Juan Manuel Moreno Bonilla no ha tardado ni un día desde la victoria del PP en Galicia –y el consecuente refuerzo del poderío autonómico de la derecha- en generar tensión innecesaria con el Gobierno central. En un nuevo acto de deslealtad institucional ha intentado volver a legalizar los regadíos ilegales de Doñana, haciendo saltar por los aires el bautizado como Acuerdo por Doñana suscrito en noviembre.

Aquel acuerdo, que Moreno Bonilla vendió como un éxito de entendimiento entre dos Administraciones, se tambalea ahora por la mala fe del presidente andaluz. Por la puerta de atrás, sin avisar a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la Junta incumple lo acordado a finales del año pasado.

Si entonces quedó claro que los agricultores de la Corona Norte dejarían de cultivar sus tierras, teniendo que renaturalizar o reforestar los suelos, el decreto-ley de simplificación administrativa aprobado el pasado lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, abre la puerta a la regularización de terrenos forestales en agrícolas.

Así las cosas, las reuniones que estaban previstas esta semana entre el ministerio y distintas organizaciones sociales, ayuntamientos, centros académicos y agricultores para, entre otras cosas, avanzar en el cumplimiento del Acuerdo por Doñana, se han cancelado. En juego está el cobro de las ayudas de 100.000 euros por hectárea que iban a recibir los agricultores que han estado explotando ilegalmente los acuíferos del Parque Natural a cambio de cumplir con la recuperación de la zona.

Pensar en un desliz por parte de Moreno Bonilla es tan ingenuo como ridículo. Hay mala fe. Su batiburrillo de decreto-ley que modifica hasta 176 normas de la Junta y que mañana había de pasar la convalidación del Parlamento andaluz proporciona el perfecto camuflaje al ardid del PP, que parece estar empeñado en que Doñana no vuelva a ser incluido en la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), excluido por su propia gestión.

A pesar de esta manifiesta mala fe –que se ha convertido en seña personal de Moreno-, Ribera ha dado muestras de una lealtad institucional exquisita, pues no ha querido precipitarse, ha pedido serenamente explicaciones porque afirma no entender nada y ha solicitado revisión a los expertos jurídicos. Por su parte, la Junta da bandazos, habiendo pasado de afirmar que tan sólo cumple la ley a abrirse ahora a modificar su decreto-ley, algo que es pura contradicción.

Si no fuera porque todos los colectivos ecologistas han puesto el grito en el cielo, podría otorgarse algún beneficio de duda a Moreno Bonilla, pero no es el caso. Tanto Ecologistas en Acción y WWF denuncian la vulneración del Acuerdo por Doñana, llegando a hablar de amnistía a todos los agricultores con expediente sancionador abierto. Si el acuerdo, en realidad, ya suponía que quienes han atentado contra el Parque Natural se fueran de rositas y no recibieran el castigo que merecen, lo que ahora pretende Moreno Bonilla es dar alas a la ilegalidad –con premio de 100.000 euros por hectárea-, en otra actitud negacionista que ha llevado, entre otras cosas, a que Andalucía hoy no esté en condiciones de afrontar la sequía que nos asola. No sólo eso, sino que es un paso más, como también denuncian los colectivos ecologistas, para eliminar el Consejo de Participación de Doñana, al que excluyó inicialmente en su primer intento de legalizar los regadíos ilegales hasta que Ribera lo paró en seco, con el apoyo de la Unión Europea.

Moreno Bonilla ni es tan moderado como se presenta ni tan andalucista como se vende. Su gestión desprende hedor autoritario valiéndose de su mayoría absoluta, colisionando adrede con el Gobierno central para ejecutar la estrategia marcada desde Génova, es decir, desgastar al Ejecutivo desde los gobiernos autonómicos del PP. Y en esa misión, todo parece valerle a Moreno Bonilla, incluso acabar con el patrimonio natural de Andalucía y drenar sus acuíferos para, después, acusar al Gobierno de no colaborar en la asistencia hídrica para mitigar la sequía. Definitivamente, su gestión perjudica a Andalucía y a sus habitantes y ya lo están pagando. La sequía es fruto del agua que no cae del cielo, pero sus efectos se multiplican fruto del infierno que alimenta Moreno Bonilla.