Una realidad insoportable

"Un día me levantó del suelo cogiéndome por el cuello, no podía respirar, ni hablar, ni moverme. Creí que era mi fin". "Estaba viviendo en un infierno". "En muchos episodios mi padre intentó quitarme la vida".

Quien habla es un joven de 20 años y lo hizo delante de un tribunal. Con luz y taquígrafo. Era la primera vez que pudo dar su testimonio sin intermediarios, sin cortapisas, sin su padre llevándolo de la mano al juzgado y saliendo con él de la mano. Durante más de una hora, con voz clara y sin ahorrar detalles, desgranó las violencias sufridas durante años a manos de su padre. Lo hizo tarde. Más de ocho años después de que los tribunales lo obligaran a irse con su progenitor, denunciado por violencia de género y violencia contra sus dos hijos en innumerables ocasiones. Pero hasta ahora, nadie se dignó a escucharle. Ante el tribunal, relató que tanto él como su hermano menor vivían en "una situación permanente de miedo y terror". Aguantó lo más que pudo, confesó, por no dejar a su hermano menor solo con un padre, ahora sí, juzgado por violencia física y psicológica continuada contra sus hijos.

Finalmente, tras la enésima agresión, lo volvió a denunciar ante la Policía y decidió irse a vivir con su madre. Había cumplido ya los 16 años. La custodia de su hermano menor la sigue teniendo su padre, a pesar de todos los indicios que existen sobre los malos tratos: desde informes psicológicos que alertan de la violencia sufrida hasta informes hospitalarios de urgencias que relacionan lesiones al menor con violencia paterna, o  escritos de diversos expertos que advierten del riesgo psíquico y físico de que los hijos convivan con el padre.

El joven que dio su testimonio se llama Gabrien Arcuri Rivas, y es hijo de Juana Rivas. Tras escuchar su relato ante el tribunal que juzga a su padre, Francesco Arcuri, por violencia física y psicológica continuada hacia sus hijos, la pregunta obligada es: ¿Cómo es posible que este hombre siga teniendo la custodia de su hijo menor? ¿Cómo nadie ha protegido a ese niño mientras se juzga al padre por violencia precisamente hacia sus hijos?¿Cómo se permite que este menor vaya a declarar de la mano del hombre a quién se acusa de maltratarlo continuadamente desde hace años? ¿Cómo es posible que este relato no haga sonar todas las alarmas?

La principal respuesta a estas preguntas está en tres letras que describen un prejuicio contra las mujeres y sus hijos e hijas y que se aplica de forma indiscriminada en la justicia: el SAP (Síndrome de Alienación Parental). Una supuesta patología inventada por un pederasta estadounidense llamado Richard Gardner que no tiene ningún respaldo científico y cuyo uso está ampliamente extendido en el sistema de justicia del mundo entero. También en España, a pesar de que tanto el Consejo General del Poder Judicial, como la ley contra la violencia en la infancia aprobada en 2021, desaconsejan su uso. Sin embargo, la realidad es que el SAP sigue a la orden del día.

Tan extendido está su uso a lo largo y ancho del planeta, que en 2023 la Relatora Especial sobre violencia hacia las mujeres de Naciones Unidas, Reem Alsalem, presentó un largo y profundo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En él advertía que este supuesto síndrome se usa en todo el mundo en los sistemas de justicia para encubrir la violencia de género y los abusos sexuales intrafamiliares en la infancia. Se trata de prejuicios que, aplicados en la Justicia, provocan resoluciones judiciales sesgadas que acaban con la credibilidad de las madres y que en muchas ocasiones derivan en que ellas pierden la custodia de sus hijos o incluso terminan en la cárcel, acusadas de interferir en las relaciones paterno-filiales o de incumplir resoluciones judiciales sobre custodias. Tal como relataba el informe de Naciones Unidas, el principal problema de los sistemas de justicia es que ponen el énfasis en el mantenimiento de la relación entre padres y sus hijos (aunque se trate de hombres violentos) en lugar de ponerlo en el bien superior del menor. Dicho de otra forma: que muchos jueces y juezas consideran que el bien superior del menor es mantener esas relaciones paterno-filiales, aunque eso signifique arrancar a los hijos del lado de las madres.

No es sencillo saber cuántas sentencias o resoluciones judiciales incorporan el SAP, pero su uso está tan extendido que se ha convertido en un patrón de violencia institucional. Muchas mujeres no denuncian las violencias de sus parejas o incluso la violencia sexual de éstos hacia sus hijos por temor a perder la custodia o porque prefieren seguir estando presentes en la relación para poder proteger a sus hijos e hijas de un padre abusador o violento. En palabras de la magistrada Victoria Rosell, experta en violencia de género, "no se trata de fallos del sistema de justicia, sino del sistema en sí".

Recientemente el Ministerio de Infancia y Juventud decidió acometer cambios en la ley contra la violencia en la infancia (LOPIVI), para intentar evitar, entre otras cosas, el uso del SAP. En este cambio han participado activamente un amplio grupo de expertas de la sociedad civil (abogadas, juristas, sanitarias…). Entre las propuestas que presentaron al ministerio de Sira Rego estaba la prohibición total del uso del SAP, y que se impongan sanciones a quienes lo aplicaran. También proponían endurecer la ley para prohibir taxativamente que un juez pudiera mantener las visitas con sus hijos de hombres que estuvieran siendo investigados por violencia de género.

Nuestro país reconoce desde el año 2015 que los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género son también víctimas directas de estas violencias. Por lo que muchas expertas no entienden que no se apliquen con los hijos las mismas medidas de protección que se aplican a sus madres, como las órdenes de alejamiento.

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¿Cómo acabar con la violencia vicaria y la violencia institucional?

Organizaciones de la sociedad civil señalan desde hace años que la violencia vicaria (aquella en la que se utiliza a los hijos para hacer más daño a las madres) y la violencia institucional (la ejercida por las instituciones por acción u omisión) son las dos caras de una misma moneda, y que no pueden convivir la una sin la otra. Un ejemplo: la ley contra la violencia en la Infancia, que entró en vigor hace ahora cinco años, incorporó la prohibición del uso del SAP y otros criterios sin aval científico. También acordó que, cuando un progenitor estuviera incurso en un caso de violencia de género, la justicia debería suspender el régimen de visitas, relación o comunicación con el progenitor. La ley, sin embargo, también permitía a la autoridad judicial no decretar el alejamiento si realizaba una resolución motivada en el bien superior del menor. La realidad es que la excepción se convirtió en la norma. El Consejo General del Poder Judicial constata, informe tras informe, que la Justicia suspende apenas un 15% de las visitas a hombres incursos en casos de violencia de género, provocando una clara desprotección de los menores.

Para abordar estos temas y buscar soluciones, este próximo 8 y 9 de mayo se inicia en la ciudad de Maracena (Granada), un encuentro que reunirá a expertas en salud, juezas y magistradas, expertas en educación y madres protectoras, entre otras. Se trata del V Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de género Institucional (VVVI). A él acudirán también las ministras de Igualdad, Ana Redondo, e Infancia, Sira Rego, así como la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato y la fiscal de sala contra la violencia hacia la mujer María Eugenia Prendes.  Juntas debatirán propuestas y buscarán soluciones para intentar corregir los fallos estructurales de un sistema que, todavía hoy, permite que perviva una realidad sencillamente insoportable para miles de niños y niñas víctimas de esta violencia atroz.