Llevamos ya cerca de una década de recorrido de un proyecto en el Puerto de Málaga que ha mantenido encendidos debates entre promotores y diferentes organizaciones y colectivos ciudadanos y académicos. Un rascacielos que no responde a una demanda ciudadana, que rompe el skyline de la ciudad, que está en suelo público y, por tanto, donde los ciudadanos deberían tener la posibilidad de proponer y debatir alternativas. Actuaciones en los puertos que, como en otras ciudades, se han justificado en una supuesta apertura del puerto a la ciudad. Pero al fin, un cambio de uso del suelo en el espacio portuario para el que hay que demostrar un interés general, no demostrado hasta ahora y que tiene apariencia especulativa a todos los efectos.

Esta controversia sobre el rascacielos en el dique de levante del puerto de Málaga, tiene dos elementos básicos sobre los que pivota la discusión: la protección de los valores paisajísticos de Málaga, por un lado, y la defensa de los espacios públicos ante la especulación.

A estos dos elementos se incorporan muchos otros. Como los diseños urbanísticos y la capacidad de intervenir en los mismos de la ciudadanía; una Declaración Ambiental disparatada cuya base argumental es el cambio de posición del observador (mirar para otro lado); el siempre socorrido argumento de la creación de empleo (precario y de corta duración) que conlleva destrucción de empleo portuario; la escasa viabilidad del uso hotelero que se presume; la renuncia a prevenir y reducir los impactos del cambio climático en un lugar tan expuesto; la grave afectación a la movilidad en el centro de la ciudad etc ...

Si abrimos el foco sobre la planificación urbanística en general, no solo sobre el espacio portuario, sino también sobre los planes municipales, podríamos decir que esta planificación debe orientarse hacia una idea del futuro que se quiere para la ciudad. Y el que se planea con la construcción de este rascacielos de lujo, fruto de la especulación con suelo público, sin transparencia, sin buscar el interés común y sin consultar a la ciudadanía, no es una planificación acertada. El proyecto no cumple la Agenda 21 Local, la Agenda Urbana 2030, o el último PGOU de Málaga de 2011 que ahora se plantea modificar. Un hotel de gran magnitud (45.000 m2, 35+3 plantas, de unos 150 m. de altura), que evidentemente altera el paisaje urbano y portuario y que afecta a características estructurales en el PGOU de la ciudad, no es lo que la ciudad necesita.

Nos han acostumbrado a una dinámica de alteraciones continuadas y significativas de los Planes urbanísticos sin que se justifiquen las modificaciones y el interés que puedan tener en beneficio de la ciudad. El PGOU vigente (2011) establece que el uso previsto para la Plataforma del Morro se limita a instalaciones portuarias de servicio a cruceros, con edificaciones mínimas asociadas, sin contemplarse ni avalarse la construcción de un rascacielos ni la implantación de un uso hotelero no vinculado a actividades portuarias. El PGOU únicamente contemplaba espacio libre de esparcimiento ciudadano y usos operativos portuarios. Es decir, la alteración de uso, altura y edificabilidad constituye una modificación que está pretendiendo crear un espacio de uso exclusivo para una élite que lo pueda pagar segregándolo de la ciudad.

Y estando la situación así, el ayuntamiento anuncia que inicia la redacción del PGOM, un instrumento que sustituirá al actual PGOU de 2011 y marcará el futuro urbanístico en vivienda, movilidad y sostenibilidad. Según se anuncia, el objetivo es definir el modelo de ciudad y acelerar la cesión de suelo para vivienda. Una adaptación a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Territorio de Andalucía (LISTA) que quiere planes mas ágiles, flexibles y con menos carga burocrática. Sobre todo, mas suelo y mas rápido para vivienda. Mas ágil, mas flexible y con menos carga burocrática implica menos precaución, menos prudencia y menos garantías.

Se debe adaptar el planeamiento urbano a las condiciones reales que ya vivimos en esta ciudad, con carencias graves en algunos distritos, de zonas verdes, de mantenimiento de edificaciones, de adaptación a las alarmantes condiciones climáticas que se seguirán produciendo y a una movilidad también adaptada que intente solventar la saturación actual. Un planeamiento urbano que asuma los objetivos de sostenibilidad y gobernanza participativa, transparente y democrática; esos objetivos deben presidir los instrumentos de planificación. Sin embargo, hemos visto cómo la apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto de sus directrices y del horizonte de futuro que prefiguran, es pura retórica.

La Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte nació como respuesta ciudadana a una propuesta especulativa proyectada al margen de la ciudadanía en el morro de levante del Puerto de Málaga.  Porque en el diseño y en el modelo de ciudad, quienes la habitan han de tener un papel indiscutible. Aunque cambien los ciclos políticos y económicos, las ciudades deberían basar su dinámica orgánica en planificaciones que provean hojas de ruta estables y consensuadas con los ciudadanos y ciudadanas que viven en ellas. Cuando el espacio urbano no se planifica, los costos son mayores, el uso de los recursos es ineficiente y su funcionalidad para las personas empeora.

El escenario futuro de nuestra ciudad, -en realidad de todas las ciudades-, es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, debería estar sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva.

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Adhik Arrilucea

En base a lo que hemos aprendido del pasado y del presente de tantos pelotazos urbanísticos, deberíamos orientar el diseño de ciudad a un futuro que la mejore y regenere sus espacios urbanos. Buscar un espacio de reflexión ciudadana conjunta, también de asesoramiento, llamando la atención sobre los potenciales efectos asociados a distintas opciones, según cada alternativa futura elegida. Los pronósticos más interesantes son aquellos que nos permiten anticiparnos a posibles situaciones a evitar. Y en este caso, el potencial efecto del rascacielos en el futuro perfil del horizonte malagueño no parece acertado.

El proyectado rascacielos es una operación inmobiliaria en un marco de arbitrariedad urbanística y bajo el criterio del corto plazo, provocando una transferencia de las consecuencias y de los impactos al futuro. Carece de un diagnóstico honesto en aspectos decisivos como: la adecuación al frágil y saturado entorno del puerto, el impacto visual y paisajístico, la medición de su resiliencia a fenómenos meteorológicos cada vez mas frecuentes en el litoral, las consecuencias esperables en tal lugar, del cambio climático y su difícil prevención, o los efectos de la generación de residuos, emisión de vertidos y deterioro de las aguas del puerto en un proyecto de tal calibre, además de los problemas de movilidad que también generaría... En fin, necesitamos una reflexión intensa al respecto. Y es que la modificación del Plan Especial del Puerto apenas cumplió una función justificadora de decisiones ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico preciso y no sujeto a modificaciones arbitrarias o coyunturales, tanto respecto al Plan Especial del Puerto como del resto de documentos de planificación de la ciudad, es posible ofrecer a los ciudadanos/as el análisis que les permita definir y diseñar la ciudad en la que quieren vivir.

Del debate suscitado por el rascacielos, se deduce la necesidad de reformar la política urbanística, de manera que incluya una repolitización del futuro. El escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que abran el debate informado a la ciudadanía. Todo lo que en el caso del rascacielos en zona portuaria no se ha producido.