Protección legal del lince y de los gatos: ¿dónde están las Administraciones?

Lo que está ocurriendo con el lince "Veneno" que merodea y caza gatos en un entorno urbano de un pueblo de Toledo no puede normalizarse ni presentarse como una anécdota de convivencia entre fauna salvaje y vecindad. No lo es. Se trata, por el contrario, de una situación objetivamente anómala, peligrosa y administrativamente insostenible, porque ni las calles de un núcleo urbano constituyen el hábitat propio de un animal salvaje ni los gatos, en cuanto animales de compañía - sí tienen reconocido ese estatuto legal- pueden convertirse en pieza habitual de su caza y alimentación sin que la Administración competente actúe de manera inmediata.

La cuestión no debe abordarse desde la confrontación ni desde la banalización del riesgo, sino desde la responsabilidad jurídica y material que pesa sobre las autoridades en relación con dos grupos de animales, los domésticos y los salvajes, que son ambos víctimas, directa e indirectas de la desidia del ser humano.

Un lince en un espacio urbano, expuesto de forma continuada al tráfico, al contacto humano, a enfermedades, al estrés ambiental y a una dinámica de depredación sobre animales de compañía, no solo compromete la seguridad y la integridad de esos animales, sino también la del propio lince, al que se está dejando en una situación incompatible con su condición y con las exigencias mínimas de un adecuado seguimiento del cumplimiento de los programas de recuperación y reintroducción del lince ibérico.

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Conviene decirlo con claridad: proteger a un animal salvaje no equivale a tolerar cualquier escenario en el que ese animal aparezca e interactúe con otros seres vivos. Pregunto: ¿se actuaría, o se toleraría esta pasividad, si en vez de un lince, fuera un oso pardo? Cuando los osos se acercan a zonas habitadas, se les disuade o incluso reubica, porque se tiene en cuenta la seguridad ciudadana y otros intereses, pero en este caso, mientras se está causando estrés y muerte de animales de compañía, y con protección específica, como son los gatos comunitarios, no se hace nada.

La protección de unos, no puede convertirse en coartada para la pasividad cuando los damnificados son otros. Ni ética ni legalmente tiene más valor la vida de un lince que la de otros felinos. Toda vida tiene valor. Imponer lo contrario es de un dogmatismo y especismo intolerable que lleva incluso a vulnerar el cumplimiento de la legislación vigente. De locos.

Cuando la presencia del lince en el casco urbano genera daño, riesgos y una alteración persistente del equilibrio debido, la inacción administrativa deja de ser una mera deficiencia de gestión para empezar a adquirir la gravedad de una omisión difícilmente justificable.

Nuestros gatos comunitarios no son un recurso trófico urbano sobre el que pueda descargarse, con naturalidad, el coste de una mala gestión pública. Son animales de compañía, y esa condición jurídica no es retórica ni ornamental: la voluntad del legislador impone deberes de protección, prevención y respuesta y su omisión genera responsabilidades que pueden ser hasta penales.

Permitir que estos animales sigan siendo atacados en un contexto conocido, reiterado y evitable supondría aceptar que todas las administraciones, parecen mirar hacia otro lado y se tolera otro espectáculo popular macabro en presencia de menores, en este caso, de un lince persiguiendo y matando a los gatos comunitarios de la localidad.

Si las autoridades competentes no adoptan de forma urgente medidas eficaces de reubicación, control y prevención que pongan fin a esta situación, como no puede ser de otra manera, se han de tomar las acciones legales oportunas por la inacción administrativa mostrada ante los daños ya producidos y ante el peligro evidente que dicha pasividad entraña tanto para los animales de compañía afectados como para el propio animal salvaje.

 Porque lo verdaderamente salvaje en todo esto es la falta de ética mostrada y el incumplimiento normativo patente, cuando se está obligado a hacer cumplir la legislación. Que este esperpento se esté tolerando, por desconocimiento o por negligencia dolosa, lo determinará la Justicia, que también viene obligada a velar por la protección y el bienestar de los gatos comunitarios.