¿Se quiere marcar el emérito un Pinochet?

Las revelaciones sobre los tejemanejes millonarios del rey emérito cada vez adquieren una mayor dimensión, sólo comparable con el estupor de la sociedad española ante la inacción de nuestra Justicia. Al tiempo que tanto desde la Agencia Tributaria como de nuestra sistema judicial se arrastra los pies para juzgar de una vez por todas a Juan Carlos de Borbón -que inexplicablemente continúa ostentando el cargo de rey emérito-, la justicia británica podría adelantarse y juzgarlo tras las denuncias por acoso de Corinna Larsen, lo que todavía sería más humillante para nuestro poder judicial, cada vez más cuestionado.

La última exclusiva de Público acerca del entramado de evasión de capitales por medio de Los Albertos vuelve a poner de manifiesto la absoluta impunidad con que actuaba el monarca, cómo se jactaba de ello entre su círculo de amigos millonarios y cómo éstos no son de mejor ralea que él. Conocer el modo en que el mismo Gobierno de Aznar dio su bendición a la cesión discreta al Borbón de paquetes de acciones de empresas públicas que privatizó -como Endesa, que bien nos pesa hoy con el precio de la luz- vuelve a evidenciar cómo se repartían el botín de España unos pocos en detrimento de la ciudadanía, cómo se abría así la espita de enchufes para sus allegados, incluido Urdangarín en Telefónica cuando Juan Carlos lo quiso enviar a Washington porque ya conocía los delitos de su yerno por los que terminaría dando con sus huesos entre rejas.

La exclusiva que firma hoy Carlos Enrique Bayo va más allá de la evasión de capitales, desvelando fuentes de ingresos que obtenía por su papel de mediador entre empresas privadas y gobiernos como los de Argentina y Uruguay, por ejemplo. Mientras el lobby monárquico nos vendía al Borbón como embajador de aquello que llamaron Marca España -que lideró Carlos Espinosa de los Monteros, padre del portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso-, él se llenaba los bolsillos.

La lista de revelaciones que tanto Público como otros periódicos han venido publicando en los últimos años, incluidas las referidas a las ventas de armas, hacen absolutamente incomprensible que la Justicia española no actúe de manera ejemplarizante. Ni se entiende su inacción ni la sobreprotección que PSOE y PP ejercen en torno al monarca, dando la sensación, sino constatando, que sus tejemanejes eran tan conocidos por estos partidos como lo era el famoso 3% de Catalunya en la era Pujol.

Culminando la tormenta perfecta de despropósitos, entre en juego Corinna Larsen y su denuncia por acoso al Borbón y al mismo CNI, solicitando incluso una orden de alejamiento. ¿Se imaginan que un tribunal británico terminara sentando en el banquillo al Borbón antes, incluso, que nuestra Justicia? Parece algo improbable por cuestiones de jurisdicción y, especialmente, porque la justicia no es igual para todos y los mecanismos monárquicos ya se habrán activado para evitar esa escena.

Sin embargo, el daño ya está hecho. No se trata únicamente del desprestigio del emérito y de la misma Corona -algo, por otro lado, que quienes rechazamos la Monarquía no nos coge por sorpresa-, sino de nuestra misma democracia, que a estas alturas de siglo continúa protegiendo a quien ya ha admitido que actuó ilegalmente. La inmunidad de que goza el emérito está dañando gravemente la confianza que millones de españoles tenemos en nuestro Estado de Derecho, una confianza que se tardará años en recuperar, especialmente si la estrategia que se lleva a cabo es marcarse un Pinochet, esto es, que el Borbón fallezca antes de ser juzgado... y todavía le dedicarían un funeral de Estado. Vergonzoso.