Por Álvaro Esteras, miembro de La Comuna

En la campaña del referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política se produjo el uso extensivo de los medios de comunicación. Adolfo Suárez, como director general de Radio Televisión Española de 1969 a 1973, se había dado cuenta del gran poder de persuasión que tenían los medios de comunicación y en particular de la televisión. El gobierno preparó una campaña con muchísimo dinero: Se destinaron 500 millones de pesetas, una auténtica fortuna para la época, con muchísimos anuncios en todos los medios, anuncios muy diversos, que con toda probabilidad tenían como intención dar una imagen de pluralidad, que no existía, era imposible. El pueblo español había sido privado de los más elementales y básicos derechos democráticos que le hubieran permitido expresarse, le habían sido arrebatados durante 40 años por la dictadura franquista.

De la lluvia de slogans, todos favorables al SÍ en el referéndum, todos pagados por el gobierno, tuvo mucho éxito el lema «Habla, pueblo» acompañado de un tema del grupo musical Vino Tinto del mismo título, repetido machaconamente por la RTVE y en las emisoras de radio. ¿Cómo iba hablar el pueblo si se le negaban los derechos de reunión, asociación, expresión y manifestación?

En la presentación pública de la campaña del Referéndum, Martin Villa declaró que el Gobierno seria neutral ante los que defendiesen el sí o el no; así planteado estaba claro, podían expresar su opinión las dos grandes corrientes del franquismo (y asociados), los aperturistas y los inmovilistas (¡Viva el Rey! o ¡Viva Cristo Rey!). No constituía ninguna sorpresa la declaración absolutamente antidemocrática de que el gobierno sería “beligerante” con las posiciones abstencionistas, entraba de lleno en la lógica del régimen. Vamos, que el pueblo podía hablar para decir lo que quisiese el gobierno, y si ese no era el caso, el pueblo se encontraría con el beligerante gobierno.

El asunto era para preocuparse, con los diferentes gobiernos post franquistas que se formaron desde diciembre de 1975 y en los que de una forma u otra habían participado Adolfo Suarez y Rodolfo Martin Villa, habían muerto decenas de ciudadanos como consecuencia de la acción represiva de las fuerzas de orden público. La beligerancia se evidenció con cientos de detenciones de militantes de todos los partidos de izquierda, y muy violentas actuaciones de la policía para disolver todos los actos que promovían la abstención.

El referéndum se celebró con los partidos de la oposición en la ilegalidad, con todos los derechos democráticos conculcados y con las cárceles llenas de presos políticos, El Referéndum que y acabó manchado de sangre: con la muerte de Ángel Almazán Luna, Ángel, trabajador administrativo y estudiante de 18 años, que fue asesinado en una manifestación convocada en Madrid, en la Plaza de Callao por el entonces todavía ilegal PTE (Partido del Trabajo de España), el 15 de diciembre de 1976, contra el Referéndum

La versión oficial de los hechos fue que “Ángel se había golpeado la cabeza con una farola". Los agentes en el atestado policial, al ingreso de Ángel en el hospital, declararon que Ángel se había "caído" y que "estaba bebido". Desde el primer momento hubo personas que atestiguaron cómo la policía había lanzado pelotas y botes de humo contra los manifestantes, que había cargado repetidas veces ante cualquier intento de manifestarse, y que pudo verse a la policía llevarse a rastras a un joven fuerte - Ángel - y que se ensañaron brutalmente con él dándole patadas, golpes con la culata del fusil y con las porras. A través de El Correo del Pueblo (órgano del PTE) nº 73 se denunció que Ángel estuvo detenido después de la salvaje paliza en un portal, sangrando, destrozado por el dolor, y que la ambulancia tardó casi una hora en llevarlo al hospital.

La familia no tuvo acceso al historial del hospital durante los días que estuvo ingresado, ni después. Durante los días que duró su agonía estuvo vigilado de cerca por un grupo de policías para evitar que nadie, fuera de la familia, pudiera ver el gravísimo estado en que se encontraba. El historial desapareció del hospital y el certificado médico de defunción fue entregado en la comisaria de distrito y al juez de guardia. El atestado y toma de declaración a los policías responsables de la muerte de Ángel la realizó la misma Policía Armada, para pasar después el caso a un tribunal militar que lo archivó.

El tratamiento de la prensa no pudo ser más manipulador, un ejemplo fue la pequeña nota en la Vanguardia del día 21 de diciembre que relataba que el joven Ángel había ingresado “herido por causas no determinadas”. El redactor (que no firmaba el articulo) debía ser el rey del eufemismo.

La Asociación de Vecinos del Puente de Vallecas hizo público un comunicado pidiendo el esclarecimiento de los hechos y “las responsabilidades que procedieran a todos los niveles”, y convocaron a los vecinos a manifestarse para que el asesinato de Ángel no quedase impune. Tras el funeral, más de 3.000 personas se manifestaron el día 22 en solidaridad con Ángel y su familia, pero la petición de responsabilidades no prosperó.

La familia de Ángel, sus padres, Ángel y Tomasa y más tarde Javier, su hermano pequeño, junto a Saturnino Peña, amigo personal, estuvieron años intentando el esclarecimiento de los hechos y para hacer posible que a Ángel se le reconociese como víctima de la represión., Primero intentaron acogerse a la Ley de Víctimas del Terrorismo, pero no prosperó: Las víctimas del franquismo y la transición no tenían, ni tienen hoy, cabida en esa ley; obviamente, sería tanto como reconocer que el Estado - el “postfranquista” en este caso - había ejercido contra los opositores terrorismo de estado.

Más tarde, en el proceso de presentación de la documentación para acogerse a la Ley de Memoria Histórica 52/2007, pudieron por fin tener acceso al sumario que había abierto un juzgado militar. Así pudieron conocer las declaraciones de dos agentes de la Policía Armada ante el Tribunal Militar encargado de la investigación de los hechos. Tomás González Cid y Francisco Zambrano García, negaron saber cómo Almazán Luna se había causado los golpes, ya que ellos únicamente habían acudido a "socorrerlo" y trasladarlo a la Casa de Socorro de Chamberí. "Se dio un fuerte golpe en la cabeza contra una farola al intentar huir", alegaron los agentes, quienes adujeron que la "dificultad de expresión" del herido se podría deber a que "estuviera bebido".

En el sumario existían otros testimonios absolutamente contradictorios con lo declarado por los policías, una testigo XXX, declaró en las diligencias previas del sumario - y esto fue corroborado por su compañera de piso YYY - que había visto a la policía disparar con pelotas de goma "muy de cerca", que vio que "un joven alto, fuerte, moreno" (describe bien a Ángel) caminaba dando tumbos e incluso cayéndose y volviéndose a levantar varias veces, al tiempo que se agarraba la cabeza"; que vio “cómo un policía, apoyando su fusil contra él por debajo de la barbilla y apretándole contra el suelo, le daba patadas en distintas partes del cuerpo". Que se acercó otro policía “que también le dio patadas y que tirándole de los pelos y sujetándole, pues no se tenía en pie, le levantaron y se lo llevaron medio a rastras".

En la autopsia a la que finalmente tuvo acceso la familia se describían unas lesiones que no parecían en absoluto compatibles con lo manifestado por la policía, la autopsia informaba que el cuerpo de Ángel presentaba del orden de 50 moratones, con Ángel, alguien (y no una farola) había sido beligerante, muy beligerante. En el sumario se constataba que, a pesar de todas estas evidentes contradicciones, el 28 de diciembre de 1977, un año después, el Tribunal sobreseyó el caso al "no haberse podido demostrar quiénes causaron las lesiones que produjeron la muerte". Seguro que no tenía nada que ver que tanto el Juez como el secretario del Juzgado Militar fuesen miembros de la Policía Armada: un teniente y un sargento. Cualquier intento de reabrir el caso para depurar responsabilidades desapareció con la Ley de Amnistía de octubre de 1977.

Javier, el hermano de Ángel, tras un camino largo en años y costosos esfuerzos, consiguió en 2009 que el Gobierno español, a través de la Ley de Memoria Histórica, reconociera el derecho de Ángel a obtener una "reparación moral" por haber padecido "persecución o violencia”. En aquellos momentos, Javier fue tajante: "No es suficiente; lo sería si el Estado reconociera que las Fuerzas del Orden Público asesinaron a mi hermano, como a otros más" declaró al diario El Mundo.

Todos los que le conocían, recuerdan a Ángel como un joven generoso y valiente, un joven que estudiaba y trabajaba para ayudar a su familia, con enormes ganas de aprender y luchar, un joven antifascista que no dudaba en participar en todas las manifestaciones en defensa de la democracia y la libertad.

Hoy para Ángel todavía no hay justicia.