La ciencia es el padre del conocimiento, pero las opiniones son las que engendran la ignorancia- Hipócrates.

La situación cada vez más desastrosa de nuestro sistema sanitario público es patente. Listas de espera, dificultad de ser visto por un profesional, diagnósticos tardíos… forman parte ya del día a día de los ciudadanos. Pero para entender un sistema sanitario y su buen o mal funcionamiento es fundamental entender la economía en la que se sustenta. Suele ocurrir que esta información se presente con conceptos y expresiones difíciles de comprender, algo que a menudo se hace de forma deliberada para ocultar la ineptitud o malicia de quienes toman las decisiones económicas. Es por eso por lo que en este artículo queremos explicar, de forma clara, qué está pasando con la financiación y gestión económica de nuestra sanidad.

En primer lugar, es necesario aclarar que desde el año 1997, en que el Gobierno nacional, entonces encabezado por el PP de José María Aznar, pone en marcha la Ley 15/97 con el apoyo de la casi totalidad del arco parlamentario y las principales centrales sindicales, que abre la veda para la contratación de servicios de la sanidad pública con entidades privadas. Desde este momento una de las formas de gestionar la sanidad pública es la conocida como “colaboración público-privada”, que engloba una serie de técnicas contables y contractuales que hacen que, a día de hoy, buena parte de los servicios que se prestan desde las comunidades autónomas (CCAA), en la práctica estén en manos del sector sanitario privado, a su vez, controlado en buena medida por grandes fondos de inversión extranjeros.

Aclarado este punto, queremos poner el foco sobre los datos más recientes de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), publicados el 11 de abril de 2025 y que hacen referencia al año 2023. En concreto, es conveniente observar los datos de la Comunidad de Madrid, por ser esta una región a la vanguardia de las estrategias de privatización encubierta. En primer lugar, si se observa el gasto sanitario público per cápita, se puede ver cuántos euros de dinero público destina esta Comunidad de media por cada ciudadano en el año: la Comunidad de Madrid es la segunda que menos invierte por persona: 1.719 euros.

Tan sólo Andalucía se sitúa por detrás de Madrid, con 1.648 euros. En contraposición tenemos a Euskadi como la comunidad autónoma que más invierte, 2.208 euros. Madrid gasta en sanidad 171 euros por persona menos que la media del país y 500 euros menos que la región que más invierte.

Esta situación no es exclusiva del año 2023. Si analizamos el puesto que ocupa la Comunidad de Madrid en relación con el resto de las CCAA en el período 2008-2023, vemos que se mantiene como la segunda comunidad que menos invierte por persona en sanidad pública.

No sólo es interesante ver cuánto dinero gasta cada CCAA en sanidad, sino también cuánto gasta en relación con la riqueza que posee. Esto se puede ver fácilmente si comparamos el gasto en sanidad con el PIB de la región en cuestión. Dicho de otro modo, qué porcentaje de la riqueza que se genera se convierte en inversión en gasto sanitario. Es notorio que Madrid, siendo la región con mayor PIB per cápita de España, también está a la cola en este indicador: solo invierte un 4,1% de su riqueza en sanidad, en comparación con la media nacional, que es el de 6,1%, o el 5,6% de Euskadi o el 7,1% de Andalucía, por comparar con las mismas regiones que en el ejemplo anterior.

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Parece, entonces, que en aquellos lugares donde los Gobiernos defienden e implantan con mayor agresividad la privatización sanitaria (bajo el eufemismo de “colaboración público-privada) se resiente de forma notable la inversión pública en sanidad. Es decir, la estrategia de privatización y el empobrecimiento de la sanidad pública son dos caras de la misma moneda, inseparables la una de la otra.

El deterioro progresivo de hospitales y centros de salud, con falta de recursos materiales y humanos, incluyendo el cierre de servicios, consultas y puntos de atención urgente en barrios y pueblos… es la consecuencia necesaria de la privatización y la desfinanciación que acarrea.

Ya no vale con utilizar el mantra de “incrementemos el gasto sanitario público de las CCAA” para resolver los problemas de la sanidad pública porque, en un alto porcentaje, estos recursos se transfieren a la sanidad privada a través de conciertos, convenios singulares, desviación de pacientes del sistema público a hospitales privados y mediante el modelo de colaboraciones público- privadas.

La lección parece clara: los datos hablan y a nosotros nos corresponde escucharlos y actuar en consecuencia. Si el deterioro de la sanidad pública ocurre tras una alarmante caída de la inversión pública en la misma, y esta caída es más acusada donde más salvajemente crece la privatización de servicios sanitarios mediante estrategias deliberadamente opacas y silenciosas, el objetivo es entonces claro: la derogación de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad y la ley 15/97 que permite la entrada del sector privado en el sistema sanitario público es primordial para poder tener una sanidad pública en las mejores condiciones posibles.

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Cualquier otra interpretación cargada de voluntarismo pero que obvie estas condiciones materiales y económicas parece inevitablemente encaminada a la frustración y la derrota. Son esta información y la voluntad de cimentar cualquier lucha en la generación de conocimiento las que deben permitir a las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de toda naturaleza que desean una transformación real de nuestra sociedad obtener un poder auténtico y eficaz para lograrlo.