¿Qué será lo siguiente? ¿Repartir beneficios?

La CEOE y Cepyme han confirmado oficialmente este martes que no apoyarán la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral de 40 hasta 37,5 horas semanales en 2025. Sorpresa para nadie, en realidad, pese al optimismo que mostraba (o "trataba de") la vicepresidenta Yolanda Díaz en las negociaciones con la patronal hace unas semanas. La noticia se ha conocido en plena emergencia por la catástrofe de València y Albacete y, precisamente, cuando se ha hecho pública la situación de tantos y tantas trabajadoras a los que no se interrumpió su jornada laboral en plena tromba de agua hace una semana; o cuando se descubren casos como el del electricista residente en Alfafar al que su jefe amenaza con represalias por llegar tarde a trabajar tras caminar varias horas hasta su puesto y denunciarlo. Sin coche, sin transporte público y en condiciones muy complicadas por los efectos de las inundaciones, Fabián Leal contó en La hora de la 1 (TVE) que tuvo que ir a trabajar por imperativo empresarial. Lo hizo, además, el mismo día que el Gobierno activó los ERTE para tratar de proteger a trabajadores y empresas de los efectos del temporal más destructivo de este siglo, al menos.

Denunciar los abusos laborales sigue siendo muy complicado cuando planea el fantasma del despido y, pese a que la CEOE apela a una debilitación de la negociación colectiva si se aprueba la reducción de jornada por ley, la realidad es tozuda: actualmente, el 41% de trabajadores no cobran ni cotizan por las horas extra que hacen, es decir, según la Encuesta de Población Activa, cuatro de cada diez trabajadores que echan horas extra no cobran ni un euro más por ellas. El problema no es que la jornada sea larga; el problema es que se hace tan larga como sea necesario para el empleador en demasiados casos y sin remunerar, lo que genera que España sea uno de los países de la UE con mayor insatisfacción laboral, por los bajos salarios y los problemas de conciliación, a los que se añade el problema del acceso a una vivienda de precios obscenos.

La reducción de la jornada laboral solo es una de las patas de la reforma estructural pendiente del Gobierno de coalición para mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras: mejores salarios, horas extras remuneradas, derechos básicos e igualitarios de conciliación entre el trabajo y la vida personal y otras aportaciones más novedosas, como que las empresas repartan sus beneficios entre los trabajadores y que esto se garantice por ley, a imagen y semejanza de Francia, que la aprobó en 2023. El país vecino, por cierto, tiene una jornada laboral de 35 horas. La propuesta del reparto de beneficios todavía es solo una propuesta del PSOE para sacar adelante junto a otras 229 en su 41º Congreso Federal, tal y como adelantaron Palomera y Monrosi en ElDiario.es, pero si a la patronal le da urticaria la reducción de la jornada laboral por ley, imagino lo que pueden pensar del reparto de sus beneficios, teniendo en cuenta que no es lo mismo una extra que un reparto. Ojalá me equivoque.

Al Gobierno se le complica la aprobación parlamentaria de una reducción de jornada que ahora deberá pactar con los sindicatos, que van más fuertes que la patronal, aunque en sentido contrario, y ya han advertido de que habrá movilizaciones si no se aceptan sus condiciones. De llegar al acuerdo con CC.OO. y UGT, PSOE y Sumar cuentan en el Congreso con los apoyos de sus socios de investidura de izquierdas y previsiblemente, dicen, con el del PNV, aunque seguirían necesitando sí o sí los votos de Junts o el PP para que salga adelante. La sombra de la patronal, sin embargo, es tan alargada como los 40 años que llevamos con la jornada laboral vigente.