desde el ministerio de Trabajo no sólo se han topado con las resistencias obvias, esto es, ese empresariado explotador, sino con las menos obvias, quienes han comprado la explotación como sinónimo de flexibilidad.

La ley y su puesta en marcha son mejorables. Es un hecho. Ya de por sí, que hayan sido necesarios dos meses para su aprobación desde que se acordara en la mesa de diálogo social no es lógico. Desde el gobierno argumentan que, al no haber sido tramitada de urgencia, se han cumplido los plazos habituales. Para quienes continúan siendo explotados y explotadas por estas plataformas, seguramente habrán sido dos meses muy largos y hubieran agradecido esa urgencia.

Y si largos han sido esos dos meses, más largos se les harán aún los tres meses que tienen de plazo las empresas para cumplir con la nueva legislación. El temor de los sindicatos es que, utilizando el lenguaje de las plataformas digitales, "se desconecte" durante este tiempo a muchos riders para tener que contratar al menor número posible.

Efectivamente, puede pasar. Sin embargo, atender las necesidades de mercado con un número ridículo de repartidores no es viable. Las empresas que actúen así están llamadas a desaparecer, lo que no es necesariamente una mala noticia. La razón de ser de estas empresas es ahorrarse todos los costes laborales que ahora tendrán que asumir o, dicho de otro modo, se levantan sobre una fórmula de explotación a la que ahora se ha cerrado el grifo. Eso debería ser en sí misma una buena noticia.

Si los empresarios sienten que ya no tienen suficiente margen, una de dos, quizás es que son demasiado codiciosos o bien es que no tiene sentido este negocio... algo que el reparto de pizza lleva décadas tirando por tierra, por cierto, con sus contratos en regla. El problema es que históricamente el empleo tipo Telepizza inicialmente estaba dominado por estudiantes que sacaban un dinerillo extra para sus gastos mientras seguían estudiando y ahora, en cambio, ha terminado siendo un bote salvavidas para miles de personas que no tienen otro ingreso. La ley rider quiere comenzar a poner orden en eso, junto a un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cada vez más digno.

Estas medidas han de ser complementadas urgentemente con una reforma laboral que resuelva la precariedad que asola España en estos momentos. De otro modo, aun con contrato, los riders y el resto de trabajadores y trabajadoras que se beneficien de la onda expansiva de este nueva ley seguirán condenados a la explotación.

En cuanto a esos riders que han comprado el discurso de que este modelo de abuso laboral es, en realidad, flexibilidad para poder combinarlo con otras actividades, el error y el cortoplacismo no puede ser más descomunal. Encaminarse a trabajos llamados de cero horas no conduce absolutamente a nada bueno.

Por otro lado, la ley rider recoge otro aspecto al que no se ha prestado la debido atención: la obligatoriedad de que estas plataformas compartan sus algoritmos para conocer cómo se asignan los repartos y qué sesgos tienen. La Inteligencia Artificial (IA) es tan inteligente y bien intencionada como lo es quien ordena programarla y podrían darse casos de racismo o xenofobía, entre otras vulneraciones de Derechos Humanos (DDHH). La ley rider también ataja eso, aventajando a la legislación estadounidense en la que la protección de estos algoritmos está, por lo general, blindada como garantía de competitividad. No será el caso español y, aviso a navegantes, la medida cundirá en otros sectores.

Luchar contra el sistema no es sencillo y las concesiones de tiempo arriba indicadas son una prueba de ello. Con todo, la realidad es que se ha puesto coto a la explotación y, además, será extrapolable a otros sectores 'uberizados'. Este tipo de leyes, pioneras en todo el mundo, han de concebirse como un proceso vivo en constante mejora.

Como sucedió con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en el que se cometieron muchos errores de base, incluso, admitidos y asumidos por el propio Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, la ley rider tendrá que ir siendo mejorada... como la del teletrabajo. En los tres casos, sin embargo y desde la óptica del trabajador, las mejoras con respecto a la situación previa son innnegables y, por ello, a la crítica constructiva le ha de acompañar siempre un reconocimiento del avance que suponen en materia de derechos laborales.