El mercadillo fiscal

Influir en la agenda pública a través de las noticias que difunden diariamente los medios de comunicación. Agenda Setting, como lo denominan las personas expertas en comunicación política. Prevea escenarios, dibuje el marco del relato, elija los canales y lance el mensaje. Así es como se ha llegado en España a debatir sobre fiscalidad en medio de una de las mayores crisis energéticas y de escasez de materias primas jamás vividas. Así es como el Partido Popular, con Ayuso como máxima exponente, ha conseguido instalar el populismo fiscal en la agenda pública, política y comunicativa.

Y lógicamente digo populismo fiscal porque, aunque digan que las bonificaciones del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio están dirigidas para defender los intereses de la gran mayoría de la ciudadanía, realmente no es así. Mientras en la Comunidad de Madrid esta bonificación se materializa en una paguita de 992 millones de euros al 0,17% de la población más rica que paga el 99,83% restante, en Andalucía asciende hasta 109,7 millones de euros que dejará de aportar el 0,20 % más rico. A Andalucía se sumaron otras dos comunidades gobernadas por el Partido Popular; Murcia, prometiendo la bonificación del 100% y Galicia, aumentando la bonificación hasta el 50%. Estamos en septiembre de año preelectoral en muchas comunidades autónomas así que, como ya sabemos, los anuncios grandilocuentes hacen acto de presencia.

Una de las medidas estrella que se repite en casi la mitad de las comunidades autónomas es la ya famosa deflactación del IRPF. Es decir, tratar de adaptar los tramos del IRPF a la inflación. No obstante, e independientemente de que estemos a favor o en contra de deflactar el IRPF, no podemos afirmar, tal y como se ha escuchado durante los últimos días e incluso ha tuiteado la propia Díaz Ayuso, que Ximo Puig recorre la misma hoja de ruta que Madrid. Mientras Díaz Ayuso propone deflactar todos los tramos del IRPF el 4,1%, Ximo Puig solamente lo plantea para las rentas más bajas y de forma progresiva. Si ponemos números sobre las dos propuestas, apreciamos que con unos ingresos de 10.000€ anuales en Madrid te ahorrarías 19€ al año, en Valencia 94,5€; con ingresos de 20.000€ en Madrid te ahorrarías 46€ y en Valencia 117€; con 30.000€ en Madrid te ahorrarías 46€ anuales y en Valencia 67€; finalmente, con 65.000€ en Madrid te ahorrarías 176€ y en Valencia 0€.

En palabras del propio Ximo Puig, mientras unos bajan impuestos a los más ricos, en Valencia lo hacen para que la mayoría de las familias pueda llegar a fin de mes. Y desde luego que, analizadas las diferencias —y sabiendo que en Valencia no bonifican el Impuesto sobre el Patrimonio al 0,20% más rico—, tiene toda la razón. Porque una vez más observamos que la fiscalidad, como cualquier medida de política económica, no es neutra. Toda medida económica beneficia a algunas personas al tiempo que perjudica a otras. Es por ello que no vale de nada que un líder político diga que quiere bajar impuestos si no dice qué impuestos quiere bajar, a quién quiere bajárselos, cuánto se va a dejar de recaudar y, sobre todo, de dónde va a recortar. Sin embargo, y siendo consciente de las diferencias, creo que existe un problema cuando desde postulados progresistas se compra el marco establecido por la derecha y se entra en una competición por quién baja más impuestos. Elecciones, supongo.

En medio de toda esta vorágine, y con el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE —organismos internacionales poco sospechosos de radicalismo ideológico izquierdista— pidiendo subir impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables, el Gobierno español se saca de la chistera un paquete de medidas fiscales. Un paquete de medidas que no están para nada mal y a las que hay que sumar lo que popularmente se ha denominado como el impuesto a diecinueve empresas energéticas y entidades financieras (prestación patrimonial de carácter público, para ser exactos).

Las medidas aprobadas esta semana afectan primordialmente a cuatro impuestos. En primer lugar, IRPF. En el IRPF se da, por un lado, una subida del mínimo exento hasta los 15.000 euros y un aumento de la reducción por rendimientos del trabajo para rentas menores de 21.000 euros que beneficiará al 50% de los y las trabajadoras y, por otro lado, un incremento del tipo impositivo del 26% al 27% sobre las rentas de capital superiores a 200.000 euros y el establecimiento de un tipo del 28% sobre las superiores a 300.000 euros.[1]

En segundo lugar, se propone reducir el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades para las pequeñas empresas —que facturen menos de un millón de euros— del 25% al 23%, beneficiando a unas 407.300 pequeñas empresas. A su vez, se pretende limitar al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en grupos consolidados, afectando a más de 3.600 grandes empresas. En tercer lugar, por fin se ha anunciado la tan esperada reducción del IVA del 10% al 4% para los productos de higiene femenina. Son productos esenciales, no productos de lujo. Finalmente, se ha anunciado la creación del tan sonado Impuesto sobre la Riqueza, que recaudará 1.500 millones de euros y que contará con tres tramos: entre 3 y 5 millones de riqueza neta se pagará un 1,7%; entre 5 y 10 millones, un 2,1%; y por encima de 10 millones, un 3,5%. Es decir, se empieza a pagar una vez la persona cuente con un patrimonio neto —descontando deudas— de más de 3 millones de euros. Sinceramente, es complicado asimilar el revuelo existente en torno a este impuesto. Es difícil entender que haya gente a la que le parezca mal que los patrimonios de más de tres millones de euros paguen un 1,7% y menos aún, cuando en momentos tan duros para la mayoría, el número de superricos se ha disparado un 12% en 2021.

Decía un economista liberal de esos que no hace ascos al dinero público, que un rico con 3.000.000€ deberá pagar por el impuesto “a los ricos” —sí sí, además lo entrecomillaba— 50.000€. ¿Dónde está el problema? Ese rico seguirá siendo extremadamente rico. Lo único es que ya no tendrá un patrimonio de 3.000.000€, sino de 2.950.000€. Pero, ¿a cuántas personas ricas afecta este impuesto a las grandes fortunas? A 23.000. Es decir, al 0,1% más rico de la población. El Partido Popular, en palabras de Feijóo, aprobaría la rebaja en el IRPF a los sueldos más bajos si se desvinculaba de las subidas de impuestos a los ricos. Solamente quien se debe al 0,1% más rico puede priorizar los intereses de 23.000 ricos frente a los de 13 millones de trabajadores.

Es innegable que unas medidas fiscales que reducen impuestos para el 50% de la clase trabajadoras y para pequeñas y medianas empresas, a la vez que crean un impuesto a las grandes fortunas, eliminan deducciones a grandes grupos empresariales y aumentan la fiscalidad a las rentas de capital transitan por el camino de la justicia fiscal. Unas medidas fiscales que permiten, reduciendo la presión fiscal sobre las clases bajas y medias e incrementándosela a las clases altas, aumentar la recaudación 3.144 millones de euros en 2023 y 2024.

Sin embargo, ¿es esto lo que tocaba? Yo diría que no. Desde el progresismo se debe apostar por una reforma fiscal integral que adecúe el sistema fiscal español al siglo XXI, que lo modernice y que lo progresivice. Reitero que es un problema que desde el progresismo se compren los marcos establecidos por la derecha y se compita en la carrera de bajada de impuestos. La fiscalidad de un país es mucho más importante que eso y merece un debate sosegado más allá del electoralismo. La política fiscal de un país es la que nos permite redistribuir la riqueza y financiar los servicios públicos esenciales para garantizar cierta igualdad de oportunidades. No puede ser que, como en España, el 10% más pobre pague un tipo medio en impuestos del 28%, mientras que el 10% más rico paga el 27% —cuando en 2007 pagaba un 40%—. Pero lo peor no es eso. El mayor problema es que el debate fiscal en España es una desgracia. Tomémonos en serio la política fiscal, por favor. ¡Ah! Y esperemos que, aunque no paguen impuestos por el queroseno de sus aeronaves, haya aviones suficientes para el éxodo de las grandes fortunas.

[1] Sigue sin ser justo que mientras las rentas de trabajo tributen hasta en siete comunidades autónomas por encima del 50% en su tramo más alto, las de capital —rentistas, por ejemplo—, cuando son superiores a 300.000 euros, tan solo lo hagan por el 28% en el tipo máximo.