La contundente respuesta ciudadana a la política sanitaria de Ayuso marca el futuro pulso político en la Comunidad de Madrid

Un "fracaso" de cientos de miles de personas. Es la única reacción del PP madrileño a la multitudinaria manifestación que este domingo ha atestado el centro de Madrid en defensa de la Sanidad Pública. Las palabras provienen del diputado regional y portavoz de los conservadores, Pedro Muñoz Abrines, aunque también se han pronunciado diputados del PP nacional, como Rafael Hernando, que ha tildado de "pancarteros de siempre" a los manifestantes.

El silencio de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es llamativo, aunque su estrategia, por boca de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sigue siendo la misma que hasta ahora: vincular la protesta de profesionales y ciudadanos con la oposición política, sobre todo con Más Madrid, para maquillar el descontento social que está causando la gestión del Gobierno Ayuso de uno de los pilares del estado del bienestar y cuyas competencias son exclusivamente autonómicas.

No es la primera vez que el PP madrileño se enfrenta a la respuesta del personal sanitario y de la ciudadanía para defender el sistema sanitario público. Bien lo sabe Javier Fernández-Lasquetty, actual consejero de Hacienda de Ayuso, hombre fuerte de su Gobierno y artífice de un intento de privatización sanitaria que en 2011 lograron paralizar los tribunales y la presión en las calles. Una década después, es Lasquetty quien reparte el presupuesto de la Comunidad de Madrid, y una vez más, la Sanidad Pública sigue saliendo perjudicada, recuerda Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y una de las voces más conocidas de la antigua Marea Blanca madrileña.

Pero esta es la primera respuesta social de envergadura a la etapa de Ayuso, y la contestación ha recordado a las de aquella época de recortes sociales y al ciclo movilizador que asentó el 15M. Tras la multitudinaria manifestación, promovida por plataformas vecinales como la Red de Solidaridad Popular Latina-Carabanchel, y apoyada por la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), entre otras, Bayle se muestra "contento". Hay respuesta, hay músculo para seguir peleando y la ciudadanía ha marcado un "punto de inflexión" en un momento clave, con las elecciones regionales y municipales a escasos seis meses, advierte.

"Hay un rechazo muy masivo a las políticas sanitarias de Ayuso", apunta Marciano Sánchez Bayle

"Se ha puesto en evidencia que hay un rechazo muy masivo a las políticas sanitarias de Ayuso. La gente ha decidido, como en 2011, que hay puntos que no se pueden traspasar, decisiones a las que hay que plantar cara", resume.

Ángela Hernández, secretaria general del sindicato de médicos Amyts, también estaba satisfecha con la respuesta ciudadana ante sus denuncias. La manifestación ha sido "mucho más grande" de lo que se imaginaban, ha declarado, confiando en que Ayuso "no la puede ignorar". "Esperamos una llamada o una reunión para ver cómo podemos solucionar todo esto. Con una lógica en la sanidad madrileña y empezar desde los cimientos", ha puntualizado. Coinciden los demás sindicatos, desde UGT a CCOO, pasando por el de enfermería, Satse, o CSIT-Unión Profesional.

La clave ahora está ahora en cómo seguir canalizando esta presión ciudadana que, según Bayle y otras plataformas vecinales convocantes de la protesta, ha prendido por la última de las decisiones políticas. La chispa ha sido la reapertura bajo mínimos de las urgencias extrahospitalarias, que han estado cerradas desde la pandemia y que se han puesto en marcha con centros de atención sin un solo médico en muchos casos, con repentinos cambios de centro de trabajo de profesionales sanitarios y modificaciones de horario comunicadas la madrugada previa.

La atención facultativa por videoconferencia, ante la ausencia de un médico en un punto de urgencias, ha sido la guinda a semanas de tensiones entre sindicatos profesionales y Gobierno. No han faltado incluso dimisiones y ceses entre gerentes y puestos técnicos de la Consejería de Sanidad ante el despropósito organizativo, unido a una huelga de profesionales capeada a trompicones que no ha resuelto el malestar.

Eso sin contar el esfuerzo titánico de los sanitarios durante más de dos años de pandemia y el despido de tantos profesionales de refuerzo que ahora podrían amortiguar la falta de médicos en los nuevos centros de urgencias. Es obvio que hay mar de fondo por mucho que Ayuso incida en el oportunismo político de la izquierda.

Gestionar el éxito

"Es obligatorio saber gestionar el éxito de esta manifestación, y eso pasa por seguir manteniendo la movilización social y sanitaria. Bien hasta las elecciones o hasta que el Gobierno cambie su modelo sanitario, empezando por la retirada del plan de las urgencias", opina el portavoz de la FADSP.

¿Otra Marea Blanca semanal, como la que respondió al intento privatizador de Lasquetty en 2012? Está por ver, pero tanto la ciudadanía como los sindicatos profesionales y de clase, con el apoyo de la izquierda política, han comprobado este domingo que el impulso de la movilización no había desaparecido, a pesar de la relativa tranquilidad que ha reinado en estos años de incertidumbre y crisis económica.

Las reuniones entre tejido social y organizaciones profesionales ya comienzan a dibujarse en los próximos días, aún sin un horizonte claro más allá de mantener el pulso, aseguran fuentes de las plataformas convocantes de esta protesta. "Claro que es político. La sanidad es política, se gestiona con decisiones políticas de políticos electos. Y la política no la hacen solo los políticos, que es lo que quiere Ayuso", apunta Bayle.

Lo cierto es que la Sanidad Pública, como bien insiste Ayuso, tiene un problema a nivel nacional, pero la gestión madrileña sigue destacando. A pesar de ser la comunidad con más ingresos, es la que menos presupuesto destina por paciente cada año, y es la comunidad que menos invierte en sanidad en general. Y hace tiempo que el deterioro de la base, la atención primaria, se está notando demasiado. A las listas de espera de hasta un año para atención con médicos especialistas se suma la demora de hasta dos o tres semanas en muchos centros de salud para conseguir cita con el médico de cabecera. Se añade la falta de médicos en centros de salud, las bajas sin cubrir, las criticadas condiciones laborales de los profesionales sanitarios y, sobre todo, la memoria de pacientes y de trabajadores, que siempre han peleado contra el desmantelamiento de la sanidad pública en esta comunidad.

Ahora se enfrentan a la criminalización del Gobierno, que les acusa de ser un instrumento político en manos de una oposición liderada, precisamente, por una médica, Mónica García (Más Madrid), que ha hecho de la sanidad su principal bandera.

"Hemos pasado de ser Premio Princesa de Asturias y aplaudidos en los balcones a ser unos vagos y unas personas que, básicamente, somos impresentables", aseguraba este domingo en declaraciones a Efe María Teresa Hernández, médico de familia desde hace más de 35 años en el distrito madrileño de Hortaleza. En su consulta, dice, atiende a pacientes "con dos horas de retraso".

Da igual a quién haya votado Hernández. Los profesionales entrevistados en la calle este domingo han sido claros al señalar que esto no va de colores políticos, sino de derechos sociales y laborales. Y los médicos, recuerdan muchas voces, no han sido históricamente un colectivo que se identifique con la izquierda política. Sus quejas no son nuevas, aunque sí se han intensificado tras la pandemia, coincidiendo con la llegada de Ayuso y su equipo de gobierno. No creen que sea solo una casualidad.

"Algo aprendieron en el PP de Madrid tras la Marea Blanca. Hacer una apuesta privatizadora de golpe tenía un rechazo generalizado. Ahora parece que optan por la vía del goteo, con actuaciones que van poco a poco deteriorando el funcionamiento sanitario y aumentando la derivación de presupuesto público a la sanidad privada, que ha sido algo habitual y que ha repuntado levemente durante la pandemia", indica Bayle. La estrategia, dice, siempre ha sido la misma: "Deteriorar lo público para facilitar la privatización y hacer negocio entre sus conocidos y familiares", expone.

Mientras los sindicatos profesionales esperan una reunión seria y conciliadora, los colectivos sociales temen otra decisión sin consenso o, simplemente, la desidia y la huida hacia adelante. Enfrente, además, tendrá a una oposición que no va a dejar que decaiga un asunto vital, con gran percepción entre la ciudadanía, cuando se avecina el debate de unos presupuestos regionales que Ayuso puede sacar adelante sin dificultades gracias a su arrolladora mayoría parlamentaria.