Pese al sol primaveral del primer sábado de febrero y el ambiente festivo y reivindicativo que algunos artistas y personajes del mundo de la cultura trasladaron a la calle Tribulete nº 7, unos días después, el barrio de Lavapiés parece ajeno a la amenaza que, desde hace años, se cierne sobre él.

Igual de ajeno que resulta el traqueteo de maletas de los viandantes y turistas que pasean por los aledaños del portal del barrio Gótic de Barcelona donde la semana pasada Blanca, de 78 años, fue desahuciada por una deuda de 88 euros con su casera, una conocida multipropietaria de la ciudad condal. “No quiero irme. No quiero. Yo de aquí no me voy, no quiero”, suplicaba mientras la comisión judicial le indicaba la puerta.

¿Acaso la gente no se ha enterado de la noticia? ¿Cómo se puede permanecer impasible al desahucio de una anciana que ya nunca podrá dormir en la que ha sido su casa desde hace cincuenta años, o ante el hecho de que un bloque entero donde residen más de cincuenta y dos familias -entre ellos, niños, niñas, adolescentes y personas mayores- vaya a ser vendido a un fondo de capital riesgo vinculado a la familia de Esperanza Aguirre con el afán de desalojar el edificio para instalar viviendas turísticas? ¿En serio vamos a conformarnos con poner el grito en el cielo en un par de tweets y al día siguiente asumir “que las cosas son así”?

La línea de puntos que une lo que sucedió la semana pasada en Barcelona, lo que está pasando en Madrid, pero también en muchas otras ciudades y pueblos de este país, se llama especulación, y adopta diferentes formas, y se cobra diferentes víctimas en cada momento histórico. Normalmente siempre va por delante de la legislación.

En Barcelona, una mujer, que podría ser cualquiera de nuestras abuelas, sobrevivirá a partir de ahora en una pensión hasta que los Servicios Sociales consideren, como consecuencia del cambio de criterio en el Ayuntamiento de Barcelona. En Madrid, personas jóvenes, una mítica tienda de cómics, familias con niños pequeños, una zapatería, artistas e inquilinas de renta antigua habitan en el edificio de la calle Tribulete, que de consumarse la compra del bloque por parte de la socimi Elix Rental Housing, no saben dónde podrán irse a vivir. Basta echar un vistazo por cualquier portal inmobiliario para comprobar que alquilar una vivienda es misión imposible.

Y mientras tratamos de poner rostro a las diligencias de un procedimiento judicial que acaba en otro desahucio más, o a las decisiones de una junta de accionistas que implican vaciar otro edificio, podemos poner números a los beneficios extraordinarios que obtienen el BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell o Bankinter. Un total de más de 26.000 millones de euros que- como leía el otro día- supone la misma cantidad de dinero que destina el Estado central en Sanidad, Educación y Cultura en dos años. Y todavía hay quien defiende que el impuesto extraordinario a la banca es una injusticia, ¡ja!

Desde luego parece evidente que el Gobierno de coalición debe ir mucho más lejos en cuanto a reformas legislativas. A más beneficios extraordinarios, más impuestos extraordinarios; a mayor voracidad especulativa, más protección a la ciudadanía. Pero también parece evidente que delegar la defensa de nuestros derechos únicamente en cambios legislativos no es suficiente. Recordad que la especulación va siempre por delante de las leyes.

Por eso, es imprescindible la organización popular, la fuerza colectiva de todos aquellos que se acercaron el sábado a arropar a los vecinos de Tribulete y de los que acudieron a tratar de parar el desahucio de Blanca. De quienes se reunieron la semana pasada para pensar en cómo evitar la instalación de ese piso turístico en el quinto. De los que se indignan por redes sociales y cuelgan en su balcón una pancarta que reza: “Este edificio se queda”. De todos aquellos que se organizan para autodefender sus derechos. En definitiva, de quienes estamos dispuestas a defender la vida y sus condiciones materiales de posibilidad, dignidad y reproducción.