No es que sea necesario que nadie venga de fuera para hacernos saber que nuestra Justicia da asco. Hoy es el turno de Didier Reynders, el comisario europeo de Justicia que, iluso de él, espera forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Otras veces fueron algo más que tirones de oreja del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, incluso, ha llegado a declarar injustos los juicios a personas acusadas de pertenencia a ETA. Con esos mimbres, el cesto resultante se convierte en cubo de basura que desprende un hedor de justicia teledirigida que se torna en injusticia. Isa Serra es su última víctima.

El caso de la coportavoz de Podemos resulta especialmente llamativo por el descaro, la desfachatez con que se ha procedido desde los órganos judiciales. La cronología, desde luego, es para avergonzar a la cuadrilla del CGPJ. No fue hasta 2020 cuando llegó la primera sentencia, aquella del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por delitos de atentado, lesiones leves y daños cometidos durante las protestas por un desahucio en 2014. Seis años llevó que los engranajes de la justicia se movieran en un juicio que ni siquiera tuvo en cuenta los vídeos de la prensa que apoyaban la versión de Serra.

Un año después, el Tribunal Supremo (TS) ratificaría la condena que la inhabilitaba durante 19 meses. Aquel pronunciamiento del alto tribunal ya generó malestar, porque la sentencia fue filtrada a OK Diario antes, incluso, de que se notificara oficialmente a la persona afectada. Sin embargo, el cúmulo de despropósitos no terminaría ahí: más de un año después de que el TS ratificara la sentencia se ejecuta, de manera que Serra no podrá concurrir ni a las elecciones municipales/autonómicas de mayo de 2023 ni a las generales de noviembre de 2023, después de haberse apeado de las últimas autonómicas de Madrid porque se presumía que la ejecución llegaría durante esa legislatura.

La ejecución de la sentencia se produce ocho años después de la comisión del delito, dos años y medio después de la sentencia y más de uno desde que la ratificase el Tribunal Supremo. Ni los eufemismos que acostumbra a destilar la clase política ni el más ducho experto en marketing sería capaz de pintar estos hechos como justicia. El sistema no funciona, plantea serias dudas acerca de la objetividad, credibilidad e imparcialidad de nuestra judicatura, sugiriendo que la justicia está teledirigida.

No es necesario ni tener pruebas -que las hay- ni gruesos expedientes que describan con minucioso nivel de detalle la situación, el simple tufo que desprenden hechos como los acontecidos con Serra desprestigian nuestra Justicia y, con ello, nuestra misma democracia. En un sistema en el que la ciudadanía se siente desamparada, en el que no confía en los tribunales concibiéndolos como una pérdida de tiempo y dinero, ¿cuál es el nivel de protección? ¿Dónde está la separación de poderes? No existe, lo que lastra una democracia que costó mucho levantar y que algunos han utilizado más como vía para el lucro que para alcanzar una convivencia más próspera y mejor para quienes habitan España.