Opinión
PP y Vox apenas abordan la IA en sus programas del 29N

Por David Bollero
Periodista
A una semana de las elecciones generales del 29N los partidos intensifican sus mensajes en las cuestiones más virales y que consideran que pueden reportarles más votos. Los programas electorales, en cambio, dan la oportunidad de dar cabida a otro tipo de asuntos que, teniendo extraordinarias repercusiones en nuestra sociedad, no acostumbran a reflejarse ni en los debates ni en los mítines. Este es el caso de la Inteligencia Artificial (IA).
En el ámbito de la IA y las plataformas tecnológicas hemos asistido en los últimos tiempos a una creciente preocupación por su impacto en los menores de edad, convertidos en víctimas directas o indirectas de contenido tóxico, pornográfico, de odio… Ante esta realidad y analizados los programas electorales de los cinco principales partidos a nivel estatal (PSOE, Frente Amplio, PP, Vox y Podemos), todos ellos abordan la cuestión, si bien es cierto que PP y Vox lo hacen de un modo más superficial y vaguedad.
Partido Popular (PP), PSOE y Frente Amplio coinciden en limitar el acceso a las redes sociales a los menores. En el caso del PP, prohibiendo que los menores de 14 años tengan cuenta en redes sociales y que hasta los 16 precise de una autorización de sus progenitores. Los populares exigen que los controles parentales y la verificación de edad sean obligatorios, multando a las plataformas que incumplan sus obligaciones con sanciones proporcionales a su facturación. Más llamativa es la medida con la que el PP afirma que “garantizaremos el descanso digital en periodo nocturno”, sin precisar cómo lo hará. Asimismo, también está dispuesto a poner límites al scroll infinito y fijar tiempos máximos de uso.
El partido que lidera Santiago Abascal apuesta por la prohibición de los móviles en clase, el refuerzo de la autoridad del profesor y articular un plan nacional contra el acoso escolar y el ciberacoso. En esta misma línea, Vox llama a “preservar la inocencia de los menores y protegerlos frente a los riesgos presentes en los entornos digitales, tales como la adicción al juego o la pornografía o la mayor vulnerabilidad ante ciertos delitos”, sin detallar cuáles.
PSOE y Frente Amplio (FA) son, de largo, los partidos que más espacio destinan específicamente en su programa a regular aspectos asociados a la IA. Para el partido socialista, los 16 años es la edad mínima para usar redes sociales, si bien se abre a reducirla en los casos en que “las plataformas demuestren que son seguras por defecto”. Contempla el compromiso, en su primer año de legislatura, de aprobar la Ley de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, con medidas como la verificación obligatoria de la edad, la restricción de los diseños y algoritmos adictivos y la responsabilidad de los directivos por los delitos que toleran en sus plataformas.
FA, que se inclina por una Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, también plantea una regulación severa de plataformas y redes sociales dirigidas a menores de 16 años sin verificación de edad respetuosa con la privacidad y eliminación de funciones adictivas (scroll infinito, reproducción automática, notificaciones constantes, "me gusta", rachas, recomendaciones algorítmicas, publicidad dirigida, rastreo biométrico/emocional y contacto con adultos desconocidos).
En cuanto a Podemos, no aborda concretamente el tema de acceso a redes por parte de los menores, si bien sí llama a combatir los discursos de odio en internet responsabilizando a los propietarios de las redes sociales o plataformas digitales en las que tengan lugar los mismos. En esta misma línea y dentro de su plan de choque contra las violencias digitales machistas y LGTBI-fóbicas, sugiere reconocer la violencia machista digital y LGTBIfóbica incluida aquella que se hace a través de la IA (deepfakes) como una forma de violencia machista. En este sentido, FA llama a reformar de forma integral el Código Penal, Derecho Civil y leyes de protección para sancionar y prevenir las nuevas formas de violencia digital machista generadas por TIC e inteligencia artificial.
PSOE y FA están en la línea de Podemos y no escatiman en detallar sus medidas. El partido socialista destina un gran número de puntos a esta materia, no sólo llamando a incorporar las violencias digitales a la Ley Integral contra la Violencia de Género, sino también a hablar de “pornovenganza”, apuesta por poner coto a la geolocalización abusiva y al uso de software espía, acabar con las campañas organizadas de hostigamiento en redes sociales e, incluso, por tipificar como delito específico la creación y difusión de deepfakes sexuales, adaptando el Código Penal a los desafíos planteados por la inteligencia artificial generativa.
Es muy llamativo que las derechas, en cuyos programas se refleja una fuerte endurecimiento legislativo -fundamentalmente dirigido a personas migrantes- no aborden la nueva realidad de violencias machistas y LGTBIfóbicas en internet. Ni siquiera la mencionan. En líneas generales, ni PP ni Vox parecen dispuestos a pisar ningún callo a las grandes tecnológicas ante las cuales es evidente nuestra desprotección. En el caso concreto de Vox, su somero programa habla de impulsar la IA como motor de desarrollo de la economía nacional y, al igual que PP, obvia los impactos negativos que esto puede tener sin ni siquiera citar la necesidad de la transparencia algorítmica como sí hacen PSOE y FA.
Los centros de datos y su voracidad en el consumo de energía y agua jugaron un papel esencial en las elecciones de medio mandato de EEUU. De los cinco principales partidos estatales, sólo PSOE, FA y Podemos abordan la cuestión específicamente. Si los socialistas se comprometen a garantizar que los centros de datos operen con energías renovables, reutilización del calor y un uso responsable del agua, minimizando su impacto ambiental, FA desglosa con detalle su propuesta para la planificación estratégica y regulación estricta de centros de datos. Entre sus medidas, figuran la exigencia a los centros de publicación de forma obligatoria del consumo de luz y agua, la procedencia de la energía y el porcentaje de calor residual, una nueva fiscalidad con una ‘tasa nube’ con retorno territorial y la exigencia de unos requisitos energéticos, térmicos e hídricos. En esencia, que el abastecimiento y coste de energía y agua para la población no esté en riesgo, algo que también apoya Podemos con su propuesta de ley para garantizar que los grandes centros de datos, especialmente los destinados a la IA, cumplan requisitos estrictos de eficiencia energética, consumo de agua y transparencia ambiental.
En el plano laboral, tampoco las fuerzas de las derechas parecen especialmente preocupadas por el impacto que pueda tener la IA en los y las trabajadoras. En este campo destaca sobremanera FA, muy preocupada por la incorporación de la IA en los servicios públicos, exigiendo auditorías continuas, también aplicadas a decisiones automatizadas en empleo, crédito, seguros y servicios esenciales. Además, el partido de Ada Colau también plantea la revisión humana (sindical) ante despidos o sanciones decididas por algoritmos y el compromiso de cotización adicional a la Seguridad Social para empresas que despidan por implantar IA o automatización. El PSOE también propone alcanzar con los agentes sociales un pacto que garantice transparencia, supervisión humana y derecho a revisar las decisiones automatizadas.
Merece la pena también darse un paseo por los programas de las fuerzas soberanistas/regionales, pues partidos como Adelante Andalucía o EH Bildu, entre otros, dedican mucho más espacio a la regulación de la IA (no sólo en sus territorios, sino para toda España) que PP y Vox juntos. En el caso del partido andaluz, considera que la automatización ha de cotizar, es decir, que “si las máquinas sustituyen empleo, deben contribuir a las pensiones”; mientras que la formación vasca es partidaria de promover la reducción de jornada sin reducción de salario aprovechando los beneficios de la IA.



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