El Observatorio Permanente de la Inmigración ha publicado este martes la cifra de autorizaciones de residencia concedidas a inversores, las conocidas como visas oro, desde su creación, en 2013, hasta que fueron eliminadas, el pasado 3 de abril. El Gobierno había anunciado su derogación un año antes, en abril de 2024, lo que tuvo un efecto llamada: las solicitudes se multiplicaron para acogerse a los beneficios de las visas antes de que desaparecieran. Con los números finales, entre marzo de 2024 y marzo de 2025 los permisos concedidos se dispararon un 47,33%.

En ese intervalo, los extranjeros procedentes de América del Norte –el Observatorio no publica las cifras por nacionalidades– que consiguieron una autorización a cambio de invertir en inmuebles crecieron un 92,6%, casi se duplicaron. Un alza que duplica el de las concesiones a europeos no comunitarios –un 44,6%– y asiáticos –un 38,6%–.

Desde que la Ley 14/2013, la conocida como Ley de Apoyo a los Emprendedores, creó esta figura, España ha concedido 151.809 permisos de residencia, según los datos recién publicados por el Observatorio, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No sólo a cambio de inversiones. También se otorgan a directivos de empresas y profesionales altamente cualificados, investigadores, emprendedores y, desde 2023, también a teletrabajadores. Con el mismo procedimiento se aprueban las tarjetas azules, los permisos de la UE para atraer talento de terceros países.

Pero la figura que suscitó polémica desde el principio fue la que concernía a los inversores. El 94,5% de ellos solicitaron el permiso de residencia a cambio de una inversión inmobiliaria. También se puede pedir a cambio de comprar deuda pública, o invertir en fondos de inversión o en empresas, pero apenas 1.102 personas lo han hecho en los 12 años de vida del mecanismo. A cambio de comprar un inmueble con un valor mínimo de medio millón de euros, o invertir dos millones en deuda pública, o un millón en acciones o meter esa misma cantidad en un depósito bancario, un extranjero no comunitario conseguía la residencia temporal –tras cinco años podía convertirse en permanente–, moverse dentro del espacio Schengen sin necesidad de visado y no tenía por qué fijar su residencia fiscal en España.

El motivo alegado por el Gobierno para eliminar las visas oro fue que el aumento de la compra de inmuebles por extranjeros ejercía "una presión excesiva sobre la demanda de vivienda" en ciertos distritos y municipios, disparando los precios y "gentrificando" los barrios.

Un mecanismo en crisis

Además, las visas oro han sido siempre un instrumento bajo sospecha. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para "el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros", entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, en enero de 2024. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia subió el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España.

En cualquier caso, el número de permisos de residencia concedidos en virtud de la Ley de Apoyo a los Emprendedores empezó a subir con brío a partir de la guerra de Ucrania. Desde marzo de 2022 se han triplicado. Desde diciembre de ese año, crecían a un ritmo superior al 40% anual.

De las 151.809 autorizaciones concedidas, un tercio – 50.100–, son permisos a cambio de inversiones. Para directivos y personal altamente cualificado se han otorgado 44.388 en 12 años, el 29%, y el 21% –32.578– han sido para teletrabajadores internacionales, aunque en sólo dos años. Para investigadores ha habido apenas 8.407 autorizaciones, un 6%, y para emprendedores, 4.453, un 3%.

Un imán para los teletrabajadores

Como se ve, España es un potente imán para los teletrabajadores extranjeros. En junio de 2023 sólo se habían concedido permisos de residencia a 2.000. Un año más tarde, ya eran 17.402. Se habían multiplicado por nueve. Sólo nueve meses más tarde ya se había duplicado la cifra. El 59,3% de ellos procede de otros países europeos no comunitarios. Asiáticos sólo son el 7,4%. De América, el 28,2%.

Entre los directivos, en cambio, la mayor parte –el 47,4%– procede de América Central y del Sur, un total de 21.032 personas, el doble de los europeos no comunitarios –10.722–. Entre los investigadores también son mayoría los americanos, el 37,5%, por sólo 765 europeos de fuera de la UE.

El Observatorio publica también dónde han preferido asentarse los extranjeros tras conseguir un permiso de residencia de este tipo. El 31% –47.602– vive en Barcelona, más que en Madrid –36.519, el 24%–. La tercera provincia es Málaga, con el 11% de las autorizaciones, mientras que un 15% ha optado por Valencia –12.070– y Alicante –10.462–.