La ONU: una institución zombi para un mundo sin reglas

Esta semana se ha celebrado en Nueva York la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, un evento que siempre ha tenido algo de gran teatro de la política internacional. Durante unos días, jefes de Estado y de Gobierno se suceden desde una misma tribuna hablando de paz, cooperación, cambio climático, derechos humanos y respeto al derecho internacional mientras, fuera de esas paredes, el mundo funciona de una forma bastante diferente. Pero pocas veces la distancia entre ambas realidades ha resultado tan evidente como esta semana en Nueva York.

No es solo que Naciones Unidas parezca cada vez más impotente sino que su crisis es en cierta medida el síntoma de algo mucho más profundo: la descomposición de toda una arquitectura internacional de gobernanza que durante décadas se presentó como un orden basado en reglas, derechos e instituciones. António Guterres lo reconocía en su último discurso ante la Asamblea General al señalar que, mientras el poder mundial se está transformando aceleradamente, las instituciones internacionales siguen reflejando "las realidades y los intereses de poder de una época en gran medida pasada".

Quizás podamos pensar la crisis de Naciones Unidas a partir de aquello que el sociólogo Ulrich Beck denominaba "categorías zombis": conceptos heredados de otro tiempo que siguen caminando entre nosotros aunque hayan perdido buena parte de su capacidad para explicar una realidad que ya ha cambiado. La ONU se parece cada vez más a una institución zombi del viejo orden mundial: conserva sus edificios, sus cumbres, sus rituales, sus resoluciones y toda la escenografía de una legalidad internacional todavía formalmente vigente, mientras se vacía progresivamente su capacidad para someter el poder a unas reglas comunes.

Pero las instituciones zombis no dejan simplemente un vacío. De sus ruinas está emergiendo otra forma de organización del poder. Una de sus expresiones es lo que Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro denominan como paralegalidad: un espacio donde poderes estatales, privados y globales actúan crecientemente sin límites efectivos, seleccionando qué normas respetan, cuáles ignoran y sobre quiénes continúan aplicándose. De esta forma, la ONU sería así la institución zombi del viejo orden mientras la paralegalidad sería una de las formas políticas del mundo que está emergiendo del interregno en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer

Ursula von der Leyen reconoció hace unos meses con una sinceridad poco habitual: "Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y ya no volverá". La presidenta de la Comisión Europea se refería a un sistema internacional basado en normas erosionado por las guerras y la política de las grandes potencias, un mundo que "ha desaparecido y ya no volverá". El problema es que lo que parece surgir de sus ruinas no es necesariamente un orden internacional más democrático, sino uno donde las relaciones de fuerza tienen cada vez menos necesidad de legitimarse mediante normas comunes.

Pocos lugares permiten observar ese proceso de forma tan desgarradora como Gaza. La devastación del territorio palestino y las acusaciones de genocidio han atravesado nuevamente esta Asamblea. Guterres denunció el desprecio creciente hacia el derecho internacional y recordó que los mecanismos de gobernanza global se encuentran bajo una presión sin precedentes. Mientras el presidente Israeli –Benjamín Netanyaju– intervenía en Naciones Unidas a pesar de tener una orden de arresto en su contra por parte del tribunal penal internacional. La delegación palestina tuvo que recurrir a una intervención virtual después de que Estados Unidos impidiera, una vez más, la presencia de sus principales representantes. A pesar de que la Asamblea General autorizó esa participación por 152 votos frente a tres. La imagen resulta enormemente simbólica: Naciones Unidas continúa aprobando resoluciones y los tribunales internacionales siguen actuando, pero su capacidad para condicionar la conducta de los actores más poderosos es cada vez más limitada.

La novedad no consiste simplemente en la vulneración del derecho internacional, eso ha ocurrido durante toda la historia de Naciones Unidas y el viejo orden liberal nunca fue tan universal ni tan igualitario como pretendía presentarse. Estuvo atravesado por relaciones coloniales, intervenciones militares, golpes de Estado y dobles raseros. Pero necesitaba una cierta ficción jurídica y cosmética humanitaria. Había que construir una excepción, una amenaza inminente, una misión civilizatoria, una "guerra contra el terrorismo" o una intervención humanitaria que permitiera presentar la fuerza como defensa de una norma. Esa ficción parece estar desapareciendo.

Venezuela ofrece otra fotografía de ese cambio de época. Después de que Estados Unidos secuestrara a Nicolás Maduro a comienzos de 2026, Delcy Rodríguez asumió interinamente la presidencia. Ocho meses después acudía a Nueva York en plena negociación con Washington sobre petróleo, deuda, minería y entrada de empresas estadounidenses en sectores estratégicos venezolanos.  Manteniendo un encuentro con Trump que la propia Delcy calificó como "histórico", agradeciendo públicamente el respaldo estadounidense. Que todo esto ocurra mientras Maduro permanece encarcelado a unos kilómetros de la sede de Naciones Unidas dota a la imagen de una fuerza difícil de superar.

Cuba completa esa fotografía regional en donde la paralegalidad se está convirtiendo en la norma de actuación del imperio norteamericano en lo que considera como su "patio trasero". De este modo, desde la tribuna de Naciones Unidas, Trump calificó a la isla de "Estado fallido", aseguró que su Gobierno estaba ejerciendo sobre La Habana una presión sin precedentes y pronosticó abiertamente el fin de su sistema político, en un contexto de endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Mientras amenazaba a Irán con aniquilarlo –sobrevolando una vez más la amenaza atómica– si no alcanzaba un acuerdo. Una amenaza pronunciada por Trump desde el escenario de la organización creada precisamente para sustituir las relaciones internacionales basadas en la fuerza por un sistema de seguridad colectiva.

No estamos entrando simplemente en un mundo sin reglas. Estamos entrando en un mundo donde no todos tienen la misma capacidad para vivir al margen de ellas. Y mientras todo esto ocurre, la emergencia climática continúa avanzando. Guterres incluyó precisamente la crisis climática, junto con las guerras, la desigualdad y la concentración tecnológica del poder, entre las grandes fracturas de nuestro tiempo. Para el secretario general no son crisis independientes, sino capítulos de una misma historia: quién tiene el poder, cómo lo ejerce y quién queda excluido de él.

La paradoja resulta difícil de ignorar. Afrontar el cambio climático y la crisis ecológica exige cooperación internacional, planificación a largo plazo, instituciones comunes y redistribución de recursos. Exactamente lo contrario de un sistema internacional que parece desplazarse hacia la competición imperialista por los recursos escasos, el rearme, el unilateralismo y un gigantesco sálvese quien pueda.

Los más ricos pueden comprar seguridad, proteger inversiones o trasladarse. Los Estados más poderosos pueden disputarse recursos, rutas comerciales y áreas de influencia. Las grandes corporaciones pueden transformar incluso las crisis en nuevos espacios de acumulación. Mientras que para buena parte de la población mundial quedan la inflación, las guerras, las migraciones forzadas, las sequías, las inundaciones y una arquitectura de derechos cada vez más frágil.

Por eso la crisis de Naciones Unidas es mucho más que una crisis institucional. Es también la crisis de una de las promesas fundamentales del orden liberal: que incluso el poder debe estar sometido a reglas. El viejo orden mundial está muriendo. En eso Von der Leyen probablemente acertaba. La cuestión es qué ocupará su lugar.

Porque de sus ruinas está emergiendo un sistema todavía más jerárquico, autoritario y desigual, donde la fuerza determina –cada vez más abiertamente– quién puede saltarse las reglas y quién debe obedecerlas. Pero la desaparición de un orden tampoco determina inevitablemente el siguiente. Abre una disputa.

Quizás esa sea la verdadera cuestión que sobrevuela esta Asamblea General. No cómo restaurar nostálgicamente un viejo mundo que nunca fue tan democrático como decía ser, sino cómo impedir que su descomposición sea aprovechada exclusivamente por quienes ya concentran el poder. 

Ante la revuelta de los privilegiados que intenta convertir la crisis en un nuevo régimen de arbitrariedad paralegal, la gran incógnita de nuestra época es si los pueblos serán capaces de recuperar las riendas de sus propios destinos. Y si esa respuesta llega, probablemente se parecerá bastante más a una revolución democrática del orden existente que a la restauración nostálgica de un mundo que, como reconoció Von der Leyen, ya no volverá.