El que pueda deshacer que deshaga

Leire Díez triunfó. Cuando los casos de corrupción cercaban al Gobierno con Ábalos, Koldo y sus putas, con Santos Cerdán y sus cloacas ineptas, y su mayoría en el Congreso rota, cuando todo parecía perdido, consiguió que alguien diera la vuelta a la opinión pública. No sabemos mucho sobre cómo articuló una maniobra tan astuta. Tal vez extorsionó al hombre que ha conseguido lo imposible con algunas fotos comprometedoras con alguno de sus caballos. Quizá le compró con una pura sangre que le hará ganar todas las carreras cuando se jubile este otoño. O, a lo mejor, él solo se autoconvenció por su amor a la patria y por su temor al posible desgobierno alternativo.

Es decir, no hay certezas de si le chantajearon o compraron o si es un mártir socialista clandestino dispuesto a sacrificar su reputación por la causa. Lo único que está claro es que Leire, que parecía “Antoñita, la fantástica”, u algún otro miembro desconocido de la cloaca ha conseguido lo que tanto buscaban y tan poco encontraban.

Otra hipótesis, dada la ineficacia demostrada por este grupo, es que, tal vez, la jugada maestra no sea obra suya sino de un topo o de alguien que lo esté consiguiendo sin quererlo. Lo mismo el que pidió que el que pueda hacer que haga ahora no sabe cómo deshacerlo. 

Y si todo esto parece peregrino, ¿cómo de peregrino es que un juez pretenda quitarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno por riesgo de fuga, después de una instrucción de más de dos años y de haber tardado seis días en, tras anunciarlo, terminar de decidirlo? Le ha dado tiempo para fugarse mil veces. La vez anterior que las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír se lo pidieron negó que ese riesgo existiese. ¿Y que lo haga finalmente injuriando a la Policía Nacional al declarar que “no cabe duda” de que sus escoltas la ayudarían en su fuga, ya sea motu proprio o cumpliendo órdenes, es decir, injuriando también a sus mandos y al ministerio? Esto es una “auténtica barbaridad” según Jupol y SUP, principales sindicatos policiales, nada sospechosos de apoyar al Gobierno.

En el auto de este fin de semana, además, incluye la presunción de culpabilidad con la que instruye este caso desde el principio (“a priori, merecedoras -ella y su ayudante- de respuestas punitivas”). A tomar por saco la presunción de inocencia, y lo pone por escrito.

Y, siguiendo el rastro de lo peregrino, lo siguiente es preguntarse cómo es posible que se le permita seguir haciendo lo que hace.  ¿Cuántos errores hay que cometer para que dejen de considerarse tropiezos y empiecen a reconocerse como patadas a las leyes y a la justicia?

Aquí va un repaso no exhaustivo a su lista: intentó influir en las elecciones europeas de 2024 anunciando la imputación de la mujer del presidente del Gobierno a cinco días de que los españoles fuéramos a las urnas; se empeñó en mostrar al presidente del Gobierno humillado interrogado en persona y el vídeo se filtró al momento; intentó imputar al ministro de Justica, después de una rocambolesca declaración en la que se negó a interrogarle hasta que no le pusieran una tarima que le colocara más alto que al ministro; imputó al delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, por la contratación de la ayudante de Gómez y tuvo que desimputarlo porque había sido contratada cuando él no pudo haberlo hecho; imputó al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y a un alto cargo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, y se vio obligado a desimputarlos también por orden de la instancia superior, que vio lo mismo que el resto de los mortales: que esas imputaciones no tenían ni pies ni cabeza, que más bien parecían presiones sobre testigos que no declaraban lo deseado. Hemos visto interrogatorios suyos dignos de series policiales de comisarías que permiten que el poli malo interrogue después de apagar la cámara.

El tribunal también le prohibió continuar investigando el rescate de la aerolínea Air Europa y la relación profesional de la esposa del presidente con el Instituto de Empresa (IE) y anuló el registro del domicilio y del despacho del empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba ingresado grave en el hospital y el clonado de sus dispositivos móviles, por haberse realizado sin justificación ni pruebas concretas más que su “relación amistosa” con Begoña Gómez.   

Mientras escribo estas líneas, hoy domingo, se preparan y presentan recursos y quejas de todo tipo por su último ¿desliz? Los abogados de los afectados, la Policía, el ministerio del Interior y, ¡aleluya!, el Consejo General del Poder Judicial anuncian que mueven ficha.

Su presidenta Isabel Perelló propone expedientar a Peinado por afirmar que la Policía ayudaría a huir a Begoña Gómez. Mientras leéis estas líneas es posible que se esté celebrando -o ya haya ocurrido- la reunión del consejo que decida algo sobre este juez, que seguro que, en vista de lo visto, estará temblando muerto de miedo.

La memoria del Poder Judicial que recoge los expedientes disciplinarios internos siempre llega años después, sin nombres, datos ni explicaciones sobre los escasos casos que terminan en sanciones y tampoco las concreta.  

¿Quién repara el daño causado? Se preguntaba este fin de semana en un tuit el ministro de Justicia, Félix Bolaños, después de declararse todavía confiado en la justicia, a pesar de todo.

Metroscopia maneja este dato: el 52% de los votantes del PSOE cree que existe una conspiración contra el Gobierno y el porcentaje va creciendo.

Hasta el PP está ya declarando, por boca de Cuca Gamarra, que Peinado esta vez se ha pasado.

Supongo que se darán cuenta de que han ido demasiado lejos y el recurso de los abogados de Begoña Gómez prosperará pronto.

O no, porque cuando se azuza y se suelta a los hooligans, luego no es tan fácil volver a ponerlos en su sitio.

Seguramente alguien estará pensando: el que pueda deshacer que deshaga. Ya veremos si lo hacen y si llegan a tiempo.