No eran matices, como dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; era un proceso "nulo de pleno derecho", según la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Así ha calificado el fiscal Manuel Campoy a las devoluciones de menores marroquíes que tuvieron lugar desde Ceuta el pasado mes de mayo. El escrito de la Fiscalía es tajante al afirmar cómo los derechos de estos jóvenes fueron pisoteados por el Estado español, después de que Marruecos los utilizara para chantajear a nuestro Gobierno (una vez más). Hoy todas las miradas deben posarse sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que si le quedara un mínimo de honestidad debería dimitir.

Marlaska hizo caso omiso a la ley -a pesar de se juez-, miró para otro lado cuando todas las organizaciones advertían del atropello legal que se estaba cometiendo, nada menos que con menores. Ni se les dió la cobertura legal que dicta la legislación, ni fueron escuchados. La lista de incumplimientos es tan larga como la mancha vergonzosa que se extiende por el ministerio del Interior de arriba a abajo.

El caso adquiere una relevancia muy especial al tratarse de menores, que en ningún momento disfrutaron de la debida tutela judicial. Sencillamente, Marlaska se los quitó de en medio, con la desfachatez añadida de que, a pesar de saber de lo ilegal del procedimiento, aseguró que las actuaciones respondían "al interés superior de los menores".

El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es demoledor, calificando estas actuaciones administrativas "nulas de pleno derecho, por cuanto prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Intolerable. Esta violación de las garantías más esenciales y la negativa de Marlaska a rectificar, pese a ser advertido de ello por numerosos expertos legales, debe pasarle factura. Por no atender, ni siquiera atendió al modo en qué los jóvenes marroquíes escapaban del pabellón en el que fueron hacinados, incluso por el techo, cuando se enteraron de las deportaciones ilegales.

Es una cuestión de mera honestidad, de asumir responsabilidades porque no hablamos de números en una hoja de cálculo; hablamos de vidas humanas, de menores a los que en muchos casos de devolvió a situación de explotación laboral y sexual. Marlaska debe dimitir. No lo hará y Pedro Sánchez no lo cesará. En primer lugar, porque el presidente no se puede permitir abrir una nueva crisis de Gobierno y, seamos realistas, este asunto ni siquiera hoy tendrá el peso informativo que merece. Recuerden, nos movemos en una España racista que aplaudió el modo en que se quitaron de en medio a los menores marroquíes.

En segundo lugar, porque Marlaska es el nuevo Ábalos, esto es, el chivo espiatorio, el 'come-marrones' que concentra todas las miradas y resta presión al propio Sánchez. Es la válvula de la olla a presión en que se convierte este Ejecutivo con dos almas y un abanico de apoyos imprescindibles repleto de versos sueltos. La importancia de Marlaska para Sánchez no radica tanto en su rol de titular del Interior como en ser 'ministro de Marrones', al que no dudará en despachar cuando esté quemado, como ya hizo con Ábalos. Y ya está demasiado churruscado.

De hecho, la quemazón se extiende por todo el ministerio, con un segundo de abordo que se suma a la lista de indignos. Que ayer el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, alabara la sede central de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona y obviara el mandato del Congreso de los Diputados y las Diputadas, borrando un pasado histórico de torturas y violaciones de Derechos Humanos es abominable.

Si en Madrid se padecía a personajes como Billy El Niño, en Barcelona la Brigada Políticosocial tenía a los hermanos Creix torturando a todo aquel que se opusiera a la dictadura franquista. Hace ya cuatro años que por ello el Congreso aprobó -sin apoyo del PP- que esta jefatura se convirtiera en un museo de la memoria histórica y, en su lugar, Pérez Ruiz se puso ayer a elogiar un pasado oscuro.

De un alcalde del PP como el malagueño Francisco de la Torre uno se puede esperar que en su constante coqueteo nostálgico con la dictadura se codee con reconocidos franquistas en actos ultraderechistas; del segundo del ministerio del Interior de un gobierno progresista no cabe encajar un patinazo de esta envergadura.

El churruscado de Marlaska se extiende por todo el ministerio mientras Pedro Sánchez se sacude responsabilidades, escapando de la quema, pese a las críticas medidas y respetuosas de Yolanda Díaz. Para Interior la carne calcinada, que para Sánchez, ya saben, "el chuletón al punto es imbatible". Veremos si es tan imbatible.