Proteger y servir solo a los suyos

Lo llaman democracia y no lo es. ¿Cómo va a serlo cuando se reprime el derecho constitucional a la huelga? Hay imágenes que deberían avergonzar a supuestas democracias. Fotografías que corren el riesgo de convertirse en paisaje, en rutina. Los mismos agentes que días antes escoltaban a agitadores de extrema derecha en su tour de provocaciones por el Estado o que recibían con pleitesía a neonazis de Núcleo Nacional en la localidad murciana de Torre Pacheco, golpean con porras, disparan con balas de goma y/o rocían con gas pimientas a manifestantes pacíficos que exigen un techo y un salario digno. Hay numerosas imágenes del pasado miércoles que registran este abuso, incluso contra personas sin hogar que no habían hecho nada. Se puede ver ensañamiento, incluso disfrute en la represión. Entonces vale la pena preguntarse: ¿qué mierda de democracia es esta?

Aunque podamos saber las respuestas, deberíamos empezar a preguntarnos también para quién carajo trabaja la policía cuando tiene que gestionar el conflicto social. Por qué esas imágenes pueden considerarse tolerables. Sabemos que existe un clima actual en el que determinados hooligans de la caverna institucional aplaudirían incluso el uso de armas de fuego contra manifestantes. Solo hay que leer comentarios en las noticias que denuncian el abuso policial o los atropellos a piquetes por parte de esquiroles. Sabemos que muchos se esconden detrás de una pantalla para soltar determinadas barrabasadas, pero que no dudarían en dar su voto y su aplauso a quien ejerza la violencia física contra su rival político. Pero deberían existir cauces para que la policía no solo proteja a los suyos. De lo contrario, no sirve. Y deberíamos eliminarla y comenzar de nuevo.

Porque el problema no termina en la calle, en su inquina contra la izquierda o en su menosprecio a toda personas que reclama derechos sociales. De puertas para dentro, ya se ha demostrado en varias ocasiones cómo poseen simbología fascista dentro de las comisarias o cómo la exhiben en su vestimenta sin consecuencia alguna. Según la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se les exige “absoluta neutralidad política e imparcialidad”, lo cual claramente no se cumple. ¿Por qué se les permite incumplir la ley sin riesgo para su puesto de trabajo? ¿Por qué parece un sector público intocable?

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No hablamos de una sospecha sin fundamento. En 2024 se conoció la presencia de una bandera con la Cruz de Borgoña en dependencias policiales de Las Palmas. En julio de 2026, elDiario.es publicó una investigación sobre la decoración nazi de la taquilla de un agente de la Policía Municipal de Madrid. Son episodios que obligan a preguntarse por los controles internos, la cultura corporativa y la impunidad. Y conviene decirlo sin miramientos: la Policía no es un territorio ideológicamente neutral por el simple hecho de que su uniforme lo sea. La neutralidad se demuestra con comportamientos, con respeto a los derechos fundamentales y con una absoluta incompatibilidad con cualquier forma de fascismo, racismo o violencia política.

Por eso hace falta una limpieza democrática en los cuerpos policiales. No una purga ideológica ni una persecución de opiniones, sino una depuración de conductas incompatibles con el servicio público. Hay que investigar, identificar y apartar de sus funciones a quienes utilicen su posición para amenazar, discriminar, agredir o exhibir simbología extremista en el ejercicio de sus responsabilidades. Hay que revisar los procesos de selección, reforzar la formación democrática, investigar los grupos que promueven discursos de odio y acabar con el corporativismo que convierte cualquier denuncia contra un agente en un supuesto ataque a toda la institución.

Aquí es donde el Gobierno supuestamente progresista tiene una responsabilidad que ya no puede seguir esquivando. Igual que desde las calles y plazas hemos puesto sobre el tablero político el tema de la vivienda y los abusos del sector, toca exigir una depuración en los mandos policiales y una limpieza en las comisarías. Porque ya no nos basta una condena cuando las imágenes se hacen virales. No nos basta con que anuncien investigaciones internas cada vez que una actuación policial provoca indignación. Tampoco con que pidan explicaciones mientras se confía en que el paso de los días entierre el escándalo y estemos a otra cosa. El Gobierno tiene instrumentos para actuar y debe tener el valor político de utilizarlos.

El Ministerio del Interior (liderado por alguien tan oscuro como Marlaska), debe garantizar investigaciones independientes y transparentes, exigir la identificación visible de los agentes, revisar los protocolos antidisturbios, establecer mecanismos efectivos de supervisión externa y sancionar los abusos acreditados. También debe actuar frente a cualquier manifestación de fascismo dentro de las instituciones que dependen de él. ¿Que incomoda a determinados sindicatos policiales? No nos importa. Como tampoco que provoque una reacción hostil por parte de la prensa reaccionaria. O que la derechita cobarde institucional se lance en tromba, cosa que ya hace con cualquier tema nimio.

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Si se insiste en ser el Gobierno más progresista de la historia, ello también significa enfrentarse a los poderes que se resisten a ser fiscalizados. Sobre todo, y especialmente, a las instituciones que disponen de la fuerza legítima del Estado. No podemos pedir a los ciudadanos que confíen en una institución que no es capaz de investigar sus propios abusos. No podemos exigir respeto a la autoridad mientras esa autoridad permite que algunos de sus integrantes desprecien los valores democráticos. Y no podemos aceptar que quienes salen a defender derechos laborales y sociales terminen teniendo más miedo a una intervención policial que a quienes pretenden arrebatárselos.

Una democracia no se mide por la contundencia con la que disuelve una manifestación, sino por su capacidad para proteger a quienes ejercen el derecho a protestar. Esta no puede permitirse tener cuerpos policiales que se comporten como un Estado dentro del Estado. Ni puede seguir confundiendo la defensa de la autoridad con la defensa de quienes abusan de ella. No necesitamos policías que protejan los privilegios de los poderosos, que miren hacia otro lado cuando sus compañeros exhiben simbología fascista y que desenfunden la porra con más entusiasmo ante un trabajador que ante un neonazi. Necesitamos instituciones que entiendan que el uniforme no concede impunidad y que la placa no convierte los abusos en actos de servicio. Y si hay agentes que no están dispuestos a aceptar esa premisa, el problema no es de quienes protestan. El problema está dentro y debemos solucionarlo.

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Porque el fascismo no puede encontrar refugio bajo ningún uniforme. Y un Gobierno de izquierdas no puede seguir mirando hacia otro lado mientras quienes deberían proteger nuestros derechos contribuyen a erosionarlos. Que dejen ya de proteger El Corte Inglés como si fuera el Parlamento o la casa de la democracia y que comiencen por proteger a quienes reclaman derechos de los que también van a disfrutar. Porque a los avances que consiguen las protestas que reprimen no renuncian los muy miserables.

Proteger y servir, sí. Pero a la ciudadanía. No a los fascistas, no a los poderosos y, desde luego, no a los compañeros que confunden una placa con una patente de corso.