Pere Ortega, Centre Delàs d'Estudis per la Pau

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ya destapó la irregularidad de los créditos extraordinarios para pagar los Programas Especiales de Armamentos (PEA) en 2012, cuando se produjo el primer crédito, denunciando que éstos eran una forma de esconder el gasto real del Ministerio de Defensa, pues se utilizaba la fórmula de no consignar recursos para los PEA al aprobar los presupuestos del Estado (PGE), cuando en realidad se debían abonar entre 1.000 y 1.800 millones de euros anuales para después, a medio ejercicio, aprobar un crédito extraordinario. Ahora el Tribunal Constitucional (TC) acaba de rechazar que se efectúe mediante un Decreto Ley, sino que debería hacerse por Ley (en realidad una cuestión formal), pues estos programas de armas están provistos de contratos dónde se programan sus entregas y sus pagos.

El hecho es que se trataba de una trampa para engañar a la opinión pública y a los partidos políticos de la oposición de que el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa se reducía respecto al año anterior, cuando en realidad era mentira, pues luego el Consejo de Ministros aprobaba un crédito para pagar los PEA. Después, al finalizar el año, en la liquidación del presupuesto de Defensa, éste se había incrementado, según los años, en un 30% respecto del inicial. Recordemos que en 2012, con el PP gobernando, nos encontrábamos en plena política austericida de grandes recortes por la crisis originada por el latrocinio de las entidades financieras. Los PGE se vieron afectados y el Ministerio de Defensa también, pero el crédito extraordinario permitía a este Ministerio paliar esta situación y hacer frente a los compromisos de los PEA.

Para quién no sepa que son los PEA, se trata de los grandes programas de armas que tuvieron su gran expansión con el Gobierno de José María Aznar en 1996, aunque algunos provenían del gobierno anterior de Felipe González. Eran las fragatas F-100, los aviones de combate EF-2000, los blindados Leopardo y Pizarro, los helicópteros Tigre, un buque proyección estratégica de 27Tm, así hasta catorce, que entonces se valoraron en 20.000 millones de euros y que se tenían que construir en los próximos 25 años (después ampliados a 35). Unos programas que con el paso del tiempo incrementaron su coste y se ampliaron con otros nuevos (aviones de transporte A400M, submarinos S-80, más buques BAM y BAC y helicópteros NH-90) hasta llegar a 19 programas y con un coste que hoy ronda los 37.000 M€. Una cifra que sumió al Ministerio de Defensa en un endeudamiento fabuloso a la vez que impagable si no se incrementaba el presupuesto. Pero la crisis lo impedía. De ahí surgió la idea trampa de los créditos extraordinarios que ahora TC ha rechazado y que en los últimos cuatro años han superado los 4.300 M€.

Este año, Pedro Argüelles, Secretario de Defensa, había anunciado (cuando presentó los Presupuestos en la Comisión de Defensa del Congreso de Diputados) que se recurriría de nuevo a un crédito de unos 1.100 M€ para abonar a las industrias militares contratistas de los PEA. Esto de por sí ya es muy problemático, pues para financiar ese crédito se recurre a la deuda pública y cuándo se efectúa el pago se engrosa el déficit público, lo cual a su vez hace que España incumpla con el déficit impuesto por la Comisión Europea. Comisión Europea que ha denunciado a España por falsear sus PGE en 2015 y 2016 y gastar muy por encima de los ingresos presupuestados. UE que amenaza a España con sanciones y que además debe acometer recortes por 10.000 M€. Dificultad a la que se suma la sentencia del TC que impide nuevos créditos extraordinarios para los PEA. Este año las empresas militares no cobraran, pero, ¿y el año que viene?

Sin duda el problema persistirá. Según las cuentas del actual Gobierno por los PEA se adeudan unos 23.000 M€, según mis cálculos es mucho más y ronda los 30.000 M€, pero Pedro Morenés, desde Defensa, espera vender algunos aviones EF-2000 o el A400M, también parte de los blindados Leopardo (se está en tratos con la República Checa) y así aligerar esa enorme deuda con las principales empresas Navantia, Airbus Defence and Space, Indra y General Dynamics/Santa Bárbara.

Por otro lado, un tipo de armas que en su mayor parte no se justifican para la defensa y la seguridad de España. ¿Cuántos EF-2000 han entrado en servicio?, tres en las repúblicas bálticas, ¿Cuántos helicópteros Tigre?, dos en Afganistán. ¿Cuántos blindados Leopardo o Pizarro?, ninguno… A, eso sí, tienen un efecto de disuasión sobre nuestros enemigos. ¿Pero dónde están esos enemigos? Si uno lee la estrategia de defensa nacional y enumera los peligros que se ciernen sobre este país, se puede leer: terrorismo internacional, crimen organizado, ataques cibernéticos, países en conflicto interno que desestabilizan la paz mundial, seguridad energética, emigraciones masivas, cambio climático, desastres naturales. ¿Cuántos de esos problemas se pueden resolver mediante el uso de la fuerza militar? y, ¿Cuántos por otros medios? Los próximos gobiernos deberán afrontar una reestructuración de la estrategia de seguridad, del Ministerio de Defensa y de sus programas de armamentos.