Camino de los dos años desde las últimas elecciones, la derogación de la reforma laboral va tarde. La excusa es la gestión de la pandemia, pero mientras el Ejecutivo ha tenido en suspenso esa necesaria derogación, el empresariado ha estado haciendo de las suyas disparando aún más la precariedad. Lo mismo ha sucedido con otra de las grandes asignaturas del Gobierno: la derogación de la Ley Mordaza, que ha terminado acabando con la carrera política del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, en un juicio tan irregular como su posterior condena y aplicación de la misma.

Detrás de la pobreza que campa a sus anchas en España se encuentra, en gran medida, el marco jurídico que propició la reforma laboral del PP, legalizando la precariedad. Es más que evidente que su derogación nos hace falta como el respirar y que así lo reclama la mayor parte de la ciudadanía, dado que los oprimidos son mayoría frente a esa élite que se beneficia de la reforma laboral.

En este escenario, ya en el ecuador teórico de la legislatura y con un PP desesperado que no hay día que no reclame volar por los aires los plazos establecidos por ley para una nueva cita electoral, apuntarse el tanto de la derogación parece prioritario. Desde el primer día, Pedro Sánchez quiso dejar claro que la coalición entre dos partidos daba lugar a un único gobierno, pero la práctica -y la falta de cultura de coaliciones- se ha encargado de demostrar que esto no es exactamente así.

Las grandes conquistas sociales de las que presume el PSOE tienen un denominador común: no tocaban tanto a la economía como a las libertades civiles. Las que sí impactan directamente en la economía son tan pretéritas que casi podríamos hablar de un partido distinto, porque lo cierto es que hace mucho tiempo que al PSOE le cuesta enfrentarse a las élites económicas en pro de los derechos de los más vulnerables.

Su última reforma laboral, la de Rodríguez Zapatero en 2010 con la que se abarataba el despido, es un buen ejemplo de ello. Esa reforma sirve, además, para evidenciar una realidad de Perogrullo. Si existe un ministro de Trabajo, la reforma laboral compete a ese ministerio. En 2010 el PSOE lo tenía claro: fue el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, quien tuvo el dudoso honor de liderar aquella reforma, no la ministra de Economía, Elena Salgado.

Ahora, en cambio, el PSOE quiere apuntarse el tanto, anteponiendo Economía (Nadia Calviño) a Trabajo (Yolanda Díaz). Sencillamente es absurdo, especialmente considerando que Calviño ha sido quien durante los cerca de dos últimos años se ha opuesto a la reforma que ahora quieren que lidere. Tirar del carro de una reforma con calado social no depende tanto de poner la rúbrica en ella, sino de creérsela. No es el caso del PSOE y mucho menos de Calviño.

Ya sucedió con la reforma del alquiler: la lideró el ministerio al que correspondía, esto es, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en manos del PSOE. Sin embargo, el mérito de los avances -mejorables, por cierto- en esa materia se han atribuido más a Unidas Podemos que a Ferraz. ¿Por qué? Porque la formación morada es quien realmente ha impulsado esa reforma, con un PSOE arrastrando los pies sin dejar de mirar todo el tiempo a quienes especulan con la vivienda.

Querer arrebatar ahora el liderazgo de la reforma laboral a Yolanda Díaz es un tremendo error del PSOE. El sosiego de Díaz, sus buenas maneras y rechazo a la crispación pública no deben confundirse con falta de determinación; la gallega tiene muy claras las líneas rojas de esa reforma laboral y no está dispuesta de ninguna manera a que ni CEOE ni el PSOE las traspasen. Es una cuestión justicia social. Si el PSOE impone a Calviño, le saldrá el tiro tan por la culata como le ha sucedido con la vivienda, que pese a tenerlo todo -incluida la legitimización ministerial- para anotarse el tanto, lo ha perdido en favor de Unidas Podemos. Y es que para liderar conquistas sociales, antes hay que creérselas.