Corren tiempos de crispación e hipocresía en los que iniciar un sosegado debate, sin ni siquiera defender posiciones, tan sólo llamado a reflexionar sobre una cuestión es una empresa harto complicada. El pacto de gobierno entre PP y Vox en el País Valencià nos brinda esa oportunidad, nos lanza ese guante que quisiera recoger. A mi modo de ver, plantea dos cuestiones fundamentales y comenzaré por la más evidente: ¿es real y honesto el veto que hace el PP al candidato de Vox Carlos Flores Juberías? Evidentemente no.

Esta semana el PP de Alberto Núñez Feijóo pactará con Vox en 135 ayuntamientos para poder asumir alcaldías. Anoche en Cadena SER, el ilustrado José Manuel García-Margallo (PP) hacía malabares para tratar de justificarlo y se le venían todas las bolas al suelo. Alegar, como hizo él, que los Ayuntamientos son una Administración menor y no tienen tanta trascendencia como el gobierno central es pura demagogia. El primer contacto del ciudadano con la Administración es esencial y la banalización que Margallo hace de éste es inaudita... como inaudito es también el apoyo del PP en Barcelona a los que considera que dieron un golpe de Estado en España, regalándoles la alcaldía.

Dicho esto, el portavoz del PP Borja Sempere aseguró ayer que el PP no se aliaría con un candidato que ha sido condenado por maltrato, como es el caso del cabeza de lista de Vox en el País Valencià. El movimiento, como le sucedió anoche a Margallo, es un puro número circense, pues más allá de que esté o no esté presente Flores, la realidad es que el PP tiene como compañero de viaje a un partido que hace gala de su negacionismo de la violencia machista, así como de su xenofobia y LGTBIfobia, entre otras vergüenzas. La presencia de Flores, digámoslo así, es la guinda de un pastel tóxico.

Esa es la primera de las reflexiones, más evidente y que, salvo a la hinchada de la derecha extrema (PP y Vox), a nadie se le pasa por alto. La segunda es más compleja: ¿por qué un condenado por violencia de género que ha cumplido su pena no puede aspirar a ser servidor público? Huelga decir que esta pregunta surge por el caso Flores, pero no porque aplique al mismo Flores, a pesar de que su condena es de 2002. Su misma militancia en Vox -además de diversas perlas discursivas que soltó en campaña- delatan su nula redención.

La pregunta no es baladí y nos remite, en cierto modo, a la polémica de las listas de EH Bildu. ¿Puede un exterrorista que ha cumplido su condena ostentar un cargo electo? Quienes siguen mis columnas saben que soy partidario del sí, puesto que soy un fiel defensor de la reinserción plena. Desde mi punto de vista, no es la ley quien debiera limitar el acceso a cargo público de un exterrorista que cumplió su pena, sino el pueblo en las urnas. Lo mismo sucede con un maltratador condenado, sin cuentas pendientes con la Justicia, y que no ha dado señales de reincidencia.

Un hombre que en el pasado fue maltratador, ¿puede dejar de serlo? Quiero pensar que sí, y no por una cuestión de ingenuidad, sino apoyándome en el trabajo que desde hace años llevan desarrollando profesionales como Jorge Freudenthal en Euskadi. En ese sentido, ¿por qué la sociedad va a prescindir de alguien que en pasado cometió una atrocidad pero que en el presente aporta valor? La reflexión es doble: por un lado, tanto en el caso de un terrorista como de un maltratador -seguramente, se podría abrir la horquilla-, sería bueno encontrar un posicionamiento sobre sus posibilidades reales de integración social. Por otro, en caso de vetarle determinados derechos, ¿debería oficializarse mediante una ley?

El debate no debiera postergarse en el tiempo; tampoco precipitarse. Requiere de sosiego y un análisis, conociendo todas las posturas, que no debería hurtarse a la próxima legislatura. ¿Seremos capaces de abordar la cuestión desde la reflexión y no únicamente desde las entrañas?