La normalidad de la violencia fascista contra periodistas

Faltaban pocos días para Año Nuevo de 2003 cuando un grupo de ultraderechistas forzó la puerta del Casal Jaume I del barrio valenciano de Russafa, uno de los locales que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) tenía en la capital del Turia. En el periódico L’Avanç, un proyecto informativo autogestionado y en valenciano que un grupo de amigos habíamos puesto en marcha unos años antes, llevábamos ya un tiempo detrás de este grupo de extrema derecha que desde la Transición se dedicaba a atacaba impunemente cualquier local, acto o entidad que consideraban ‘catalanista’. Cada semana había ataques contra locales comerciales que rotulaban en valenciano, librerías, asociaciones culturales, sindicatos, concejales, colegios, profesores o sedes políticas. Sus militantes se presentaban habitualmente a reventar actos, desde festivales de cine en valenciano, encuentros de escolares que estudiaban en valenciano, presentaciones de libros o recitales de poemas. Una violencia tan habitual como impune que el delegado del gobierno Ricardo Peralta (PSOE) llegó a calificar una vez de fruto de la ‘normalidad democrática’.

Aquella noche de diciembre, los asaltantes, acostumbrados a la impunidad, no contaban con que les estábamos vigilando. Se les identificó, publicamos la noticia y al día siguiente uno de los cabecillas se presentó en el portal donde teníamos la redacción y fundió el timbre tras ver que nadie le abría. Nos llenaron varios días el patio de pintadas. Nos dejaban mensajes en el buzón y preguntaban por nosotros en los comercios de la zona. Nada de esto evitó que tres de los identificados en aquel asalto acabaran ante el juez, siendo condenados a un año y medio de prisión por un delito de robo y una falta de daños.

Hacer periodismo antifascista aquellos años, y más en una ciudad como València, que siempre tuvo fama de ser un oasis para la extrema derecha dada la impunidad de la que gozaba, no era tarea fácil. Éramos tan solo un puñado de periodistas amateurs veinteañeros al mando de un proyecto alternativo, y muchos de nosotros firmábamos nuestras piezas con seudónimo. La web del periódico tenía un foro muy activo donde habitualmente recibíamos todo tipo de amenazas por parte de la extrema derecha. Y descubrimos que algunas de estas tenían como origen una IP singular: la Jefatura Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en València. Denunciamos los hechos, la entonces diputada Isaura Navarro lo llevó a las Cortes valencianas, y hasta nos reunimos con el entonces delegado del Gobierno, pero nunca supimos quién nos había amenazado desde un despacho del CNP.

Así estaba la cosa hace más de veinte años en València, y a pesar de ello, nunca dimos ni un paso atrás. Eso no quiere decir que no tuviéramos miedo, que no nos sintiéramos solos o que no tomásemos nuestras precauciones. Tuvimos que hacerlo por pura supervivencia, pero entendíamos que no podíamos normalizar la violencia y el acoso de la extrema derecha, y que el periodismo debía servir también para frenarla. L’Avanç cerró unos años después, pero la mayoría de nosotros siguió haciendo periodismo.

Todavía no existía Vox, ni las redes sociales, y la extrema derecha no había conquistado tantas plazas en el mundo como ahora, pero sabíamos el potencial peligro que representaba. Por eso no le quitamos ojo. Nos había tocado lidiar con grupos neonazis y fascistas que, a pesar de ser marginales, ejercían la violencia de manera reiterada, también quienes los denunciábamos. Yo mismo fui agredido por varios fascistas mientras cubría una manifestación en 2017. Denuncié a los agresores y estos fueron condenados por ello.

Veinte años después de aquellas humildes investigaciones de L’Avanç, esa violencia y esa impunidad que entonces advertíamos se ha vuelto cada vez más habitual, más vehemente, más masiva y cobarde gracias a las redes sociales, y más aceptada por una parte de la sociedad que encuentra justificación en los discursos de odio y los señalamientos diarios que representantes políticos y propagandistas de la ultraderecha hacen todos los días desde sus atalayas. Hay que recordar que los y las periodistas hemos sido siempre objetivo favorito de los ultras, y me acuerdo hoy también de mi colega Jordi Borràs, fotoperiodista catalán agredido en 2018 por un fascista en plena calle al grito de ‘Arriba España’. Un fascista que, además, resultó ser inspector del Cuerpo Nacional de Policía, que ni siquiera fue apartado del cargo tras ser condenado por la agresión. Hoy milita en Vox y sigue insultando y amenazando en sus redes sociales. Me acuerdo también de mi amigo Joan Cantarero, que trabajó muchos años en Interviú y que incluso publicó un libro tras infiltrarse en el negocio de la prostitución del que participaban conocidos ultraderechistas.

Estos días ha habido muchas e imprescindibles muestras de solidaridad con Héctor de Miguel y Elena Reinés, dos comunicadores que han sufrido el acoso y las amenazas de la ultraderecha. Sarah Santaolalla lleva meses aguantando no solo insultos sino seguimientos hasta su trabajo y a su propia casa. A Rubén Sánchez, de FACUA, lo llevan frito, y ayer mismo publicaba la noticia de la detención de uno de los fascistas que lo amenazó por Whatsapp. Antonio Maestre ha llevado a juicio a varios neonazis que lo han amenazado, e incluso ha tenido que aguantar el acoso de los agitadores ultras mientras ejercía su trabajo, igual que la compañera Ana Pardo de Vera y otros colegas. Román Cuesta fue agredido por un grupo de ultraderechistas en la puerta de su casa tras desvelar la identidad de varios perfiles anónimos de la extrema derecha. A la periodista Laura Arroyo no solo la amenazan fascistas anónimos, sino que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan para Vox piden su deportación. Al periodista Moha Gerehou, lo amenazaron de muerte y simularon que lo subastaban por internet. Ganó el juicio hace unos años contra esos fascistas. Y como no, la compañera Cristina Fallarás, que lleva ya muchísimos años esquivando como puede las balas que le disparan los ultras cada vez que osa pronunciarse.

Esto no sucede solo en nuestro país. La acción intimidatoria y las amenazas fascistas contra periodistas se repiten en otros países. Hace unos años participé en un acto en Milán junto con el periodista italiano Paolo Berizzi, que ha escrito varios libros y bastantes artículos sobre la ultraderecha. Llevaba escolta para dar la charla. Lo mismo me contó la periodista francesa Salomé Saqué, autora del libro ‘Resistir’, que habla precisamente sobre cómo la extrema derecha estaba ganando una normalidad que ponía en riesgo la democracia y la seguridad de quienes la defendemos. Me confesó que acude a los actos con protección policial ante las amenazas de los ultraderechistas. La periodista feminista argentina Luciana Peker vive desde hace unos años en España debido a las amenazas de la extrema derecha. Y más recientemente, el profesor norteamericano Mark Bray ha tenido que exiliarse también en nuestro país junto a su familia tras ver su domicilio expuesto en redes y recibir numerosas amenazas de muerte por haber publicado un libro sobre antifascismo.

Hay muchos otros casos que posiblemente olvido, y muchos otros colegas que me confiesan recibir amenazas regularmente, pero que no lo denuncian y menos aún lo cuentan públicamente. La violencia fascista no es solo contra periodistas. Nosotros somos tan solo uno de sus tantos objetivos. Hay políticos, activistas, artistas, y por supuesto, colectivos determinados, que son víctimas constantes de su violencia, y muchos de ellos no cuentan con los altavoces que tenemos los periodistas. Una violencia que no debería ser normal en un contexto supuestamente democrático, pero lamentablemente se ha convertido en el pan de cada día. Ante esto, no somos pocos quienes alzamos la voz una vez más alertando del riesgo que corremos todas y todos si dejamos que este acoso se normalice.

Es imprescindible que no nos quedemos en el perfil anónimo ni en el chulo de mierda que monetiza el odio en su canal de YouTube. Hay quien pone la diana y alienta a sus seguidores a actuar, porque él nunca se mancha las manos, y cuando lo hace, es porque se sabe impune. Hay que empezar a preguntar al PP por el dinero que invierte en esos pseudomedios y agitadores que promocionan el acoso y señalan objetivos. Hay que señalar a esos periodistas y a esos medios que promocionan a los acosadores o que participan del escarnio a sus víctimas. Hay que preguntar al ministro del Interior qué demonios está haciendo para frenar esta ola de ataques, y hay que interpelar al resto de profesionales de la información que siguen poniéndose de perfil y hablando de ‘polarización’ para evitar hablar de fascismo.

Cada uno gestiona sus miedos como puede, y no se le puede exigir a nadie que ejerza de héroe ni de mártir. Pero sí podemos exigirnos a nosotros mismos un mínimo de responsabilidad ante este problema, que ni es nuevo ni es inofensivo, ni mucho menos, fruto de ninguna normalidad democrática. Hay que apoyar a todos y todas las que sean amenazadas por estos matones. Y exigir a las instituciones y al resto de la sociedad que no miren hacia otro lado. Por mucho que los acosadores se escuden en la supuesta libertad de expresión que ampara su odio y sus amenazas, y aunque la justicia ampare su impunidad, no tengamos miedo a plantarles cara. Mantengámonos juntos, juntas y firmes. No podemos regalarles más victorias.