Morir bajo gobiernos del PP

¿Recuerdan a Manuel Lamela? Déjenme que les refresque la memoria. 

La carrera política de este abogado del Estado burgalés alcanzó altura a partir de 1997, cuando fue nombrado Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Ministerio que dirigía entonces Loyola de Palacio. A principios de 2003 fue nombrado director de gabinete de Rodrigo Rato, ministro de Economía, señor de las tarjetas black, grande de la apropiación indebida y marqués del blanqueo de capitales. A finales del mismo año, Lamela pasó a integrar el equipo de otra aristócrata del Partido Popular, Esperanza Aguirre, quien le reclamó para ocupar la Consejería de Sanidad y Consumo en la Comunidad de Madrid, que por entonces ya presidía la Condesa consorte de Bornos gracias al memorable Tamayazo, es decir, a la presunta compra de dos diputados del PSOE madrileño.

¡Ah, Lamela y la nobleza del PP! Sigamos. Desde la susodicha Consejería don Manuel se empleó muy a fondo para cumplir con las dos tareas que la Condesa le había encomendado: reducir las listas de espera y construir hospitales a troche y moche. Lo primero lo logró ideando una ingeniería contable con la que ninguna otra autonomía podría competir. Y no porque fueran menos los pacientes en espera, sino porque generó unas métricas imposibles de homologar. La excepción madrileña, hoy llamada libertad, consiste justamente en esto: en hacer más trampas que nadie. Lo segundo, hablando de trampas, lo consiguió con 2.280 millones de euros del erario público a los que optaron, esencialmente, empresas constructoras, algunas de ellas protagonistas de los seriales Púnica y Gürtel. Sobrecostes, caos financiero y un canon que seguimos pagando todas las madrileñas y madrileños soportaron aquel esquema de obra pública y clientelismo centrado en el negocio de la salud; siendo la salud una mera y muy lucrativa excusa para hacer negocio.

Lamela inició una ofensiva -la primera de muchas otras que vendrían más tarde- consistente en la privatización de todos los servicios no sanitarios que se daban en los hospitales de Madrid. Conforme se ponía de manifiesto que los siguientes pasos de su consejería se encaminaban a la privatización completa de la sanidad pública, y conforme las críticas arreciaban en su contra, Lamela decidió desviar la atención promoviendo una cacería contra el doctor Luís Montes, el coordinador de las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Denuncias anónimas y acusaciones que el tiempo y la justicia demostraron ser falsas, se vertieron contra un honorable médico anestesista. Como consecuencia inmediata, comenzaron a disminuir las sedaciones que facilitaban la muerte, evitando sufrimiento innecesario, de los pacientes terminales en la sanidad pública de Madrid.

Resumiendo: para desviar la atención sobre su plan privatizador, el consejero Lamela dio pábulo a las denuncias anónimas que acusaban a Montes y otros 14 médicos de haber practicado hasta “400 homicidios” en las urgencias del Severo Ochoa de Madrid. La reacción de la sociedad civil acabó con su trayectoria al frente de esta consejería, pero Luis Montes nunca fue restituido en su puesto. Lamela pasó al sector privado y en él continúa, dando sus servicios como abogado a, especialmente, clientes vinculados a los sectores agropecuario y sanitario. El otrora consejero ocupa más de una veintena de cargos en diversas sociedades. ¡Oh, sorpresa! 

Aquí mi compañero Henrique Mariño cuenta que Montes aseguraba: "Cuando la ciudadanía pierde la confianza en la sanidad pública, es el momento de desarmarla para que desaparezca".  Cualquiera que viva en Madrid sabe que en esa tarea se afanan los populares que nos gobiernan desde los tiempos de Lamela. Pero quizá son muchos menos los ciudadanos y ciudadanas que han tomado en algún momento conciencia de las consecuencias que las falsas acusaciones contra Luis Montes han tenido en el modo en que morimos en los hospitales de Madrid.

Pues bien, morimos en condiciones manifiestamente mejorables por la negativa de muchos médicos a dispensar una sedación paliativa cuando ya no hay rescate terapéutico posible, lo que supone un sufrimiento indecible para pacientes y familias. En la mencionada entrevista, Montes decía: “La incorporación de la tecnología y determinadas prácticas conllevan mucho sufrimiento cuando la muerte es inevitable. Entonces nos planteamos una sedación paliativa terminal, que es evitar el sufrimiento en ese tránsito, que he considerado una buena práctica médica y que se ha hecho siempre”.

Se había hecho siempre, hasta que Lamela propició la persecución injustificada y cruel de los médicos del Severo Ochoa. Desde entonces, al menos en una medida muy importante, se ha dejado de hacer.

Recientemente he acompañado a un familiar durante el trance de su muerte en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Mi tío Germán ha muerto con 52 años y un historial de vida y salud complejo, el propio de un enfermo politoxicómano que rehuía completar los tratamientos que hubieran estabilizado su salud y quien sabe si proporcionado una esperanza de vida mayor. Desde el momento en el que se evidenció que no había alternativa terapéutica a su situación, es decir, que iba a morir, hasta que se le comenzaron a administrar paliativos, pasaron seis días y seis noches de dolores y angustia. Seis días y seis noches en los que no dejamos, al principio de pedir, después ya de demandar de la manera más enérgica, que se pusiera punto y final a su sufrimiento, y al nuestro. Dio igual; fuimos víctimas del “efecto Lamela”. 

Las cosas tienen consecuencias. No son solo pacientes hospitalarios quienes mueren sin recibir los paliativos que precisan. Es imposible no ver la relación que existe entre el “efecto Lamela” y los ‘protocolos de la vergüenza’. No seamos ingenuas.

Estoy convencida de que los muertos en residencias durante la pandemia sin asistencia sanitaria por decisión alevosa de Isabel Díaz Ayuso, última descendiente en el poder de la Condesa de Bornos y su legado privatizador, abundan en un modo de proceder que, si no lo evitamos, está a punto de constituir en esta autonomía “la normalidad”. Cuando Ayuso afirmó en sede parlamentaria que los mayores de las residencias “se iban a morir igual”, no solo reconoció que los protocolos de la vergüenza existieron -después de haberlo negado durante meses- y cuáles fueron sus consecuencias, también nos hizo a todas y todos una advertencia. En el Madrid del PP no vamos a morir con dignidad, sino como quienes nos gobiernan quieran. Y quienes nos gobiernan desde los tiempos de Lamela hacen negocio con nuestra salud, lo hacen cuando la tenemos y lo hacen cuando carecemos de ella. El novio defraudador de Díaz Ayuso es el epítome de una trama arraigada y compleja. Nuestras vidas importan exclusivamente cuando se puede hacer negocio con ellas; quedó muy claro en pandemia.

La única buena noticia con relación a todo esto que les cuento es que los médicos tienen la obligación de tomar en cuenta nuestra voluntad siempre y cuando conste en un documento de “instrucciones previas” que uds. pueden descargar aquí. 

No lo pospongan. Exijan a las administraciones públicas que tomen en consideración su voluntad cuando llegue la hora de su muerte; exijan que les tengan en cuenta. La aprobación de la Ley de Eutanasia en 2021 fue el resultado de una demanda constante de la sociedad civil canalizada a través de organizaciones como ‘Derecho a Morir Dignamente’ . Solo la presión ciudadana borrará de una vez por toda la tétrica sombra que hoy sigue proyectando el nefasto exconsejero Lamela. Las luchas por la muerte digna son también el lugar desde el que seguir presionando para que las muertes de mayores en residencias durante la pandemia tengan consecuencias políticas y jurídicas. En sociedades administradas por elites crueles bajo el paradigma neoliberal, también tenemos la obligación de luchar por morir dignamente mientras sigamos con vida.