La derecha trata de colocar a la migración en el centro del debate público en España, utilizando a los extranjeros como un elemento clave de su estrategia electoral. Tras las polémicas medidas de Vox (que incluían la expulsión de migrantes irregulares, de quienes cometan delitos o "pretendan imponer una religión extraña"), el PP ha seguido una línea algo más moderada pero similar, ahora anunciando una propuesta de un visado por puntos a migrantes, que "refuerza la idea de que las personas migrantes deben "merecer" para tener derechos básicos", según denuncia Regularización Ya a Público.

Este domingo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado la Declaración de Murcia, un documento que recoge las propuestas de su partido sobre política migratoria, con medidas como un visado por puntos que favorezca la afinidad cultural, recompense a los países de origen que cooperen con el control migratorio y relacione las prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la "búsqueda activa de empleo". Cuanto mayor sea la puntuación acumulada por cada migrante, más posibilidades habría de poder acceder al país.

Esta medida no es nueva entre los populares. Mariano Rajoy lanzó en 2008 una propuesta prácticamente calcada a la planteada por Feijóo. En ella también buscaba premiar las cualificaciones profesionales y los "vínculos históricos" de los países de origen de las personas. Sin embargo, Rajoy no la llegó a aplicar cuando llegó al poder en 2012. Ahora Feijóo vuelve a poner la propuesta sobre la mesa. Una medida que recuerda, en algunos aspectos, a sistemas ya vigentes en otras partes del mundo como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido o Alemania, aunque cuenta con diferencias importantes. 

Desde 2015 Canadá aplica el Express Entry, que clasifica a los candidatos según edad, educación, experiencia laboral, idioma y oferta de trabajo, premiando su capacidad de contribución económica y social. Cada pocas semanas el Gobierno canadiense realiza convocatorias para invitar a los mejores puntuados a solicitar la residencia permanente, el umbral de puntuación necesario cambia según los cupos que haya disponible en cada tanda. Un sistema prácticamente calcado al que ya operaba en Nueva Zelanda desde 1991 y en Australia desde 1999, basado en criterios que buscan cubrir necesidades del mercado laboral, sin condicionar la permanencia a la política del país de origen ni la integración cultural. 

El Reino Unido, tras el Brexit, introdujo en 2021 un sistema de puntos que prioriza sectores con escasez de mano de obra. Para poder acceder, los migrantes tienen que cumplir con requisitos como no tener antecedentes penales y llevar a cabo pruebas de salud requeridas para el puesto de trabajo al que se postulan. Mientras que Alemania evalúa desde 2020 la formación, experiencia y conocimientos lingüísticos, dejando de lado factores subjetivos como la edad o la cultura similar, para la entrada de migrantes. Las conocidas como Chancenkarte (Tarjeta de Oportunidad) se conceden por un año para buscar trabajo. Luego, si se encuentra empleo adecuado, se puede cambiar a otro permiso de residencia más duradero.

Los modelos internacionales vigentes también han recibido críticas por diferentes motivos. En 2021, Nueva Zelanda vivió movilizaciones en las que empresarios y trabajadores migrantes exigían una reforma de este visado ya que consideraban que se excluía a perfiles calificados del sistema de puntos, denunciaban la falta de acceso a prestaciones por desempleo y la incertidumbre sobre la residencia permanente. En respuesta a la presión social, el gobierno neozelandés introdujo este mes dos nuevas vías de residencia para trabajadores calificados, técnicos y artesanos. 

En el Reino Unido, organizaciones como Refugee Action, Save the Children y Oxfam han enviado una carta al Gobierno instando a que dejen de "culpar a los migrantes" con sus medidas de control de fronteras y, en su lugar, se centren en abordar los problemas estructurales más profundos del país, como la creciente desigualdad, la falta de acceso a la vivienda o la crisis climática.

En Canadá, un estudio de 2020 señaló que Express Entry tiende a reducir la diversidad de puestos, favoreciendo perfiles más comunes y dejando a un lado habilidades que son menos habituales pero igualmente importantes. También en Alemania han surgido críticas de las organizaciones de migrantes ya que a diferencia de otros modelos como el canadiense, la tarjeta alemana no garantiza residencia permanente desde el principio.

La gran diferencia de la propuesta del PP frente a estos otros modelos internacionales radica en su componente subjetivo. Los sistemas extranjeros actuales usan criterios medibles como la educación, idiomas o empleo pero no factores explícitos como una "cultura" próxima, como mencionó Feijóo. La ONG Accem ha expresado, en declaraciones a Público, su preocupación ante esta medida ya que consideran que "es complicado medir de manera objetiva la capacidad de integración". Consideran que los criterios propuestos son "subjetivos y difíciles de acreditar", lo que podría dar lugar a "interpretaciones arbitrarias" en su aplicación.

Es complicado medir de manera objetiva la capacidad de integración

La organización destaca que, aunque existen diferencias en los procedimientos para obtener la nacionalidad española según el origen cultural, como en el caso de personas provenientes de Iberoamérica, Filipinas, Portugal, Andorra o de origen sefardí, "centrarse únicamente en la afinidad cultural podría no responder a las necesidades reales del mercado laboral". Por ejemplo, en el sector agrícola, predominan trabajadores de origen magrebí y subsahariano, mientras que en sectores como los cuidados o la hostelería hay una mayor presencia de personas latinoamericanas.

El sistema por puntos que defiende Feijóo también condicionaría la entrada de migrantes a su disposición para trabajar en sectores con déficit de mano de obra. Si bien, tal y como explican a Público fuentes de Accem, la normativa española actual ya establece este criterio. "Los permisos temporales de residencia y trabajo ya dependen de las necesidades del mercado laboral: se conceden cuando faltan trabajadores para cubrir ciertos puestos. Además, existen otros mecanismos para responder a estas demandas, como la contratación colectiva en origen, los permisos para trabajadores temporeros o los visados de búsqueda de empleo", apuntan.

Feijóo ha subrayado que el sistema también "computará el compromiso de los países de origen con la política migratoria", de modo que aquellos que colaboren podrían ser "recompensados". Esta medida se suma a otras propuestas incluidas en la Declaración de Murcia como la expulsión de extranjeros que cometan delitos sexuales, de reincidentes en delitos "aunque sean leves" y la vinculación de la permanencia en España a la contribución económica.

Regularización Ya ha declarado a este medio que este tipo de visados no solo son "excluyentes", sino que perpetúan "un modelo de migración utilitarista". "Las personas no deberían ser evaluadas por puntos ni por cercanía cultural, sino reconocidas como sujetos de derechos. Regularizar no es una concesión: es una deuda con quienes ya sostienen con sus trabajos los puestos más precarizados e invisibilizados en España. Se está instrumentalizado la inmigración como arma electoral, reproduciendo discursos que estigmatizan y criminalizan", denuncian.

 Se está instrumentalizado la inmigración como arma electoral, reproduciendo discursos que estigmatizan y criminalizan

Además, señalan que con este discurso se vuelve a ignorar que muchas personas migrantes "están en situación irregular por fallos estructurales del sistema, no por elección", ya que consideran que "se invisibiliza el arraigo real de miles de personas" que viven, estudian, trabajan y cuidan en España sin reconocimiento legal, "expuestas a abusos y violencia".

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En su comparecencia, el líder del PP hizo un amago de distanciarse de Vox al defender una España “abierta y acogedora”, aunque la propuesta presenta a los extranjeros como un problema a controlar, merecedores de quedarse solo si cumplen ciertos requisitos de integración y contribución económica. "No nos van a encontrar en la política de que entre quien quiera, pero tampoco hay que echarlos a todos. Ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox. Ninguno de los dos extremos es verdad y, en consecuencia, la solución no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar. Es poner orden y aplicar la legalidad de una vez por todas", ha añadido el presidente del PP.

Feijóo ha criticado que el sistema actual "no es razonable", ya que en la actualidad son "muchos miles" los migrantes que pueden entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

Críticas del Gobierno

Las críticas por parte del Gobierno no se hicieron esperar. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el 83% de los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) son españoles y el resto está conformado, en su mayoría, por familias con menores a cargo. La ministra ha asegurado que estas "propuestas, por llamarlas de alguna forma" muestran "un total desconocimiento" porque "forman parte de la política migratoria del Gobierno de España" y ha criticado que el presidente del PP diga que las personas migrantes "vienen a nuestro país a cobrar una paguita del Estado" y se haya referido en concreto al IMV cuando la gran mayoría de sus perceptores son españoles. Además, ha recalcado que para acceder a esta prestación ya se exige contar con una residencia legal de más de un año en España, así como para el resto de prestaciones de la Seguridad Social, que también exige un periodo de tiempo de residencia previo en el país.

Asimismo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, calificó la propuesta del PP de "auténticamente inconstitucional" y reclamó la regularización inmediata de medio millón de personas migrantes. "El programa del Partido Popular es el de Vox", afirmó Díaz, asegurando que la Declaración de Murcia "no respeta el mandato constitucional ni los compromisos internacionales de España". Para la vicepresidenta segunda, "la mejor defensa es garantizar que las personas trabajadoras migrantes que están hoy en España tengan derechos. Por tanto, regularización ya".