Al fin la política exterior entra en juego en las negociaciones por una investidura. Sumar ha condicionado su apoyo a Pedro Sánchez a que España reconozca el Estado palestino. No es un tema menor, pues la política exterior marca en gran parte el devenir del país y, además, quita o pone decencia a un gobierno. Precisamente por ello, al reconocimiento de Palestina le debería acompañar el de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) en el Sáhara Occidental.

La decisión de Sumar de incorporar el reconocimiento de Palestina en las negociaciones para conformar gobierno es una cuestión de responsabilidad con el Derecho Internacional. 139 de los 193 países de la ONU ya lo han hecho y que España no se haya sumado a ellos es una anomalía histórica y democrática.

La postura encabezada por Yolanda Díaz pone a Pedro Sánchez frente a sus propias palabras y compromisos. Ya no es sólo que no hayan pasado ni tres días desde que el presidente del Gobierno sostuviera que el reconocimiento de Israel y Palestina es esencial para resolver el conflicto, es que en 2015 se comprometió a reconocer al Estado palestino y en 2019, incluso, se incluía en el programa electoral del PSOE.

A pesar de ello, Sánchez rechaza incluir ese reconocimiento de Palestina en su acuerdo con Sumar. La diplomacia nunca ha de obviar el Derecho Internacional, mucho menos cuando al hacerlo se entra en connivencia con el asesinato de civiles inocentes. Esta diplomacia de la que pretende hacer gala Sánchez es la que no ejerce Israel, que ha intentado socavar nuestra propia soberanía acusando a miembros del Gobierno de apoyar a Hamás cuando, en realidad, reclamaban detener el genocidio contra el pueblo palestino y juzgar a Netanyahu por los crímenes de guerra que la propia ONU ha denunciado.

El planteamiento de Díaz pone en aprietos a Sánchez, cuyo discurso cambia en función de su auditorio, sumiéndose en una inconsistencia que roza la contradicción, pero también pone en apuros a Sumar. Si reclama el reconocimiento de Palestina, ¿cómo es posible que no exija también el de la RASD en el Sáhara Occidental? Ya lo han hecho casi un centenar de países, con prácticamente la totalidad de África, siendo miembro de la Unión Africana antes incluso que Marruecos. Es el turno de España, que por primera vez en democracia cuenta con una diputada saharaui (Tesh Sidi) y eso no es casual.

Por motivos históricos y responsabilidad legal, resulta inaudito que Sumar no incorpore al Sáhara Occidental en sus demandas al PSOE. Si lo hiciera, sería un intento de enmendar el error cometido por Unidas Podemos en la anterior legislatura, cuando pese a sus encendidas críticas, encajó la traición del PSOE al pueblo saharaui cuando optó por reconocer la opción de Marruecos de autonomía del Sáhara Occidental. Entonces, Unidas Podemos debió romper la coalición para que las políticas surgidas de la misma no nacieran manchadas de sangre saharaui.

No lo hizo y fueron muchas las personas que se aferraron a un clavo ardiendo para justificar la decisión: el de no detener los avances sociales en marcha. Ahora, sin un gobierno conformado y todas las negociaciones en curso, Sumar debiera reclamar la justicia que España le debe al pueblo saharaui, más aún cuando lo ha intentado hacer con el palestino. Ambas causas, la saharaui y la palestina, tienen mucho en común, pues ambos pueblos se enfrentan a una fuerza ocupante (Marruecos e Israel, respectivamente), que viola sistemáticamente sus Derechos Humanos. Ambos gobiernos opresores han bombardeado a la población civil con fósforo blanco y han tratado de cometer un genocidio de saharauis y palestinos y palestinas.

Una de las diferencias entre la causa saharaui y la palestina es que en la primera no hay una fuerza como Hamás, a la que no le tiembla la mano para realizar ataques como los realizados hace diez días. ¿Está justificada esa acción? Por supuesto que no, pero eso no ha de nublarnos el juicio y obviar que la ocupación y la represión impune que lleva ejerciendo Israel sobre Palestina no puede tener ninguna consecuencia. La tiene, esté justificada o no, y la Comunidad Internacional ha de asumir su cuota de responsabilidad ante ello.

En la cuestión del Sáhara Occidental, los abusos y crímenes de Marruecos sobre la población civil llevan sucediéndose durante 50 años. Desde noviembre de 2020, Mohamed VI rompió los términos del alto el fuego de 1991 y estalló de nuevo la guerra, esa guerra silenciada ante la cual España y Europa miran para otro lado. ¿Han de suceder hechos como los acontecidos en Israel para que el mundo haga cumplir el Derecho Internacional en el Sáhara Occidental? ¿Ha de tocar el conflicto a las puertas de Europa para que ésta muestre un mínimo de respeto por la legalidad internacional? El pueblo saharaui es mucho mejor que eso y lleva décadas demostrándolo, pero entre seguir sacrificando a su pueblo y tomar la vía que esta Europa mezquina defiende con Israel, la del derecho a defenderse, parece evidente cuál es la mejor opción.

Si España reconociera a la RASD podría ser un detonante en la Unión Europea para desbloquear un conflicto que lleva demasiado tiempo pisoteando las resoluciones de la ONU. Sumar tiene una oportunidad de excepción de forzar tal reconocimiento. De no hacerlo, posiblemente porque en las filas de Díaz creen que con Palestina existe alguna posibilidad, pero no así con la RASD dada la servidumbre hacia Mohamed VI, volverá a incurrirse en el error de Unidas Podemos. Cada vez más imperdonable. ¿Estará la izquierda esta vez a la altura?