Abro las páginas de este diario y leo en la portada que el Gobierno español está tratando de suturar las heridas de la mayoría rota. Acompaña la noticia una fotografía de Pedro Sánchez sentado junto al lehendakari Imanol Pradales en los sofás de la Moncloa. En efecto, el PNV andaba un poco mosca porque el PSOE estaba incumpliendo los plazos para transferir las competencias reconocidas en el Estatuto vasco. En su momento, el asunto fue condición estricta para la investidura de Sánchez. El caso es que las deudas son propensas a dormir el sueño de los justos hasta que colman la paciencia de los acreedores.

Hace unos días, cuando se anunció el traspaso de las cinco competencias en liza, Isabel Díaz Ayuso compareció con el blinblín de siempre para tildar el acuerdo de "corrupción de Estado". Puesto que el Estatuto de Gernika data de 1979, hablamos de una ley orgánica que lleva 46 años incumplida. En la cabeza de la generala, cumplir la ley conlleva una actitud corrupta. ¿Qué dirá entonces de José María Aznar, que entre 1996 y 1999 negoció con el PNV nueve traspasos competenciales a cambio de su investidura? Corrupción en vena. O como dice Ayuso, "entregar lo de todos para hacer conchabeo a espaldas de los ciudadanos".

Pero Ayuso se refirió también al acuerdo sobre la financiación catalana alcanzado a principios de enero por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. El apretón de manos ayuda a recomponer la confianza dañada y por eso la presidenta madrileña lo califica de "chantaje e ilegalidad". En su boca, se trata de un obsequio para los independentistas en detrimento de las comunidades tuteladas por el PP. Sin embargo, Sánchez propone incrementar en 21.000 millones la financiación de los ejecutivos autonómicos y Feijóo se cierra en banda. Por no hablar de que el PPC ya ofreció en 2012 una financiación singular para Catalunya sin que nadie dijera esta boca es mía.

¿Qué más? La regularización de inmigrantes negociada con Podemos. Medio millón de personas que viven en España y que carecen de antecedentes penales podrán salir de las sombras. La derecha ultramontana, desde Vox hasta el PP, jura que revolverá Roma con Santiago para que decaiga la norma. Para los trumpistas de imitación es una cuestión existencial: si los llamados migrantes "ilegales" pasan a ser legales, se desmorona de golpe la mitad de su programa político. Hoy que algunos fantasean con fundar un ICE de charanga y pandereta, la regularización debería ser motivo particular de regocijo.

Irene Montero asume que el pacto con Sánchez exige algunas contrapartidas, así que las especulaciones apuntan nuevamente a Catalunya. En septiembre de 2025, Podemos bloqueó el traspaso de competencias migratorias que el PSOE había prometido a Puigdemont después de que Junts retirara su cuestión de confianza contra Sánchez. El estatuto de 2006 ya contemplaba este género de cesiones, pero la formación morada entiende que el debate actual no se produce en un contexto inocente sino bajo la presión xenófoba de Aliança Catalana. Con la regularización de migrantes de por medio, cabe aventurar que Podemos depondrá el veto.

Una vez se encaucen las aguas con PNV, ERC y Podemos, la reconciliación con Junts podría parecer más cercana. Así al menos lo desea Sánchez. El Congreso, en última instancia, es una temblorosa torre de Jenga. Una pieza mal encajada puede precipitar el derrumbamiento. Por ahora, aprobar los presupuestos parece una empresa descabellada, pero asoma la oportunidad de restablecer una calma parlamentaria que nunca llegó a existir del todo. De hecho, venimos de una votación a cara de perro con un decreto social que ha fotografiado a PP, Vox y Junts en la misma barricada de bloqueo.

En su afán por restaurar las alianzas, Sánchez había apalabrado con EH Bildu una prórroga del escudo social y la prohibición de los desahucios para personas vulnerables. El Gobierno incorporaba la revalorización de las pensiones en el mismo paquete y ponía en un brete a la derecha. Ya no se trataba tan solo de cortar la luz y el gas a los hogares vulnerables. Era algo más que poner a miles de familias en la calle. Se trataba, además, de cabrear al colectivo de pensionistas con una cuestión que en 2023 tal vez costó la presidencia al PP tras la entrevista de su candidato con Silvia Intxaurrondo. "No es correcto, señor Feijóo".

La última encuesta de Key Data para Público aleja a Sánchez del Gobierno y engorda a Vox hasta extremos inéditos. La erosión del PSOE es incuestionable. A la escandalera de Koldo García o Paco Salazar añadimos ahora el accidente de Adamuz. No obstante, esta semana brotaba un titular esperanzador entre el zarzal de noticias oscuras: el desempleo ha caído por debajo del 10% por primera vez desde 2008. Entretanto, Sánchez se empeña en suturar la mayoría rota. Y así, acumulando minorías absolutas, lleva casi ocho años en el cargo. Si llega a junio, será el segundo presidente más longevo de la historia reciente por detrás de Felipe González. Ya tiene mérito.