Imaginen que son autónomos o autónomas (seguro que no les resulta complicado) y que crean una trama para ganar contratos públicos con algun@s de sus competidor@s. Imaginen que les denuncian, les juzgan y le imponen una multa ridícula comparado con el montante que sacaron con los apaños... y, por último, imaginen que, como andan cortos de efectivo, esa misma Justicia les suspende le sanción. Sí, lo sé: su imaginación no alcanza a tanto porque, sencillamente, es una situación inimaginable... salvo si en lugar de ser autónom@, eres una empresa. Entonces, cheque en blanco.

En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destapó una trama empresarial que se repartía los contratos de informática con la Administración Pública. Entre las compañías que llevaban a cabo estas prácticas mafiosas figuraban algunas de las más grandes, como Indra, SAG, Atos Origin, IBM, Everis Spain o Accenture. La multa que se impuso, como suele ocurrir en estos casos, fue ridícula: no llegó ni siquiera a 30 millones de euros, a pesar de que la trama llevaba 15 años repartiéndose el pastel, pactando precios e intercambiando información para encarecer la contratación pública, es decir, estafando a toda la ciudadanía que con tanto esfuerzo paga impuestos.

Indra y SAG fueron consideradas las instigadoras de la trama y, en consecuencia, su multa fue superior, con 13,5 millones y 6 millones de euros, respectivamente. La tercera sanción de mayor cuantía fue para Atos (5 millones). A pesar de la cantidad de dinero obtenido con sus amaños durante tres lustros, Atos dice ahora que anda corto de efectivo y la Audiencia Nacional suspende cautelarmente la multa.

La compañía de origen francés que tantos contratos consiguió adjudicarse afirma ahora que sus elevadas pérdidas la sitúan en una "precaria situación económica". Así que desde la Audiencia Nacional han optado por darle margen para pagar la multa, aunque tendrá que provisionar un fondo de garantía de 5 millones de euros.

Dos grandes reflexiones con motivo de estos hechos: La primera de ellas, ¿por qué estas sanciones recaen sobre las compañías y no sobre los directivos al frente de las operaciones? Resulta curioso cómo los ejecutores de esta estafa que, además, son los grandes beneficiados con sueldazos hinchados con variables estratosféricos, se escapan siempre de rositas. No vayan a creer que amañar la jugosa contratación pública mejora las condiciones laborales de la clase trabajadora; recuerden la denuncia que hace años ya realicé, precisamente, sobre la precariedad de Atos, denunciada durante los Juegos Olímpicos por no pagar salarios dignos.

La segunda reflexión: ¿por qué la Administración lanza periódicamente campañas para concienciarnos de pagar el IVA cuando llevamos el coche al taller o cuando arreglamos una fuga de agua, alegando que de no hacerlo penalizamos la Educación o la Sanidad públicas? ¿Han escuchado alguna vez una campaña lanzada a los cuadros directivos de las grandes compañías para recordarles que no eludan sus obligaciones tributarias o que no constituyan tramas empresariales para estafarnos? Nunca, a pesar de que eso daña aún más al erario público pues estos carteles mafiosos se extienden a sectores como los de energía, por ejemplo. ¿Será porque las puertas giratorias se engrasan mejor con paños calientes a estas estafas?