El modelo migratorio que planteó el PP en su Declaración de Murcia destila un tufo racista y xenófobo insoportable. Alberto Núnez Feijóo se ha inventado una España que no existe para justificar su discriminación anticonstitucional; como apuntaba esta semana Noelia Adánez en su columna en Público, “lo determinante era colocar un marco que venía de la mano de un diagnóstico basado en informaciones falsas”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha seguido al resto de barones y baronesas populares y suscribió la Declaración, pegándose un tiro en el pie.

Quien no vea racismo en la propuesta del PP tiene un serio problema en sus estándares democráticos y de derechos humanos. Dicho esto, el abrazo de Moreno Bonilla a la Declaración de Murcia y su puntualización de que el “conocimiento de la lengua española pueda ser un requisito” para obtener la residencia supone una amenaza para cientos de habitantes en Andalucía.

Revisando los datos del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, en esta comunidad autónoma residen algo más de 850.000 extranjeros y cerca del 40% lo hace en la provincia de Málaga. Según la información que maneja y difunde la Diputación Provincial de Málaga, el 88% de esta población foránea se concentra en la franja litoral y, ¿saben cuál es la nacionalidad que encabeza la lista? La británica con 53.413 personas empadronadas, que fundamentalmente residen en Mijas (15,51% del total), Fuengirola (9,80%) y Marbella (7,71%).

Las residentes procedentes de Reino Unido superan a quienes llegan de Marruecos, que es una de las nacionalidades que parecen estorbar a las derechas por, en su opinión, amenazar nuestra identidad. La tercera nacionalidad más presente entre los residentes foráneos es la alemana. Sin ahondar en cuán endeble es el armazón identitario de PP y Vox, es interesante retomar el filtro del idioma que Moreno Bonilla sugiere incorporar para conceder o denegar la residencia.   

Cualquiera que viva en regiones donde hay una nutrida población británica sabe que si por algo se caracteriza es por su desinterés generalizado en aprender nuestro idioma. Esta circunstancia todavía es más evidente en localidades como Benahavís, el municipio más rico de Andalucía según la Agencia Tributaria, donde el peso de la población extranjera supera a la nacional.

No queda tan lejos cuando a principios de esta década miles de británicos sudaron frío para regularizar su residencia en España tras el Brexit. Entonces y dado que Málaga era la segunda provincia, tras Alicante, que más solicitudes cursó, recuerdo cómo en la Costa del Sol cundía la desazón por el efecto de la barrera idiomática a la hora de afrontar el laberinto burocrático.

¿Expulsaría Moreno Bonilla a esta población británica que, pese a sus años de residencia, no se ha molestado en aprender español? Todos sabemos que no. Los ricos o acomodados no le agreden; de hecho, se ha vivido un repunte de las Visas Oro con Málaga como la tercera provincia con más autorizaciones de España. Es mucho más probable que señalara a población marroquí o subsahariana, a pesar de que casi con total seguridad sí hablan el idioma y, a diferencia de la mayor parte de británicos que están jubilados, cotizan.

El idioma o la afinidad cultural son pretextos de las derechas para negar la residencia a quienes vienen en situación de vulnerabilidad, huyendo de conflictos o de situaciones de pobreza extrema en los que, para colmo de males, el Norte global suele estar implicado, si no es el detonante.

Las mentiras e hipocresía del PP se entremezclan con sus contradicciones. Los últimos datos oficiales del Observatorio Argos revelan que la mayor parte de empleos que realizan los miles de cotizantes extranjeros en Andalucía se enmarcan dentro de la hostelería, la agricultura, la construcción o servicios domésticos. ¿Se imaginan el impacto en la economía andaluza si se aplicaran las medidas suscritas por Moreno Bonilla?

Ya no digo en turismo, que es el gran motor económico andaluz, si analizamos el impacto de la Declaración de Murcia en el sector agrario, el descalabro económico es supino. El peso de la agricultura al PIB andaluz ronda el 6,5%, más del doble que la media española. La expulsión de la mano de obra migrante que estorba a las derechas se traduciría en la paralización de la actividad, como pudimos comprobar con los ataques racistas de Torre Pacheco (Murcia), que afectaron a la campaña del melón.

Y hete aquí una de las grandes contradicciones de las derechas: no es que no quieran inmigrantes en absoluto, es que sólo los quieren para desempeñar las tareas más duras o ingratas, por lo general, en régimen de explotación laboral que roza la esclavitud. La mejor prueba de ello es la permisividad por parte de la Junta de Andalucía de los asentamientos de temporeros de Huelva o Almería que, incluso, el relator sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Olivier de Schutter, denunció y calificó de “deplorables condiciones”.

Este cinismo tan generalizado en las derechas –y no hablo sólo de partidos políticos- viene avalado por la impunidad del racista. Una reciente investigación financiada por Journalism Fund Europe, publicada por El Salto, revela que sólo en España, más de una treintena de casos de explotaciones agrarias en las que se identificaron abusos laborales en materia de salarios y horarios o, incluso, prácticas de esclavitud moderna, continúan percibiendo fondos de la PAC (Política Agrícola Común). En algunos casos, incluso, después de la condena, mientras se cumplía la sentencia.

No nos sobran personas migrantes, nos sobran racistas y fascistas, aquí en Andalucía y en España.