Regular o construir: un falso dilema

Ante la situación de crisis habitacional que vivimos, el debate sobre las políticas públicas de vivienda se ha vuelto cada vez más frecuente, tanto en la calle como en los medios e instituciones. Este cambio en el interés de la ciudadanía por el problema de la vivienda es algo, en sí mismo, muy positivo, ya que la situación en la que nos encontramos no puede explicarse sin décadas de dejación política en todo lo relativo a la vivienda, pero también en torno al modelo de ciudad al que aspiramos. La vivienda y la ciudad ocupan un papel trascendental en nuestras vidas y, por lo tanto, deben jugar un papel central en el debate público de nuestro país.

Décadas de políticas públicas de vivienda erróneas, así como un modelo urbano en gran medida desfasado, nos han conducido a la actual situación que requiere, a corto plazo, de una reacción contundente por parte de la izquierda. Esta reacción presenta ya numerosas expresiones, desde la aparición de múltiples organizaciones en defensa de los derechos de las inquilinas, hasta una amplia teorización sobre qué es lo que falla en nuestro modelo de vivienda y de ciudad. Ante esta situación de emergencia, la inmediatez del corto plazo hace que la izquierda, tanto en lo institucional como en la calle, adopte una actitud defensiva que es, sin lugar a duda, necesaria para poder frente a lo que nos viene encima. Esta actitud se sustenta, a mi juicio, en los verbos más usados cuando abordamos esta cuestión: prohibir (las viviendas turísticas); limitar (la compra de vivienda por parte de fondos); controlar (el precio del alquiler). La utilización de estos verbos de marcado cariz defensivo no es casual, sino más bien la expresión de una cierta impotencia ante una situación que no llegamos a poder controlar, y a mi juicio, entender tal y como nos gustaría.

Es evidente que es necesario intervenir el mercado de alquiler, así como controlar la actividad de determinadas actividades económicas que socaban el derecho a la vivienda. Pero es igualmente necesario que desde la izquierda empecemos a plantear los mimbres de un modelo alternativo de ciudad y de gestión de la vivienda que debe ir más allá del ya manido hay que construir más vivienda pública. Por supuesto, existen numerosos expertos en la materia que han desarrollado magníficas teorías sobre modelos alternativos de ciudad y de vivienda, pero necesitamos aterrizar todos estos planteamientos teóricos en un proyecto político materializable a corto y medio plazo, que ilusione y resulte sugerente para la ciudadanía. No podemos aspirar a ganar la confianza de la gente si el grueso de nuestro mensaje en vivienda se articula a través de verbos de cariz negativo.

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No debemos olvidar que la izquierda siempre se ha caracterizado por poner el derecho a la vivienda y a la ciudad en el centro de sus políticas públicas y, para ello, ha impulsado maravillosos proyectos de vivienda en los que el urbanismo y la arquitectura han jugado un papel central. Ejemplo de ello son los asentamientos construidos en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial (los new towns ingleses), impulsados por los primeros gobiernos laboristas en su afán por mejorar las condiciones de vida de la clase obrera británica, o los grandes proyectos de vivienda social municipal impulsados por los sucesivos ayuntamientos de Viena. La lista es infinita, pero todos se caracterizan por representar un modelo de desarrollo urbano influido por los valores de la izquierda, alternativo al entonces existente. Desde la izquierda, debemos recuperar la iniciativa e incorporar en el relato verbos tan sugerentes como proyectar, impulsar, promover y, por supuesto, construir, tomando siempre como eje la planificación pública que ponga en el centro el interés general. Debemos dejar atrás la falsa disyuntiva entre intervenir o construir, y abogar por un modelo basado al mismo tiempo en la intervención (sobre lo ya construido) y en el desarrollo urbano bien planificado.

La realidad es tozuda, y no podemos abstraernos de algo tan relevante como el enorme aumento del número de personas y, sobre todo, del número de hogares que se ha dado en todo el país, especialmente en la Comunidad de Madrid. Es cierto que muchos de esos nuevos hogares deben poder optar a alguna de las viviendas vacías o ahora destinadas al alquiler turístico, pero si realizamos un mínimo análisis riguroso, nos daremos cuenta de que incluso en el hipotético caso de que consigamos movilizar en un periodo de 10 años las cerca de 188.000 viviendas vacías (según el estudio más riguroso realizado hasta la fecha), o destinemos la totalidad de las aproximadamente 15.000 viviendas de uso turístico que hay en la CAM, no bastaría para dar respuesta al aumento de hogares, estimado en más de 310.000 solamente en esta región para el periodo 2026-2036.

Ante un problema sistémico, debemos pasar a la ofensiva en términos propositivos y disputar el medio y largo plazo, ya que solamente así podremos construir un horizonte verdaderamente ilusionante en el ámbito del derecho a la vivienda para las clases trabajadoras de nuestro país. Es decir, debemos comenzar a pensar en cómo queremos que sean los nuevos barrios que necesariamente se van a tener que construir y cómo queremos que se gestionen las nuevas viviendas que en ellos se construyan, más allá de denominadores comunes ya manidos. Cuestiones muy vinculadas con la ordenación del territorio y el modelo urbano deben pasar a formar parte del núcleo central del relato de la izquierda, ya que sólo así podremos plantear un modelo alternativo de desarrollo urbano al tan denostado PAU madrileño. Quedarse en la mera crítica al actual modelo de desarrollo urbano y no plantear un verdadero modelo alternativo generará graves problemas a largo plazo.

Evidentemente, esta afirmación no supone que debamos dejar de intervenir sobre la ciudad ya construida. En este ámbito debemos poner todo nuestro empeño para que el parque de viviendas ya construido mejore, de forma paralela, en su asequibilidad y en su calidad. Pero la propia realidad de este parque, donde la micro propiedad es abrumadoramente mayoritaria (no nos engañemos, la mayor parte de los españoles no viven de alquiler), hace que la intervención sobre esas viviendas ya construidas resulte de una enorme complejidad y requiera, al mismo tiempo, que la izquierda plantee un verdadero proyecto alternativo de crecimiento urbano que se articule alrededor del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad.