El concurso para el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género, esto es, las pulseras para mejorar el control de las medidas de alejamiento de los maltratadores, ha quedado desierto. No se presentó ninguna empresa debido a la baja dotación económica (unos 27.500 euros), dado que es precisa la renovación de los equipos y su posterior mantenimiento y gestión.

El contrato anterior, a manos de la UTE Telefónica y Securitas Direct, venció el 7 de diciembre del año pasado y se ha optado por prorrogar sus servicios hasta el próximo mes de junio. Sin embargo, más que fijarnos en el funcionamiento de este sistema, articulado por el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA), merece la pena echar un vistazo a los dispositivos en sí.

Los brazaletes que actualmente portan los agresores, con sus respectivos emisores GPS, así como los dispositivos de aviso que tienen las víctimas fueron adquiridos en 2009 (3.000 en total) a la empresa 3M-EM y, tal y como admite el propio ministerio de Igualdad, ya ni siquiera están en garantía. De hecho, las estadísticas de dispositivos robados, perdidos o irreparables de disparan.

Así las cosas, las vidas de las víctimas depende de dispositivos cuya tecnología data de hace una década. El propio ministerio de Igualdad indica que "se requiere la incorporación de una tecnología complementaria a la anterior (radiofrecuencia u otra) que permita detectar la proximidad del maltratador y la comunicación de la proximidad al centro de control", al tiempo que reconoce que "debido a la evolución de los cambios tecnológicos de los sistema de la tecnología de la comunicación ha habido retrasos en la elaboración del Pliego de Prescripciones Técnicas".

La tecnología de posicionamiento y radiofrecuencia ha evolucionado mucho desde 2009, por no hablar de la propia telefonía. En 2009, hablábamos de 3G, que había comenzado a activarse cinco años atrás. 4G no llegaría hasta 2012, por lo que las pulseras se quedaron obsoletas en materia de telefonía hace ya seis años. Aunque es cierto que el 3G supuso grandes mejoras en cuanto a la velocidad de transmisión de datos -hasta 2 mbps (megabits por segundo)-, con mayor seguridad y estabilidad para el usuario que la 2G, está lejos de la tecnología actual.

Ya ha comenzado su andadura el 5G, pero nos fijaremos en el 4G. A diferencia del 3G, las nuevas redes permiten servicios de cualquier clase, en cualquier momento, lugar y con un mínimo coste y altas seguridad y calidad. Para que se hagan una idea, es entre 5 y 10 veces más rápida que la tecnología 3G.

Como consecuencia de esta obsolescencia, desde las instancias judiciales han venido denunciando históricamente múltiples incidencias técnicas: pérdida de cobertura, escasa autonomía de las baterías –cuya tecnología también ha avanzado mucho en diez años.

Sin embargo, la peor de las incidencias –incluso que la utilización de un inhibidor por parte del agresor- son las falsas alarmas. Las alarmas, sencillamente, se disparan sin motivo, hasta el punto de que el 70% de los avisos es porque fallan estas pulseras, no porque adviertan de la presencia de un maltratador.

A finales del año pasado, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, apuntaba que “seguiremos reclamando estas mejoras técnicas, ya que se producen numerosas incidencias por la pérdida de cobertura de estos dispositivos y por un uso inadecuado que dificulta el correcto funcionamiento e impide una adecuada protección a la víctima”.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, así como el propio COMETA, guardan opacidad sobre las estadísticas de estos falsos positivos, pero es innegable lo estresante que puede llegar a ser para las víctimas que, al final, dejan de sentirse seguras con estos dispositivos. Una alarma puede llegar a saltar, sencillamente, porque el GPS no tiene cobertura o la batería está baja. A pesar de esta opacidad, se han documentado casos de víctimas con cerca de un centenar de incidencias de este tipo.

Así las cosas, no sorprende la baja utilización de estos dispositivos. La realidad es que de aquellos 3.000 equipos, de media, más del 70% no ha estado activo a lo largo de esta última década (gráfico superior). Y eso que, cuando este nuevo sistema arrancó en 2009, esos 3.000 brazaletes disponibles sólo cubrían el 10% de los casos con órdenes de alejamiento que existían en ese momento.