Por Ana Vargas (Palencia).

Dado el escaso interés que suscita todo lo relativo a la cárcel y a sus forzosos inquilinos, es gratificante leer un texto (blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2017/12/31/de-mazmorra-a-centro-penitenciario/), de un ex preso y actual miembro de La Comuna.

El autor cuestiona con jugosa mala leche las supuestas mejoras que han experimentado las prisiones de este país. Su lectura me ha animado a escribir estas líneas. Pretendo con ellas llamar la atención sobre lo que califico como insoportables condiciones de vida de un buen número de personas presas, especialmente las que se aplica régimen de aislamiento, aquellas que se niegan a aceptar la tiranía de este régimen democrático y social de derecho, no tan distinto al que nos tocó sufrir durante el franquismo.

Las cifras no engañan: 152 personas murieron el año pasado en la cárcel, de ellas 23 se suicidaron. Cuando una persona encarcelada muere en extrañas circunstancias sistemáticamente se pone en marcha la maquinaria que impide realizar una segunda autopsia. Toda investigación es archivada.

Incontables son los casos de malos tratos físicos y psíquicos que sufre la población reclusa. Las vejaciones son el pan nuestro de cada día, la manera habitual de tratarlos. Y digo que son incontables porque rara vez el/la médico de prisión reconoce y acredita que esas lesiones sean provocadas por palizas del personal carcelario. Por supuesto estamos en lo que llaman democracia y esta gente siempre actúa con "proporcionalidad y profesionalidad". Como ya se sabe, son siempre las personas presas quienes agreden a sus cuidadores, colectivo sufrido donde los haya.

Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, lejos de velar por los derechos de la población reclusa, son meros ejecutores de las órdenes provenientes de la dirección de las cárceles. Solo así se explica que ni una sola denuncia por malos tratos haya sido investigada hasta el final y no se haya producido ninguna condena de personal carcelario por ello.

Los traslados, uno de los castigos más usados que provocan el aislamiento y desarraigo de las personas que lo sufren, son categóricamente denunciados por las personas presas que exigen cumplir condena cerca de familiares y amistades. Pues bien, ni aún muriéndose, la institución carcelaria cede a esta pretensión. A la vista está el listado de personas gravemente enfermas que debieran haber sido excarceladas conforme a los propios artículos recogidos en el Reglamento Penitenciario.

Ni las denuncias de sus representantes legales, ni las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, ni los constantes llamamientos al Congreso, Senado, SGIP..., hacen mella en la política de exterminio de este gobierno, representante de la peor versión de este sistema.

Algunas personas encarceladas se han cansado de que las maten, de que las machaquen, de ser zombis dependientes de la farmacopea carcelaria. Ponen su pellejo en juego y exigen que se esclarezcan todas las muertes ocurridas en prisión, cesen las torturas, los abusos y vejaciones; se excarcele a las personas gravemente enfermas, se dé un trato sanitario adecuado y se cumpla condena en las cárceles cercanas a su entorno familiar o donde tengan arraigo.

Desde diciembre del año pasado hasta el día de hoy se mantienen en huelga de hambre en Albocásser, Mansilla de las Mulas, Puerto 1, Puerto 3, Texeiro y Ponent y hay gente haciendo ayunos los 1 y 15 de cada mes en muchas cárceles del país. Algunos llevan más de dos meses en huelga. Es el caso de Carmen Badía Lachos, recluida en Ponent, enferma terminal de cáncer (y de cárcel), que lanza un llamamiento desesperado para que la trasladen de prisión, a ser posible a Zuera pero en cualquier caso fuera de las cárceles catalanas, donde la niegan todos sus derechos.

Creo que va siendo hora de hacer pública tanta ignominia. Es preciso sacar a la luz estas reivindicaciones y las causas que las motivan. Es vergonzoso que guardemos silencio ante tamaño atropello que sucede aquí al lado. Es sorprendente, cuanto menos, que exijamos cumplir críticamente con la Ley de Memoria Histórica y acabar con los agravios del pasado, desenterrando de una vez por todas a quienes aún se encuentran en las cunetas y exigiendo verdad, justicia y reparación, y miremos para otro lado cuando se trata de las muertes y torturas del presente.

¿Tendrán que transcurrir otros treinta años para pedir responsabilidades políticas por los muertos de la democracia?

PD: Para más información sobre este asunto os remito a boletintokata@yahoo.es, familiasfrentealacrueldadcarcelaria.noblogs.org y lavozdelxspresxs@riseup.net