Las informaciones reveladas estos días por Crónica Libre y lo que vienen contando varios medios desde hace tiempo sobre la forma de actuar de algunos policías, políticos y periodistas son solo pequeñas muestras de cómo funciona todo. Queremos creer que es una anécdota, cosa de cuatro personajes, porque asumir que esto funciona así, a gran escala, duele. Pero es así. Es lo que se cuece entre bambalinas día tras día, aunque no haya nadie grabando “No son las cloacas, son los cimientos”, escribía ayer mi amigo Benjamín en Twitter. Porque para que todo esto sea posible e impune, estas formas de actuar y de incidir en asuntos públicos, es lo que permite que la estructura permanezca inalterable. Que nadie, ni la voluntad popular, mueva nada. Conservar sus privilegios a toda costa y seguir con sus juegos de trileros decidiendo a quién encumbran y a quién defenestran.

Esto no empezó con la guerra sucia contra Podemos. Ejemplos anteriores tenemos para parar un tren. Aunque con esta guerra en particular se haya podido ver cómo funciona la cloaca, gracias en parte a los altavoces con los que cuenta un partido que, a pesar de todo, forma parte del gobierno, hay muchos otros casos que han sucedido con anterioridad y a los que muy poca gente prestó atención porque las víctimas no tenían ni el entorno ni la publicidad de la que sí goza un partido político. El hecho, por ejemplo, que el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid llegara a señalar que el bulo contra Iglesias era "veraz" y había sido contrastado con "fuentes policiales", demuestra que las “fuentes policiales”, y por extensión, las decisiones judiciales, deben ponerse más de una vez en cuarentena. Esto, además, le costó al exvicepresidente, 30.000€ en costas por este juicio. Hoy se demuestra que Pablo Iglesias tenía razón, pero nadie le va a devolver esos 30.000€ ni va a resarcir el daño que causó esa desinformación a su partido, a las puertas de unas elecciones generales. Un daño que, como apuntó anteayer en La Base, es en realidad a la propia democracia, pues querer influir en unas elecciones con mentiras, sirviéndose de múltiples cómplices, es un atentado contra cualquier sistema que se considere democrático.

Justo esta semana, y aprovechando el revuelo, alguien decidió estrenarse en Twitter: “A estas alturas a nadie le debería sorprender que exista una simbiosis de putrefacción entre agentes de la autoridad, propagandistas y políticos profesionales”, decía en hilo Alfonso Fernández, ‘Alfon’, un joven vallecano que estuvo varios años en prisión acusado de un delito que él siempre negó, y cuyo juicio estuvo plagado de irregularidades. También pidieron la vez los independentistas vascos y catalanes, activistas de varios movimientos sociales de izquierdas de todo el Estado, y periodistas de diversos medios, que quisieron recordar que las cloacas llevan funcionando desde siempre. Como decía Benjamín, insisto, forman parte del Estado. Recuerden Pegasus. Aquí no ha pasado nada y ya nos hemos olvidado.

Si lo han hecho con una parte del Gobierno, ¿cómo no lo iban a hacer con activistas y movimientos sociales? A Alfon se le sumó Javitxu, uno de los seis antifascistas de Zaragoza condenados a siete años de prisión solo porque un policía dice que lo vio tirar una piedra. O a varios periodistas que denunciaron y testificaron sobre una agresión policial durante las cargas en el mitin de Vox en Vallecas, a los que la jueza ha imputado por supuesto falso testimonio. Casos hay de sobra, y no pretendo citarlos todos, pero quienes los hemos seguido y hemos denunciado las sombras que han planeado en muchos de estos, hoy nos sentimos un poco más respaldados por las evidencias de putrefacción que supuran estos días.

Pero en todos estos casos se está omitiendo una parte fundamental de la ecuación, a la que justo ayer apelaba directamente uno de los audios: “Margarita Robles está absolutamente a nuestro favor”, decía Mauricio Casals en un audio. La ministra de Defensa, ojo. De quien depende el CNI. Posteriormente, la conversación citaba al presidente del Gobierno: que le iban a dar cera a Pedro Sánchez, decían. Ni aun así espero que se pronuncien. Son esas cosas que suceden incluso dentro de un mismo partido, de un mismo gobierno, como el caso Ábalos, por citar un ejemplo, y que demuestran las cuchilladas y las deslealtades, las miserias y las conspiraciones que trascienden las supuestas camaraderías o intereses corporativos. No saldrán a dar explicaciones porque eso les obligaría a explicar demasiadas cosas, igual que lo de ‘los americanos’ que admitía Villarejo sobre la venta de información a una potencia extranjera cuando necesitaban pasta. O de la reunión de Dolores Delgado siendo Fiscal General del Estado y ex ministra de justicia, con Inda el mismo día que Villarejo salía de prisión. O sobre lo que contaba la periodista Patricia López en otra pieza que pasó relativamente desapercibida: que Villarejo contaba con un grupo de policías para hacer los informes falsos, que aún siguen en la UDEF. Es decir, policías compinchados con el comisario corrupto, siguen hoy en activo.

Marlaska debería ser uno de los primeros en dar la cara, pero acostumbrados nos tiene ya a negar la mayor desde mucho antes de ser ministro. Cuando era juez no veía las torturas que los detenidos denunciaban, y Estrasburgo condenó a España varias veces por ello. Hace unas semanas, tampoco vio, a pesar de las evidentes imágenes que publicó este medio, cómo agentes marroquíes cruzaban la frontera para apalear y llevarse de nuevo a Marruecos a varias personas migrantes, de las que más de treinta morirían. Todo bien resuelto, recuerden. La policía, igual que las Fuerzas Armadas, son intocables. Siempre lo hacen bien. Por eso, Marlaska sigue concediéndoles el regalo de la Ley Mordaza por la que tanto se calientan cuando pedimos su derogación.

Sin embargo, la picota está estos días en determinados políticos víctimas de esta trama, en los medios y en los periodistas que protagonizan este caso, así como en aquellos que se sientan en sus programas. Pero que no se olviden muchos otros casos de personas ajenas a partidos, y que esta apelación a la honestidad del periodismo venga acompañada también de un apoyo a aquellos medios que han demostrado su independencia y su esfuerzo por dar otro tipo de información, por atender no solo lo que afecta a los protagonistas habituales de ‘la política’, sino también a cualquiera que se mueve. Porque quienes no se creen el servicio público ni el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz no mirarán nunca por el bien común. Nunca, una empresa, ni una mafia, mira por el bien de todos.