Es año electoral y nos acercamos al inevitable balance que es preciso realizar del primer gobierno de coalición de nuestra democracia. La evaluación es positiva en términos absolutos pero también relativos, pues es preciso incorporar la lista de adversidades imprevistas a las que el Ejecutivo ha tenido que hacer frente, desde una pandemia mundial, a una guerra en Europa y una crisis económica global. Sin embargo, si miramos al 'debe' -y es imprescindible hacerlo- nos topamos con la desagradable sorpresa de que el bautizado como el 'gobierno más progresista' ha sido incapaz de quitar caspa legislativa, manteniendo leyes franquistas de ayer y hoy: la ley de secretos oficiales y la Ley Mordaza.

Nuestra democracia arrastra lacras franquistas históricas y de nuevo cuño. La Ley Mordaza, que ha tenido el consenso crítico de todas las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y la ONU, fue diseñada por el imputado Jorge Fernández Díaz y aplaudida por los sectores más ultras de Policía y Guardia Civil -que parecen seguir intimidando al actual Gobierno-. La que nos ocupa, la ley de secretos oficiales, data de 1968, en plena dictadura.

Ni una sola persona demócrata que se precie puede escapar a que se le revuelvan las tripas al saber que nuestra democracia arrastra leyes restrictivas desarrolladas para el blindaje del régimen represor de Franco. Sin embargo, ahí está, una ley que cercena nuestros derechos y libertades y da manga ancha a quienes nos gobiernan para hacer y deshacer con absoluta opacidad, impidiendo incluso conocer las sanciones impuestas a militares por su acto religioso en el Valle de los Caídos.

Uno de los mandatos más importantes que tenía el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, era reformar la ley de secretos oficiales. El resultado no podía haber sido peor. Su Ley de Información Clasificada no ha pasado la ley del algodón ni de sus socios de Gobierno e investidura, ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no ve suficientes garantías constitucionales. Así las cosas, no sorprende que Pedro Sánchez tratara de colarla por la vía de urgencia, un mal precedente para después intentar buscar consensos.

Las posibilidades de que nos quitemos la mancha franquista antes de que termine la legislatura se desvanecen por completo y eso, sin duda, es una vergüenza. El texto de Bolaños extiende los privilegios de opacidad de demasiadas autoridades e instituciones que, además, se benefician directamente de la falta de concreción de qué asuntos pueden ser clasificados por "intereses económicos", "industriales" o de "servicios públicos".

Establecer en 50 años, en muchos casos ampliable a 65 años, los plazos en los que determinados asuntos puedan quedar ocultos, sustrayéndolos del escrutinio público, no es mejorar en demasía el texto del dictador que, en otras cosas, nos impide conocer con precisión a día de hoy qué sucedió realmente en lo que se nos presentó como un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, pese a que agentes del CESID -actual CNI- sugieren lo contrario.

El PSOE podría encomendarse al PP para conseguir sacar adelante esta polémica ley, y quizás lo hiciera si nos encontráramos en otro punto de la legislatura. Sin embargo, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y con las presidenciales a finales de año, presentarse como rescatadores del bipartidismo más rancio no parece una opción. Preferirá Pedro Sánchez dejarlo pasar, confiado en que conservar una ley franquista genere menos ruido que aliarse con sus herederos políticos para aprobar su reforma. Ambas alternativas son malas y hacen más sombrío el balance legislativo.