El Gobierno de Andalucía, encabezado por Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha mostrado dispuesto a rectificar su decisión de declarar como cultivables algunos suelos forestales, lo que afectaría a la Corona Norte de Doñana, según ha denunciado este lunes el PSOE andaluz. "Tardamos dos minutos en ponernos de acuerdo", dijeron fuentes de la Junta de Andalucía.

Moreno había retomado una de las medidas –la que contemplaba la modificación de la ley forestal de Andalucía– contempladas en el polémico proyecto de ley de Doñana que impulsó durante años en contra de la UE y del sentido común, que aparcó finalmente tras firmar la paz con la vicepresidenta Teresa Ribera a través de un decreto-ley de simplificación administrativa, que persigue reactivar la economía y la empleabilidad en Andalucía. Para ello, modifica unas 176 normas de la Junta y será sometido a convalidación este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía. 

Los socialistas aseguraron que implicaba la voladura del pacto con Ribera y que el decreto ha sido elaborado "sin transparencia" ni participación pública. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, afirmó que "se trata de un engaño de Moreno Bonilla sin ningún tipo de diálogo, consenso o acuerdo con el Gobierno central". Asimismo, Espadas señaló que no iba respaldar esta propuesta porque "pone en riesgo el acuerdo alcanzado y las inversiones que contempla". 

Ante las acusaciones de los socialistas, el Gobierno andaluz negó que el mencionado decreto vaya a posibilitar que los suelos forestales de la Corona Norte sean cultivables. Según el Ejecutivo autonómico, la Junta "se limita a adaptar la ley forestal andaluza a la estatal" y "en ningún momento se habla de regadíos ni de Doñana". De este modo, critican al PSOE-A por, a su juicio, realizar una "interpretación maliciosa" del artículo 244 del decreto. 

Ribera anula reuniones

El histórico acuerdo para proteger el Parque Nacional de Doñana alcanzado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía hace menos de tres meses se ha tambaleado de este modo este lunes. La vicepresidenta Ribera ordenó suspender una jornada de reuniones que había prevista para este martes, en la que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, había convocado a los catorce municipios del área de influencia de Doñana para abordar el reparto de fondos contemplado en aquel acuerdo marco que firmaron el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

"No sé qué tengo delante, no sé qué efecto tiene esa legalización retroactiva", dijo Ribera. La vicepresidenta manifestó que le preocupaba lo que había visto y que se lo había "encontrado" publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía "por sorpresa". Además, ha explicado que en el Gobierno no tenían "ni idea" de que se estuviera haciendo una modificación de ese tipo, por lo que hay que tomarlo "con mucha cautela" y queda pendiente del estudio por parte de los servicios jurídicos del Ministerio.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha asegurado que "no actúa unilateralmente ni de espaldas a nadie" y no tiene "ningún problema" en buscar una fórmula de redacción consensuada con el Gobierno central: "Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo".

La Junta confía "en el diálogo y el acuerdo" ante "cualquier duda" que pueda suscitar el artículo en cuestión y no tendrá problema en "sentarse" con el Ministerio para la Transición Ecológica, "escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción" de ese apartado, según han señalado fuentes del Ejecutivo.

Ante la "confusión suscitada" por la interpretación de ese punto, el Gobierno andaluz ha vuelto a defender que "se limita" a adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente en materia forestal, "en términos que incluso fueron acordados en su día con el Ministerio".

Cambios en la ley forestal

El artículo en cuestión modifica la ley forestal de Andalucía para que no tengan que estar sujetas a ella las superficies cuyo propietario, tras tener especies forestales de turno corto en régimen intensivo, decida la reversión del uso agrícola, siempre que ese uso hubiera estado autorizado con anterioridad.

Asimismo, y aquí viene el problema fundamental, se recoge un párrafo en el que se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que hubieran sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor. Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años.

WWF ha denunciado que la Junta reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y "abre la puerta a la amnistía" a agricultores ilegales que ocupan estos terrenos.

La Junta subraya que la medida no es para Doñana, que afecta a "diversas superficies" en Andalucía, y que "no tiene nada que ver con agua ni con la autorización de regadíos".

La convalidación del decreto está fijada para este miércoles en el Parlamento de Andalucía, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El jueves, se esperaba una reunión en Sevilla entre Ribera y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para buscar soluciones a la sequía, encuentro que queda en el aire.

Conocidos los últimos movimientos de Moreno en relación a los acuerdos alcanzados, la reunión entre los líderes políticos cobra una relevancia todavía mayor. El Gobierno andaluz, tal y como ha transmitido a Europa Press, considera necesario que los técnicos detecten los "elementos conflictivos" y delimiten las responsabilidades de cada administración y qué actuaciones se pueden hacer conjuntamente y cuáles por separado.

El Pacto de Doñana, pendiendo de un hilo

La decisión de Moreno Bonilla, si no se corrige, chocaría con lo pactado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central en su Acuerdo de Doñana el pasado 27 de noviembre en Almonte (Huelva). 

En el mismo, fruto de varias negociaciones entre la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, se establecía que "los agricultores de la Corona Norte recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea, que cobrarán en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales y que, a cambio, dejarán de cultivar sus tierras y tendrán que renaturalizar o reforestar los suelos".  

El acuerdo, ahora, según el PSOE-A, incumplido por el Ejecutivo autonómico del Partido Popular, se trataba de un "pacto muy beneficioso para todos en el que ganan los agricultores, los ayuntamientos, los vecinos, las empresas de la zona y las organizaciones sociales, ecologistas y conservacionistas que desde siempre están luchando por el bien de Doñana", según transmitía la Junta de Andalucía el día de su firma.