Los focos sospechosos de gripe aviar se multiplican en Andalucía. La preocupación entre la ciudadanía se acrecienta, no sólo porque los brotes trascienden a las explotaciones avícolas o el mismo Espacio Protegido de Doñana, detectándose también en parques urbanos, sino porque desde la Junta de Andalucía no fluye la comunicación. La ausencia de transparencia siempre es nociva, pero cuando además concierne a la salud pública contribuye a generar inquietud y desconfianza.

Huelva, Sevilla o Málaga son las provincias afectadas por los focos de gripe aviar. En algunos casos, como sucede en Sevilla con el Parque del Tamarquillo (confirmado), el Parque de María Luisa, el Parque de Miraflores y en los jardines del Alcázar (en investigación), las aves muertas se han detectado en pleno núcleo urbano. Sucede lo mismo en Málaga, donde fueron los propios vecinos y vecinas quienes alertaron de la aparición de aves muertas en el Parque de Huelin, dejando en evidencia al Ayuntamiento, que ha privatizado la gestión del área Parques y Jardines con evidentes deficiencias en la actuación de la empresa adjudicataria.

Precisamente el hecho de que no hayan sido los servicios municipales quienes detectaran los focos sospechosos de gripe aviar plantea a la ciudadanía si la gestión de este peligro para la salud pública está en buenas manos. Tanto es así que en Málaga hasta un total de 14 colectivos vecinales han presentado escrito a la Fiscalía de Medio Ambiente, al área municipal de Sostenibilidad Medioambiental y a la Consejería de Agricultura exigiendo que se realice una investigación rigurosa y se den las explicaciones pertinentes. 

El propio fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, ha lamentado públicamente la falta de información oficial porque genera “alarma social”, remarcando que “lo oportuno sería tranquilizar a la gente diciendo qué es lo que está pasando”. No puedo obviarse que mientras unos parques son cerrados, otros no pese a contar con guarderías adyacentes, sin que se aporten datos objetivos que respalden el criterio de tal decisión.

La mayor parte de la información que le llega a la opinión pública procede de los medios de comunicación que para la elaboración de sus artículos consultan a científicos o colectivos ecologistas, paliando así la opacidad desplegada por el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. En cierto modo, esta deficiente gestión de una alerta sanitaria recuerda a la que también se llevó a cabo en 2019 con los brotes de listeriosis. Entonces, también se produjo una opacidad en torno a los fallos en la seguridad alimentaria, que enfermó a más de un centenar de personas, se cobró la vida de cuatro personas y produjo casi una decena de abortos. El que hoy es diputado y vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, actuaba como consejero de la Presidencia y portavoz y llegó a entrar en contradicción con su propio consejero de Salud, hablando de distintas cepas de listeria. 

El mantra de ‘cultura de gestión’ que acostumbra a entonar el PP cobra cuerpo cuando se analiza el modo en que sus gobiernos abordan las crisis más allá de Andalucía. En la práctica totalidad de circunstancias en las que aplican tal cultura, es preciso emitir un sonoro SOS. Los casos más recientes los podemos encontrar en los incendios que han asolado Galicia, Castilla y León o Extremadura este verano o cómo la ineptitud del gobierno de Carlos Mazón se llevó por delante la vida de más de doscientas personas durante la DANA de València. 

Si nos remontáramos más en el pasado, podríamos recordar la crisis del ébola, que terminó con una ministra de Sanidad, Ana Mato, desautorizada por su propio gobierno dada su manifiesta incapacidad trufada de improvisaciones; apenas un mes después dimitiría tras ser imputada -y posteriormente condenada- por la trama Gürtel. 

Todos los desafíos que han tenido los gobiernos del PP ante sí se han cobrado la vida de personas y, a sus ojos, ninguna ha sido responsabilidad suya. La listeria fue culpa de los ayuntamientos, la DANA de Aemet y los incendios del Gobierno de España, que pese a no ser competencia suya debería haber gestionado la masa forestal con óptica preventiva y haber destinado a la extinción más medios de los que tiene todo el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Cuando no hay chivo expiatorio posible, como sucede ahora mismo con la gripe aviar, el PP opta por adoptar una postura de control total, sin facilitar datos que respalden ese discurso, y culpar a la ciudadanía de generar una alarma infundada. Resulta complejo citar una alerta sanitaria o emergencia civil en la que el desempeño del PP haya estado a la altura. Su modus-operandi habitual con el que se sacude las competencias autonómicas cuando vienen mal dadas y reclamarlas cuando se trata de poner el cazo para obtener financiación estatal provoca el más absoluto desamparo de la ciudadanía y de nuestro propio entorno natural.

El cinismo y desfachatez con la que elude su deber y esquiva responsabilidades lleva al PP, incluso, a ejecutar los protocolos de la vergüenza en las residencias de mayores de Madrid, cobrándose la vida de 7.291 personas, y después mentir afirmando que estos centros son competencia del Gobierno de España. Precisamente este episodio nos remite, inevitablemente, a pensar cuán distinto habría sido la gestión de la pandemia si la hubiera liderado el PP, entonces con Pablo Casado al frente. Uno no puede evitar sentirse afortunado porque el gobierno estuviera entonces en manos de un gobierno de coalición progresista. 

Asumir con miedo y/o inquietud la gestión del PP ante una alerta sanitaria o una emergencia de protección civil debería estar entre las consideraciones que uno se plantea cuando vota. Un gobierno, ya sea local, autonómico o central, que se escabulle cuando más se le necesita, que tiende cortinas de humo, no rinde cuentas y oculta su ineptitud con acusaciones a terceros es un peligro para la ciudadanía.