Transportistas con vocación de conflicto

Este lunes se inicia una nueva convocatoria de paros en el sector del transporte de mercancías por carretera. Como sucediera en la ocasión anterior, no está convocada por el órgano oficial de interlocución, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), sino por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. El reclamo esta vez es exigir un mayor número de inspectores que velen por el cumplimiento de las normativas logradas en la movilización de marzo, como no trabajar por debajo de costes, entre otras.

Es lícito manifestarse, protestar cuando se siente que los derechos laborales son vulnerados. Eso es una máxima que nadie puede poner en cuestión. En este nuevo paro, sin embargo, la Plataforma que lidera el polémico Manuel Hernández está aún más sola que en marzo, pues a la ausencia en la convocatoria del CNTC se suman también la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), que han dado de lado a la Plataforma. No parece, pues, que exista mucho respaldo del sector, que en líneas generales apuesta por otras vías alternativas de negociación con el Gobierno.

A pesar de ello, continúa siendo lícito que Hernández y los suyos continúen con el paro si consideran que no están siendo representados por ninguna de las cuatro asociaciones anteriormente mencionadas y ella es la única que tiene razón. Por poder, pueden detener su actividad incluso a pesar de que las infracciones por las que protestan y para las que piden más inspectores no cuentan con un respaldo consistente de denuncias, pese a existir la posibilidad de ponerlo en conocimiento de las autoridades de manera anónima. Dicho de otro modo, aunque un mayor número de inspectores siempre es bienvenido, más aún lo es, si se sabe de su déficit, que quienes ven sus derechos vulnerados denuncien anónimamente... pero no se hace.

De nuevo, la Plataforma está en su derecho de protestar, pese a estas extrañas circunstancias que podrían llegar a hacer pensar que, a diferencia de la marea blanca que inundó este domingo Madrid luchando por la Sanidad Pública que Miss Guadaña Ayuso quiere destruir, es un paro con claras motivaciones políticas. A lo que no tienen derecho, en cambio, es a actuar como matones de pacotilla, como buena parte de ellos hicieron en las movilizaciones de marzo. Entonces, intimidaron, agredieron e incluso incendiaron camiones de otros compañeros que no respaldaban el paro.

Aquellas agresiones no fueron más que un reflejo de su frustración por el escaso éxito de la convocatoria, por saberse ridiculizados, en gran parte, por el líder que los dirige. Eso sí que es intolerable, como lo es también que el Gobierno y la Policía Nacional y Guardia Civil no actuaran con diligencia ante los bloqueos de las principales arterias de circulación en algunas ciudades. Realizar actos de desobediencia civil es un instrumento al alcance de cualquiera, pero asumiendo sus consecuencias que, en aquel caso, no tuvieron los transportistas que bloquearon accesos a las ciudades.

En este nuevo paro, el Gobierno debería ser más contundente con quienes incumplan la ley, del mismo modo que se ha preservado el derecho a que lleven a cabo este paro patronal, que nada tiene que ver con una huelga. ¿Volverá la violencia a la carretera, desacreditando otra vez las protestas de la Plataforma? Algo me dice que sí sucederá, aunque sea puntualmente, porque hay más voluntad de conflicto que de resolución.