Tras la rebelión de algunas Comunidades Autónomas (CCAA) a lo acordado por mayoría, el Consejo Interterritorial ha quedado en entredicho. Su utilidad y, lo que todavía es más descorazonador, la incapacidad por parte de quienes nos gobiernan a nivel estatal y autonómico de tomar una posición común que vele por nuestro bienestar se ha hecho tan evidente que nada bueno dice de ninguno de ellos.

El Consejo Interterritorial es uno de los instrumentos básicos de la cogobernanza de esta crisis sanitaria; una cogobernanza que debiera entenderse como la toma de decisiones en común, sin imposiciones unilaterales, una estrategia única a nivel de país sin que ésta vaya en detrimento de considerar las situaciones particulares de cada región.

Sin embargo, este planteamiento únicamente lo soporta el papel, porque a la hora de ponerlo en práctica priman otros intereses. No parece de recibo que unas medidas negociadas y aprobadas por mayoría en el seno del Consejo Interterritorial queden en papel mojado. Votaron a favor once CCAA (Castilla y La Mancha, Valencia, Extremadura, Ceuta, Cantabria, La Rioja, Asturias, Canarias, Baleares, Navarra y Aragón) y en contra seis (Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia). Se abstuvieron, lo que en política es sinónimo de dar el beneplácito, dos regiones gobernadas por la derecha: Castilla y León y Melilla.

Aquello no sirvió absolutamente de nada. Dada la mayoría que aprobó las medidas, desde el ministerio de Sanidad se le dio forma de Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC), lo que afectos jurídicos hace que estas medidas sanitarias sean de obligado cumplimiento. Frente a las amenazas de la presidenta madrileña y los lamentos del lehendakari por considerar que se invadían sus competencias, la titular de Sanidad Carolina Darias continuaba hablando de "obligado cumplimiento".

Si miramos ahora el minuto y resultado, todo ha quedado en suspenso después de que la Audiencia Nacional, tras un recurso interpuesto por Madrid, haya suspendido cautelarmente la DAC en espera de valorar si procede su cumplimiento o no. La contundencia de Darias defendiendo las reglas del juego del Consejo Interritorial se han esfumado y ahora mismo, pese a que el DAC ya fue publicado en el BOE, todo es negociable... como de hecho lo era antes de que se votara en el Consejo, pero no se negoció o no lo suficiente.

Por otro lado, mientras España mantiene una incidencia de 115, que es superior a la de otros vecinos europeos, continuamos con medidas restrictivas más laxas. La consecuencia lógica más visible la encontramos en decisiones como la de Reino Unido, que nos ha excluido como país seguro para viajar. Dicho de otro modo, con una mayor relajación de las normas, que proponen las CCAA rebeldes para favorecer a la hostelería, se pone en riesgo la llegada de más del 20% de los turistas que acostumbraban a llegar a España (unos 18 millones de británicos), lo que sin duda no favorece demasiado a los intereses que dicen defender. Ya saben, aquello de soplar y sorber a un tiempo.

De cara a la ciudadanía, estos continuos desencuentros entre Administraciones en cuestiones tan esenciales como nuestra salud sólo provocan desafección política y amplifica los sectarismos, las hinchadas políticas de uno y otro signo que lo único que consiguen es retroalimentar la crispación y provocar nuevos choques de trenes políticos.

¿Encajarán las CCAA rebeldes las consecuencias de sus acciones o, como hasta ahora, sólo se adjudicarán las buenas noticias dejando la autoría de lo negativo para el gobierno de la nación? La cogobernanza nunca ha existido. El consenso, la templanza y, sobre todo, la búsqueda del bien común, tampoco, únicamente destellos.