Morir en la playa por arañar unos euros

Los ahogamientos en playas se toman a la ligera, demasiado, sobre todo si se tiene en cuenta que sólo el fin de semana pasado perdieron la vida por ahogamiento al menos 13 personas, diez de ellas en algún arenal, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Se lo toman a la ligera las Administraciones Públicas y el público en general, como muestran casos como el del imprudente que el pasado sábado se bañó con bandera roja en la playa de Santa Bárbara de La Línea de la Concepción (Cádiz) y con su comportamiento irresponsable provocó que el socorrista que le salvó la vida terminara hospitalizado. De no ser por este profesional, habrían sido 11 los fallecidos.

Si sumamos los ahogamientos en todos los espacios acuáticos (playas, piscinas, ríos, embalses…) en lo que va de año superamos los 150, el año más letal. Si fijamos la mirada en una de las joyas de nuestra corona turística, las playas, resulta sorprendente que ante estas cifras las Administraciones Públicas no estén a la altura. Hace años que los y las socorristas sufren precariedad, tanto en sus condiciones salariales como en la dotación de recursos para ejercer su labor.

Si los ahogamientos se toman a la ligera, la figura del socorrista se menosprecia. No se trata de niñatos que lucen el cuerpo y se sacan un dinero extra en verano. Son profesionales formados con un nivel de responsabilidad que debería destacarse, porque más allá de curar picaduras de medusa, vigilan a centenares de personas en playas cada vez más masificadas sin que aumente proporcionalmente el número de efectivos de socorrismo.

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Ariadna B. Cruz

En Málaga, que es la tercera provincia andaluza con más ahogamientos, se registraron el año pasado 18 muertes en sus playas. Junto a Torrox y Fuengirola, Málaga capital es una de las localidades que registra mayor siniestralidad. ¿Qué se ha hecho desde el Ayuntamiento, que es quien tiene competencias para licitar el servicio de socorrismo? Pues entre otras cosas, tal y como denuncian los propios socorristas, no dotarlos de medios materiales suficientes para prestar su servicio, que no es otro que salvar vidas.

La situación es tan grave, tal y como expone el sindicato CGT, que los y las socorristas han ido a la huelga -con movilizaciones que vienen del pasado otoño-, visibilizando problemas como las deficiencias en las torretas de vigilancia, algunas de ellas, incluso, inestables, además de que les deja expuestos al sol abrasador. El servicio, como es norma habitual, está privatizado, concretamente en la UTE Servicios Socio Sanitarios Generales Andalucía, S.L., y Atlantic Emergency, S.L. Un contrato atado y bien atado, porque el importe supera los 2,7 millones de euros por tres años, pero con opción a prorrogar otros dos más.

Ante la huelga que, a fin de cuentas, denuncia el riesgo en el que se encuentran los y las bañistas porque quienes han de cuidar de su bienestar no cuentan con medios suficientes, la adjudicataria ha optado por despedir a seis de los ocho miembros del comité de huelga. El sindicalismo vuelve a ser, como en los tiempos más oscuros, una práctica de riesgo.  La UTE alega que no se han respetado los servicios mínimos, pero hete aquí que éstos no han sido decretados, porque la competencia para hacerlo es de la Junta de Andalucía y Juan Manuel Moreno Bonilla anda estos días cortejando a Vox.

Los socorristas de la capital de la Costa del Sol no están demandando más dinero sino contar con mejores torretas, disponer de más motos acuáticas o un mayor número de desfibriladores. No parece que sean exigencias ante las que el Ayuntamiento debiera remolonear. Pero lo hace. Mientras, se incrementa el riesgo para bañistas locales y turistas, éstos últimos para los que el regidor ha puesto en venta la ciudad.

Este fenómeno de no otorgar la debida atención a los socorristas lleva demasiado tiempo teniendo lugar. Recuerdo hace años, en un reportaje que realicé sobre el servicio de socorrismo en Rincón de la Victoria (ciudad dormitorio de Málaga), que los propios socorristas denunciaban que sus turnos sin relevo eran tan maratonianos que debían orinar en una botella en la propia caseta. Todavía a día de hoy, ese municipio arranca el servicio de socorrismo a las 12:00, hora en la que las autoridades sanitarias recomiendan no exponerse al sol. Málaga, al menos, adelantó el servicio a las 10:00 de la mañana, pues desde primera hora ya hay actividad playera.

Como veíamos la semana pasada con los bomberos forestales, se trata de una cuestión de dinero. La lectura que hacen los alcaldes cuando no adelantan la hora de vigilancia o incrementan la distancia entre torretas es que, si no ocurren demasiados incidentes, el ahorro es sustancial. Ahora bien, ¿quién le explica ese planteamiento a quien pierde a su hijo o a su esposa en la playa porque no se atendieron las demandas del servicio de socorrismo?

A estas alturas y viendo el estado en que especialmente las derechas tienen la sanidad pública no debiera sorprendernos que se escatime con nuestras vidas. De hecho, a nadie le coge a contrapié, pero precisamente por ello no hay que dejarlo de denunciar. Málaga no es una excepción, ni en cuanto a precariedad del servicio ni en cuanto a la persecución sindical. Barcelona anda esos días en una situación similar.

Quienes mercantilizan con ciudades como Málaga, sometiéndolas a la turistificación y menospreciando a los y las vecinas que construyen los barrios, venden una excelencia turística que hace aguas. Como sucede en la hostelería, en el socorrismo se explota a la clase trabajadora y se le exigen los más elevados niveles de profesionalidad. La diferencia es que lo que está en juego no es una caña mal tirada, son vidas humanas.