A 27 de septiembre de 1975. Tras cuatro consejos de guerra considerados por todos los observadores internacionales, por todos los antifascistas y demócratas como unas viles farsas con pretensiones judiciales, sin pruebas de ningún tipo, sin testigos, confesiones bajo torturas toscamente manipuladas por la Brigada Político Social y por la instrucción militar, se dictaron once penas de muerte de las que se ejecutaron cinco. Se pretendía que los sometidos a la jurisdicción militar –once hombres, de ETA (p-m) y del PCE (m-l), y dos mujeres del PCE (m-l)– fueran responsables de haber abatidos a varios miembros de los cuerpos represivos de la Dictadura franco/fascista. 

De las once penas de muerte citadas se ejecutaron cinco, tres en Madrid, una en Burgos y una en Barcelona.

Recordemos sus nombres. Fusilados en Madrid, en las instalaciones militares de Hoyo de Manzanares, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, condenados en el consejo de guerra sumarísimo 1/75 en aplicación retroactiva del decreto ley antiterrorista de agosto de 1975, y Xosé Humberto Baena Alonso, condenado en el consejo de guerra 245/75 por el Código de Justicia Militar por “agresión a fuerza armada”. Fusilado en Burgos, acusado de terrorismo, Otaegi; fusilado en Barcelona, también por terrorismo, Jon Paredes Manot, Txiki.

En 1975, los cuerpos de represión al servicio de la Dictadura: Brigada Político Social, Policía Armada y Guardia Civil, asesinaron, sin contar los fusilados, a 29 personas de las que hoy los investigadores, periodistas, novelistas, charlatanes varios de los medios de comunicación y eruditos del derecho no dicen una sola palabra.

Cincuenta años después, recordamos a aquellos jóvenes, asesinados mediante fusilamiento, les homenajeamos y reconocemos su lucha por las libertades de los pueblos del Estado y por unos derechos democráticos que costaron mucha sangre y mucha represión, que no llegaron caídos del cielo. La Dictadura no retrocedió por voluntad propia ni como graciosa concesión sino por las luchas que dejaron un reguero de asesinatos de Estado durante los largos años de la hoy ya denominada Transición sangrienta.

Durante decenios, las asociaciones de la memoria, de expresos y expresas de la Dictadura, las familias de los fusilados han estado trabajando incansables por establecer la verdad, la justicia y la reparación para todos los represaliados y por la recuperación de los restos de miles de olvidados en las fosas comunes y restablecer su memoria y su lucha. El movimiento memorialístico ha ido ganando peso y extensión, se ha internacionalizado en la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo y ha dejado al descubierto la apatía y la complicidad de la monarquía y sus diferentes gobiernos y judicatura con los autores de crímenes de todo tipo realizados al servicio del franquismo.

En este maremágnum judicial de rechazo sistemático y archivo en diferentes juzgados españoles y por diferentes magistrados de las denuncias por torturas y otros crímenes, el empeño y tesón de la actividad por el establecimiento de la verdad y la memoria, se ha conseguido recientemente algunos éxitos significativos, tardíos pero valiosos. 

El 3 de octubre de 2024, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática firmaba y rubricaba la declaración de Reconocimiento y Reparación Personal del Gobierno de España señalando que Don José Luis Sánchez-Bravo Solla “padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista”.

El Reconocimiento y Reparación “declara ilegal e ilegítimo el tribunal (militar) que (le ) juzgó…y se declara igualmente ilegítima y nula la condena, sanción o resolución contra Don José Luis Sánchez-Bravo Solla…”

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Ana María Pascual

El documento, recibido por la hermana de José Luis,  Victoria Sánchez-Bravo, se acompañaba de una invitación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para una sesión de “Homenaje a las víctimas del Golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura” que se celebró en el Salón de Pasos Perdidos el 16 de diciembre de 2024. En el acto y por los mismos motivos de Reparación y Reconocimiento estuvieron presentes las hermanas de Salvador Puig Antich, asesinado por garrote vil en marzo de 1974.

Meses después, en julio de 2025, Flor Baena recibió el mismo documento de Reconocimiento y Reparación en referencia a Xosé Humberto Baena Alonso, asesinado por fusilamiento en las mismas circunstancias y día que José Luis.

De quienes fueron fusilados en Hoyo de Manzanares en 1975, queda por conseguirse la Reparación de Ramón García Sanz que, al carecer en la actualidad de familia, se ha encargado de las gestiones quien fuera su abogado Gerardo Viada.

Estos documentos tienen una importancia capital, pues tales reconocimientos confirman oficialmente, por parte del Gobierno de España, que aquellos hechos, consejos de guerra y ejecuciones, constituyeron ya sin duda ni especulación interesada alguna, unos asesinatos de Estado.

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Redacción

En este 50 aniversario tanto de los asesinatos como de la muerte del dictador y tras los reconocimientos apuntados, ha habido, desde luego, reacciones. Por un lado, la celebración, el homenaje a aquellos luchadores antifascistas y la congratulación por el éxito de todo el movimiento de represaliados y por la memoria, así como, muy especialmente, por las familias de los fusilados que no han cejado la lucha en este medio siglo y, por otro lado, la intención en textos, artículos, reportajes y en determinados libros de blanquear precisamente ese último año de la dictadura y aquellos hechos sangrientos. Para la derecha y la extrema derecha y sus cómplices de la “Transición ejemplar” la tarea a día de hoy es blanquear, de manera muy especial, este último año de la Dictadura y este último hecho sangriento que soliviantó a los pueblos del Estado y a todos los pueblos de Europa y gran parte del mundo.

Al movimiento por la Memoria, a los sobrevivientes de las luchas antifranquistas y general a todo nuestro pueblo le resta ahora plantearse, respecto al tema que nos ocupa, algunos interrogantes que nadie ha resuelto ni quien pudiera hacerlo parece tener intención de enfrentarlo.

Establecidas las circunstancias, como vienen a corroborar los documentos de reconocimiento y reparación aludidos, de los asesinatos de Estado, en cuanto correspondieron con la maneras habituales de la dictadura fascista, surgen, como decimos, a primer plano algunas preguntas elementales.

¿Cómo y por qué seleccionaron a los miembros de cada uno de los tribunales militares? ¿Cómo se desarrollaron las sesiones secretas de dichos tribunales? ¿Tenían órdenes precisas para hacer lo que hicieron, a la vista evidente de unas sentencias arbitrarias y rapidísimas? ¿De quiénes recibieron las órdenes y qué directrices / recomendaciones / criterios precisos se les dictó por parte de sus superiores jerárquicos para hacer lo que hicieron? ¿Cómo influyeron los mandos máximos de la Policía Armada y de la Guardia Civil a la hora de las sentencias y la selección de los fusilados? ¿Recibieron algún tipo de remuneración, ventaja o promoción en sus respectivas carreras?

¿Quiénes formaron parte de los piquetes voluntarios de ejecución? ¿Algunos de ellos fueron de los que anteriormente habían ya apaleado, torturado o disparado y asesinado en manifestaciones, huelgas o persecución de activistas contra la dictadura? 

¿Qué sargentos y oficiales mandaron los piquetes de referencia y dieron los tiros de gracia (en algún caso más de uno)? Se han ocultado escrupulosamente, nadie ha investigado sus nombres y apellidos, la motivación personal de sus actos, en fin, todas esas circunstancias que la prensa ha callado intencionadamente. Incluso algunos historiadores y periodistas, que tanto han especulado y juzgado mil veces a los antifascistas, siguen dejando a los asesinos y torturadores en el anonimato más estricto y cobarde. Les interesa más volver a juzgar a quienes fueron sometidos a los consejos de guerra, incluyendo insultos que ni la prensa de Franco se atrevió a proferir, que procurar desvelar quiénes cometieron los ya establecidos por declaración gubernamental como asesinatos de Estado.

Esos oficiales, tenientes o capitanes, ¿quiénes fueron?, ¿cuánto cobraron?, ¿qué otros servicios prestaron a la dictadura y posteriormente a la monarquía?, ¿por qué se escondieron y nadie los buscó y sus familias callan?

Así como los nombres y circunstancias de los condenados se han hecho públicas en reiteradas ocasiones, insultos y bulos descabellados incluidos, es preciso saber los nombres, apellidos, motivos, remuneraciones, carreras, destinos de tales individuos.

Si ya han desaparecido, sus familiares y descendientes podrían todavía hoy responder a la prensa inquieta, libre y objetiva de la que disfrutamos en Monarquía.

¿Por qué el anonimato? ¿Lo supieron sus esposas, sus novias, sus hijos o hijas, sus familias, en fin? Y si lo supieron, como cabe suponer sin dificultad, ¿por qué callaron, por qué callan?

Los procesados, condenados y asesinados tuvieron y siguen teniendo nombres y apellidos, oficios, familias, y no se han escondido, ni los medios de comunicación les han permitido esconderse y figuran en multitud de reportajes, libros, informaciones televisivas, fotografiados mil veces, reivindicando su lucha antifascista, su papel en la conquista de las libertades, pocas o muchas, que tenemos hoy en este país.

Por tanto, seguimos esperando que aquellos indeseables, defensores y beneficiarios de la tiranía, enemigos de cualquier tipo de libertad o democracia, especialistas en reprimir y matar a quienes lucharon por tal libertad y democracia, publiquen sus propias fotos, y nos cuenten sus hazañas al servicio de sus amos.

Ninguno de estos individuos, al contrario que los sobrevivientes de aquella lucha, ha sido entrevistado ni juzgado, ni indagado por la prensa ni por historiador alguno en los cincuenta años transcurridos: ¿Por qué?

Y la pregunta no es baladí, ya que muchos de estos anónimos siguieron, ya en monarquía, torturando sistemáticamente y asesinando en las calles a esas más de doscientas personas, contabilizadas a la baja, durante la referida Transición de sangre.

Señalemos que, en todos los libros escritos por periodistas y trabajos de tipo más o menos histórico, se ha pretendido incluso, en algún caso, pocos desde luego, volver a juzgar, mediante preguntas y entrevistas capciosas y algún extra de invención malintencionada, a quienes fueron sometidos a estos consejos de guerra y, sin embargo, quienes han procedido así no se han atrevido ni siquiera a intentar entrevistar, en decenios, a cualquiera de los militares que condenaron en los respectivos consejos de guerra, que dictaron las sentencias a sabiendas de que se trataban de auténticas farsas, ni tampoco realizaron pregunta alguna ni inquirieron respecto a los mandos de los piquetes de ejecución y sus componentes, quienes, desde luego, no fueron capaces de explicar públicamente su comportamiento ni de dar la cara con sus nombres y apellidos, ocultándose bajo un pacto de silencio ofrecido por sus superiores militares. 

Conjunto de circunstancias que marcan, hasta hoy, la impunidad del franquismo.