Hace unos años se puso de moda el concepto “neoliberalismo progresista”, definido por la politóloga Nancy Fraser como “una alianza de las corrientes principales de los nuevos movimientos sociales (feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechos de los LGBTQ), por un lado, y, por el otro, sectores de negocios de gama alta “simbólica” y sectores de servicios (Wall Street, Silicon Valley y Hollywood)”. El principal representante político de esta alianza sería el Partido Demócrata estadounidense, especialmente los Clinton y Barack Obama, superficialmente favorables a los derechos de las minorías y las mujeres, pero sometidos a los dictados de Wall Street – lo que, por cierto, les impidió atacar las estructuras económicas que dan forma al racismo y el patriarcado –.

A este lado del Atlántico, Emmanuel Macron parecía al principio el representante estrella del neoliberalismo progresista. Macron, que fue ministro de Finanzas del socialista François Hollande, se presentó como el centrista perfecto que combinaría una gestión económica “responsable” – es decir, favorable a los intereses de las élites y obediente a Bruselas – con el progresismo cultural. El ex banquero de Goldman Sachs cumplió con entusiasmo la primera parte de su promesa: desde su llegada al poder en 2017, el Estado ha regalado a los franceses más ricos y las grandes empresas 270.000 millones de euros en exenciones fiscales y ayudas. Como consecuencia, las 500 familias más ricas de Francia han doblado su patrimonio, superando 1,2 billones de euros (para hacernos una idea, todo el PIB español representa 1,6 billones).

Macron ha sido menos consistente en su progresismo, incluso desde la perspectiva superficial y elitista que caracterizó el feminismo o el antirracismo de Obama y los Clinton. La ley francesa ‘contra el separatismo’ de 2021 fue un giro de tuerca en la creciente islamofobia de Estado, criticada como “un ataque a las libertades fundamentales” por la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos por sus limitaciones a la actividad asociativa, con la excusa de luchar contra el terrorismo yihadista. Después vino la alianza con Los Republicanos de Nicolas Sarkozy, partido del que han salido varios primeros ministros de Macron… y su acercamiento a la extrema derecha.

Macron ganó las presidenciales de 2017 y 2022 con la promesa de frenar al Agrupamiento Nacional (AN), pero en 2024 impulsó una ley para limitar la inmigración copiada del programa de Marine Le Pen, que además le ha rescatado en momentos clave: en octubre de 2024, los diputados del AN votaron en contra de la moción de destitución presentada por La Francia Insumisa contra Macron. La inscripción simbólica del derecho al aborto en la constitución no ha conseguido tapar el giro reaccionario del presidente, que también se ha traducido en un incremento inédito de la violencia policial, especialmente contra los movimientos sociales: la ONU denunció en 2023 la “falta de retención en el uso de la fuerza” por parte de la policía francesa, que provoca decenas de muertes cada año.

Pero ha sido la reciente crisis política la que ha desvelado el lado más despótico de Emmanuel Macron. Desde que perdió la mayoría absoluta en 2022, Macron ha recurrido decenas de veces al artículo 49.3, una disposición extraordinaria que permite adoptar leyes sin votación en el Parlamento. Con este mecanismo aprobó, por ejemplo, el recorte de pensiones de 2023, que tenía en contra a los sindicatos, la enorme mayoría de la opinión pública y la mayoría de la Asamblea Nacional. El autoritarismo ‘macronista’ se agravó después de su derrota en las legislativas de 2024: el presidente se negó a nombrar primera ministra a la candidata del Nuevo Frente Popular, la coalición que había ganado las elecciones.

Desde entonces, cuatro primeros ministros han sido destituidos por la Asamblea Nacional, por la negativa del presidente a realizar cesiones políticas hacia la izquierda que ganó las elecciones. El empeño por mantener intacta su agenda de recortes para las mayorías y regalos fiscales para las élites, obviando el resultado de las elecciones y la opinión pública, ha sumido a Francia en una auténtica crisis de régimen. Como explicó Nancy Fraser, el neoliberalismo progresista murió en Estados Unidos con la primera victoria de Donald Trump, en 2016. En Francia, el experimento solo duró hasta que la democracia se convirtió en un obstáculo para la agenda neoliberal de Macron, que no ha dudado en poner el sistema político al borde del abismo para proteger los intereses de las élites económicas.

Francia ofrece un ejemplo más de que liberalismo económico y liberalismo político raramente van de la mano, como todavía se enseña en algunas facultades de Ciencia Política. Lo que sucede más a menudo es que los defensores del liberalismo económico no tienen problemas en sacrificar las libertades políticas cuando se trata de defender el mercado, o, mejor dicho, a las élites económicas que dominan el mercado. Lo vimos en el golpe blando de la ‘troika’ contra Syriza en Grecia, en las intervenciones neocoloniales en el Sur global para asegurar el dominio de las empresas del Norte y ahora en la Francia caótica de Emmanuel Macron.