Reporteros Sin Fronteras (RSF) reveló ayer su clasificación en la que evalúa la libertad de prensa en 180 países y las conclusiones son desoladoras. La situación global nunca había sido tan grave, con un significativo retroceso de la libertad de prensa y, con ello, de la democracia misma. España no escapa a esta debacle y se sitúa en el peor puesto registrado hasta la fecha, el 32, cayendo tres puestos respecto al ranking anterior. A la cabeza, los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suecia), pero también nos aventajan nuestros vecinos portugueses (7), Jamaica (12), Namibia (18) o República Dominicana (30).

¿Qué ha sucedido para que el panorama sea tan desolador? La explicación es sencilla: RSF ya no sólo se guía por criterios de la violencia que se ejerce contra los y las periodistas o el marco jurídico de los países, ahora también incorpora otros tres indicadores que son determinantes para la calidad informativa que se destila: contexto político, contexto económico y contexto sociocultural.

Aunque se siguen sucediendo sucesos de violencia contra periodistas, con el agravante de que cuando quien agrede es la policía, ésta acostumbra a denunciar por resistencia a la autoridad y su voz prevalece en los juzgados pese a haberse producido abuso policial, lo cierto es que ese no es el mayor de los problemas al que nos enfrentamos los y las periodistas en España.

Seguimos padeciendo una Ley Mordaza para cuya derogación prometida este gobierno tan progresista no hace más que arrastrar los pies, lo mismo que para la eliminación de los delitos de expresión tan obsoletos e impropios de una democracia plena como las injurias a la Corona o a los sentimientos religiosos -que en el caso de España, prácticamente se restringe al catolicismo-.

Más allá de la evidente conclusión que expone el informe del giro mayoritario de los medios hacia lo opinativo más que a lo informativo, lo que no pasa inadvertido a la ciudadanía y por ello termina desconfiando o escogiendo bando, el informe de este año revela otra realidad que, quizás, no resulta tan evidente.

A pesar de estos palos en las ruedas para la libertad de prensa, ninguno hay tan grande como la concentración de medios y la precariedad en que vivimos los y las periodistas, habiéndose cronificado desde la crisis de 2008. El informe de RSF destaca el impacto negativo que ha tenido la propagación de los muros de pago en las ediciones digitales y la extraordinaria dificultad para crear medios independientes, para los que no existen ayudas.

Sin contrato y en régimen de autónomos -ya saben, los freelance-, los profesionales de la información están sometidos a mayores presiones, obligados en muchas ocasiones a poner en la balanza sus principios o llegar a fin de mes. El problema es que la materia con la que trabajan es la información y eso tiene un impacto directo en la ciudadanía, en la calidad democrática. El mayor problema en España para la calidad informativa ya no es tanto la seguridad o el contexto jurídico como esas presiones que dictan sobre qué informar y desde qué prisma, por no hablar de ese viraje hacia lo anecdótico, polémico y sensacionalista que atrae más visitas so pena de empobrecer la información.

RSF apunta, además, a otra de las grandes amenazas que corremos los y las periodistas en España: los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor. Hablando en plata, la extorsión judicial que ejercen los poderosos para evitar que los periodistas revelemos la realidad. Aunque RSF destaca los juicios más mediáticos, como han sido la querella que perdió Cristina Cifuentes contra Eldiario.es por el caso Máster o la demanda millonaria de Iberdrola contra El Confidencial, se ha convertido en una práctica habitual a todos los niveles.

Recientemente, mi colega Jairo Vargas salió airoso de una querella interpuesta por Hogar Social y yo mismo le gané la partida a un concejal que llegó a pedir para mí dos años de cárcel. Son prácticas que se escapan a la opinión pública, pero no les quepa ninguna duda que detrás de cada información de calado, que saca a la luz hechos que pueden poner en evidencia a poderosos, hay la superación por parte del periodista de presiones y, a menudo, sacrificando algo a cambio. Ese es el escenario en el que nos desenvolvemos y en el que se corre el riesgo de autocensurarse para evitarse malos tragos.

Cualquiera con cierta posición económica se siente legitimado para intimidar con querellas y coartar la libertad de prensa en su beneficio. Para ilustrarlo, compartiré otra de las querellas que padecí tiempo atrás, en este caso de un colegio concertado perteneciente a las Escuelas Católicas. A las amenazas que precedieron a la publicación de la información para evitar ésta le sucedieron querellas contra el profesorado citado como fuentes en el reportaje y contra mí mismo. La parte querellante llegó a ofertar al profesorado la posibilidad de exonerarles si declaraban en mi contra, algo que habría sido mentira y que afortunadamente no sucedió. Ese es el nivel y no es un caso aislado.

En este escenario de presiones y precariedad es en el que trabajamos; un panorama en el que he de decir que, al fin, detecto algo más de compañerismo, de solidaridad entre nosotros, un hecho al que doy la bienvenida acostumbrado a una profesión en la que muchos años ha primado el sálvese quien pueda. Eso, qué duda cabe, me congratula, porque o lo superamos juntos o España seguirá cayendo en picado en la clasificación de RSF y, con ello, nuestra misma calidad democrática con una sociedad desinformada y cada vez más expuesta a la manipulación de los poderosos.