Radón: el riesgo invisible que también es conflicto laboral

Hay riesgos que se ven. Y hay otros que, precisamente por invisibles, resultan aún más peligrosos. El radón pertenece a esta segunda categoría: un gas que no huele, no se percibe, no genera alarma inmediata… pero que mata. En España, más de 1.500 personas al año. Una cifra equiparable a la siniestralidad vial. Y, sin embargo, permanece fuera del debate público.

No es casualidad. Es el resultado de una combinación conocida: falta de información, insuficiente acción institucional y ausencia de una política preventiva a la altura del problema. En un contexto en el que nuestro sistema público de salud sufre un deterioro progresivo, invisibilizar riesgos laborales y ambientales no es una omisión menor; es una irresponsabilidad.

El radón es la principal fuente de radiación ionizante a la que está expuesta la población. Está reconocido como agente cancerígeno y, según la Organización Mundial de la Salud, entre un 3% y un 14% de los cánceres de pulmón están relacionados con su exposición en entornos residenciales. Pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿cuántos de esos casos tienen su origen en el trabajo? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque no se mide, no se registra y, en demasiadas ocasiones, no se quiere saber.

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Estamos ante un gas que se genera de forma natural por la desintegración del uranio presente en suelos y rocas. Se filtra a través de grietas, se acumula en espacios cerrados y alcanza concentraciones peligrosas en sótanos, túneles, aparcamientos subterráneos o instalaciones bajo rasante. También en edificios antiguos o mal ventilados. Es decir, en muchos centros de trabajo reales.

Y, pese a ello, la respuesta institucional ha sido tardía e insuficiente. Mientras países de nuestro entorno llevan más de una década desarrollando planes específicos, en España el Plan Nacional del Radón no se aprueba hasta 2024. Y lo hace, además, con una carencia difícil de justificar: la exclusión de los interlocutores sociales en su diseño y desarrollo. Sin sindicatos no hay prevención eficaz. Sin participación de quienes representan a las personas trabajadoras, cualquier estrategia nace limitada.

Desde UGT llevamos años advirtiéndolo. En 2019 ya elaboramos una guía para visibilizar este riesgo y trasladar herramientas de protección. Pero la acción sindical no puede sustituir la obligación de los poderes públicos. Informar, medir, prevenir y actuar no es opcional. Es una responsabilidad.

Y lo más grave es que estamos ante un problema abordable. Medir la presencia de radón es sencillo y barato. Por alrededor de 40 euros puede instalarse un dispositivo de detección en un centro de trabajo o en una vivienda. No hablamos de grandes inversiones, sino de voluntad política y empresarial. De priorizar la salud frente a la inercia.

Los datos disponibles ya apuntan a zonas de mayor riesgo —Galicia, oeste de Castilla y León, norte de Extremadura y áreas concretas de Madrid, Cataluña o Andalucía—, pero siguen siendo insuficientes. España necesita un mapa exhaustivo, actualizado y accesible. Necesita campañas informativas dirigidas a la población y, de forma específica, a las personas trabajadoras. Y necesita, sobre todo, integrar este riesgo en las políticas de prevención laboral.

Porque aquí está la clave: el radón no es solo un problema ambiental, es un problema laboral. Y como tal debe tratarse. Eso implica reconocer las patologías derivadas de su exposición como enfermedades profesionales, establecer registros rigurosos y activar mecanismos de protección en las empresas.

Lo contrario —mirar hacia otro lado— tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son abstractas: son diagnósticos tardíos, enfermedades evitables y vidas truncadas.

El sindicalismo no puede limitarse a hablar de salarios o empleo —aunque también—. Debe poner en el centro la salud de quienes trabajan. Porque no hay trabajo digno sin entornos seguros. Porque no hay crecimiento que justifique el riesgo evitable. Y porque la prevención no puede seguir siendo el eslabón débil de nuestro modelo productivo.

El radón es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando falla el sistema: un riesgo conocido, una solución disponible y una inacción injustificable. Ante el cáncer no hay margen para la demora. Y ante la desidia, solo cabe una respuesta: más exigencia, más control y más derechos.

Porque proteger la salud no es una opción, es un derecho. Y lo invisible también mata.