Opinión
Por un nuevo vocabulario político

Por Héctor Illueca y Manolo Monereo
Doctor en Derecho y profesor de la Universitat de València / Escritor y analista político
Ocurre regularmente en política. Las palabras pierden su significado a medida que la realidad que designaban se transforma y evoluciona. Izquierda y derecha, conservadores y progresistas, globalización, europeísmo... ideas que un día sirvieron para interpretar el mundo y que hoy se han convertido en formulaciones vacías, palabras hueras que ya no permiten orientarse en política. “Categorías zombi”, las denominó hace mucho tiempo Ulrich Beck. Sombras lingüísticas que habitan en el pensamiento colectivo y se repiten mecánicamente, pero ya no dicen nada. Esquemas del pasado que ignoran los cambios históricos e impiden comprender los problemas fundamentales de nuestro tiempo. Se reciclan de manera acrítica en el discurso académico, en los medios de comunicación y, con mucha fuerza, durante las campañas electorales. Persistir en estos esquemas no es una mera cuestión terminológica, sino un obstáculo político de primer orden. Sin categorías adecuadas no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay posibilidad de transformación.
No estamos ante una crisis del lenguaje. Estamos ante la crisis de un proyecto histórico que ha organizado la vida pública durante casi dos siglos. La progresiva integración de las grandes organizaciones de la izquierda en el orden neoliberal, con la consiguiente aceptación de sus reglas económicas y políticas y la renuncia a construir una alternativa al capitalismo, ha vaciado de contenido el viejo vocabulario político. En la actualidad, la izquierda y la derecha comparten un consenso férreo sobre las estructuras fundamentales del poder económico y geopolítico: la Unión Europea y el sistema euro, la pertenencia a la OTAN y sus implicaciones en términos de rearme, militarización y confrontación con Rusia. En este contexto, la alternancia política se ha convertido en un mecanismo de gestión de un mismo orden estructural, manteniendo al margen del debate público las decisiones fundamentales que determinan el rumbo de la sociedad. La izquierda ya no se define por su proyecto, sino por su adversario; es decir, por aquello a lo que se opone: la derecha y la extrema derecha. El resultado es una política defensiva que encierra a los sectores populares en una alternancia sin alternativa.
Lo diremos de pasada y sin ánimo de entrar en un debate que ha hecho correr ríos de tinta: es la falta de un proyecto alternativo lo que ha determinado el desplazamiento de la izquierda hacia sectores sociales diferentes de aquellos a los que representó históricamente, en particular hacia las clases medias urbanas, con sus sensibilidades, prioridades culturales y formas de participación política. Al distanciarse de una perspectiva general de transformación de la sociedad, la izquierda fue perdiendo su vinculación orgánica con las clases trabajadoras, convirtiendo su intervención política en una amalgama de reivindicaciones particulares desprovistas de un principio articulador común. No se trata de contraponer, como se ha hecho en ocasiones, reivindicaciones materiales y derechos culturales, y menos aún de menospreciar las luchas sectoriales del feminismo o el ecologismo, por mencionar dos ejemplos. Se trata de que la izquierda ha perdido la capacidad de articular esas reivindicaciones en un horizonte global de transformación de las relaciones sociales.
Ahora bien, la existencia de consensos fundamentales sobre el funcionamiento del sistema no impide una intensa polarización política entre la izquierda y la derecha. Las diferencias existen y sería absurdo negarlas: son relevantes para millones de personas y tienen consecuencias concretas. El problema es que esta polarización es profundamente asimétrica y se produce alrededor de los temas que la derecha y la extrema derecha logran situar en el centro del debate público: por un lado, la corrupción, entendida como un problema estrictamente político mientras permanece en la sombra el poder económico, que manda gracias a ella sin presentarse a las elecciones; por otro, la inmigración, presentada no como un fenómeno complejo que impacta especialmente en las condiciones de vida de las clases populares, sino como el chivo expiatorio de todos los males sociales. Al condicionar de este modo los términos de la agenda pública, la derecha y la extrema derecha, con la complicidad del ecosistema mediático, obtienen una ventaja decisiva en la lucha por la hegemonía, determinando las cuestiones alrededor de las que se organiza la vida política.
La realidad, sin embargo, atraviesa la política rompiendo esquemas y trastocándolo todo a su paso. El desahucio de Mari Carmen Abascal y las movilizaciones por el derecho a la vivienda han reintroducido en la discusión pública cuestiones que habían sido desplazadas por la agenda dominante, ampliamente reproducida por los medios de comunicación. Como tantas veces a lo largo de la historia, el conflicto social desborda la agenda pública y la reorganiza alrededor de contradicciones materiales que sitúan en primer plano los intereses de los grandes propietarios, la especulación inmobiliaria, el modelo rentista y, finalmente, la centralidad del poder económico en la vida pública. Enfrente, un nuevo poder social con una agenda contrahegemónica que podría implicar con mucha facilidad una orientación socialista, cuya capacidad de intervención se ha puesto de manifiesto en dos acontecimientos de enorme significación: el adelanto electoral y, sobre todo, la convocatoria de una huelga general que sitúa al poder económico en el centro de la confrontación política. Grandísima novedad. Ni siquiera el 15M lo consiguió.
Decía Michael Hudson en un artículo especialmente lúcido que necesitamos un nuevo vocabulario político para describir las líneas de fractura que atraviesan hoy a los países europeos. Pues bien, la irrupción del conflicto social crea las condiciones para construir ese vocabulario a partir de las contradicciones reales que estructuran nuestras sociedades: la oposición entre democracia y oligarquía; entre capital y trabajo; entre soberanía popular y subordinación a poderes económicos y geopolíticos; y, en última instancia, entre reproducción del orden capitalista y posibilidad de superarlo en la perspectiva del socialismo. El nuevo vocabulario no surgirá de los debates entre las élites intelectuales y parlamentarias, sino de los conflictos sociales que han trastocado la agenda pública y están empezando a transformar nuestra realidad. Solo adquirirá verdadera fuerza cuando sea capaz de expresar un nuevo horizonte emancipatorio y contribuir a la construcción del sujeto político que lo haga posible. El viejo topo sigue excavando, paciente, obstinado, y se encamina hacia la recuperación del socialismo como proyecto histórico.
Continuará.
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